La «otra cara» del Presupuesto: Atención a la violencia doméstica, tierras para vivienda y apoyo a la discapacidad
Si el análisis de los grandes números dejó en claro que la Intendencia de Salto apostará fuerte a la maquinaria y al hormigón, una lectura fina del articulado permitió descubrir la compleja trama social que el equipo de gobierno imprimió al proyecto. El Presupuesto Quinquenal 2026-2030 no se limita a planillas de cálculo; diseña una estructura legal para intentar sanar viejas heridas políticas de la gestión Lima.
Detrás de cada artículo social, se esconde una historia de reclamos, cierres y polémicas que este presupuesto intentará —o no— resolver definitivamente.
La vuelta atrás: Un refugio para ellas
Quizás la autocrítica más implícita, pero contundente, se encuentra en el Artículo 69. El gobierno departamental ordena la creación del proyecto «Casa de Breve Estadía para Mujeres — con o sin hijos — en situación de violencia doméstica».
Para el lector atento, esto no es un anuncio más. Es el reconocimiento de un vacío doloroso. Cabe recordar que, durante la administración anterior, la decisión de cerrar el refugio de violencia doméstica (que funcionaba en convenio) desató una tormenta política. En aquel entonces, la oposición y colectivos sociales criticaron duramente al intendente Andrés Lima, acusando a la comuna de dejar desamparadas a las víctimas en medio de una crisis de seguridad. Se argumentaron problemas de gestión y competencias, pero la realidad en la calle fue que las mujeres perdieron un lugar seguro.
Ahora, el texto presupuestal fue tajante respecto a la finalidad de este nuevo espacio: generar respuestas alternativas para las víctimas. No se tratará solo de un techo de emergencia, sino de un centro integral para el abordaje de crisis, la contención y la rehabilitación. Con esto, la Intendencia parece querer cerrar ese capítulo oscuro, asumiendo nuevamente un rol protagónico que nunca debió abandonar.
Zona Azul: ¿El fin de la ayuda a las Ollas?
Donde el presupuesto promete encender la mecha de la discordia es en el destino de lo recaudado por el estacionamiento tarifado. Durante los años más duros de la crisis pospandemia, la «Zona Azul» se convirtió en el pulmón financiero del Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto. Miles de platos de comida se sirvieron gracias a que la Junta Departamental votó, año tras año, que ese dinero fuera directo a las cacerolas de los barrios.
Sin embargo, el nuevo Artículo 68 cambia las reglas del juego. El texto crea el Fondo de Emergencia Departamental, financiado con una proporción del remanente de la Zona Azul. Pero el destino ya no será la alimentación diaria, sino asistir a familias afectadas por inclemencias climáticas, incendios u otros siniestros.
Si bien nadie puede negar la necesidad de tener recursos ante las inundaciones que azotan a la ciudad, la pregunta queda flotando: ¿Qué pasará con los merenderos? El Colectivo de Ollas ha denunciado sistemáticamente la falta de apoyo estatal suficiente y la «inseguridad alimentaria» que persiste en cinturones de pobreza. Al redirigir estos fondos a emergencias climáticas, el Ejecutivo parece dar por terminada la etapa de emergencia alimentaria.
El Artículo 65 institucionaliza la creación del «Plan de Alimentación». A diferencia de las ayudas puntuales o convenios precarios, este plan funcionará de forma permanente y anual, aunque con un especial énfasis durante los meses de invierno. El texto detalla que la asistencia será «en especie», ya sea mediante víveres secos o alimentos elaborados, servidos a través de comedores oficiales.
Descentralizar la cuchara
La novedad operativa radica en el despliegue territorial. El Artículo 66 autoriza la creación inmediata de hasta cuatro puntos de servicio descentralizados para brindar esta alimentación. Pero el Ejecutivo se guardó una carta en la manga: si la crisis aprieta y la demanda lo justifica, la Intendencia podrá habilitar otros cuatro puntos adicionales, llegando a un total de ocho bocas de expendio gestionadas por la comuna.
Al crear una red propia de comedores y puntos de entrega (bajo la órbita de la nueva Administración de Hogares y Comedores que figura en el organigrama de Desarrollo Social), el gobierno de Albisu busca centralizar la gestión bajo el paraguas técnico del Artículo 67, que obliga a que cada plato de comida vaya acompañado de un seguimiento y asistencia social a los beneficiarios.
Vivienda: La deuda eterna y los terrenos
Otro frente abierto ha sido la política habitacional. La gestión de Lima arrastró denuncias y críticas feroces respecto a la regularización de asentamientos y la entrega de terrenos. Desde la oposición se habló de «clientelismo» y de promesas incumplidas en barrios como el Barrio Artigas o en los nuevos asentamientos que proliferaron sin servicios básicos.
El Presupuesto 2026-2030 intenta dar vuelta a la página con mecanismos técnicos. Los Artículos 62 y 63 reactivan con fuerza la Cartera de Tierras. Se habilitan herramientas ágiles para que la Intendencia pueda expropiar o comprar predios, e incluso aceptar dinero de privados como contraprestación para nutrir un fondo exclusivo de compra de suelo.
El objetivo parece ser el de ordenar el caos. Dejar de entregar terrenos «a la palabra» y pasar a un sistema escriturado y formal. Además, el Artículo 41 establece una exoneración de la Contribución Inmobiliaria por hasta cinco años para los adjudicatarios de Viviendas de Interés Social. Este beneficio, pensado para la única propiedad familiar, busca aliviar el bolsillo del trabajador que logra acceder a su techo, intentando recomponer la confianza perdida tras años de litigios y demoras en los programas de realojo (PMB).
Inclusión puertas adentro
Donde hay menos margen para la polémica y más para el consenso es en la mirada hacia el funcionariado. El Artículo 35 crea la partida AYEX (Apoyo Extraordinario), destinada a funcionarios municipales que tienen hijos con discapacidad a cargo.
Se fija una suma de $ 3.000 mensuales (ajustables por IPC). Si bien la cifra podría parecer modesta, el reconocimiento institucional del costo de vida extra que afrontan estas familias marca un precedente de empatía laboral. El objetivo declarado fue claro: mejorar su calidad de vida y apoyar la inclusión social.
La estructura del bienestar
Finalmente, el organigrama (Artículo 8) consolida al Departamento General de Desarrollo Social como el brazo ejecutor de estas nuevas (y viejas) políticas. Con unidades específicas para Juventud y Deportes, y una Unidad de Gestión de Programas Sociales, esta área administrará un presupuesto de funcionamiento superior a los 280 millones de pesos.
El gobierno de Salto puso las cartas sobre la mesa. Con la reapertura del refugio, intenta curar una herida autoinfligida; con la tierra, busca ordenar el crecimiento de la ciudad; pero con la Zona Azul, toma una decisión que dividirá las opiniones y que, seguramente, traerá cola. Los ediles tienen ahora la palabra: aprobar el libro cerrado o dar discusión para que la comida de los merenderos no pierda su financiación.
