El debate que vuelve a encenderse
La discusión sobre el costo de las multas de tránsito ha regresado al centro de la escena política nacional. En este 2026, la presión ciudadana por el valor de los tributos vinculados al automóvil parece haber calado hondo. Tres diputados de la oposición, Conrado Rodríguez, Sebastián Andújar y Álvaro Perrone, presentarán un proyecto de ley la próxima semana. Esta iniciativa busca una reducción significativa en los montos de las sanciones más frecuentes.
El escenario actual parece ser el adecuado para que la propuesta prospere. Los legisladores perciben un cambio en el humor social. Además, encuentran una sintonía inédita con el Congreso de Intendentes. Varios jefes comunales nacionalistas ya se mostraron a favor de revisar los valores actuales. Entienden que la finalidad debe ser preventiva y no meramente recaudatoria.
La postura de Unasev y la libreta por puntos
Un actor fundamental en este tablero es Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). El jerarca se mostró abierto a dar un debate serio sobre lo que pagan los uruguayos por infringir las normas. Sin embargo, su postura tiene un matiz importante. Metediera propone vincular el costo de las multas al desempeño de cada conductor.
La clave de esta propuesta radica en la implementación de la libreta por puntos. Este sistema, previsto para este primer semestre, otorgará 12 puntos iniciales a los conductores vigentes. Para el titular de la Unasev, los beneficios económicos deberían ser para quienes mantengan su puntaje intacto. Es una forma de premiar al buen conductor y fomentar conductas seguras en el tránsito.
Es necesario recordar que la situación de la seguridad vial sigue siendo crítica. Durante el 2025, se registraron 470 fallecidos en accidentes en todo el país. Por este motivo, cualquier rebaja en las sanciones debe analizarse con cautela. No se busca desproteger la vida, sino lograr que el castigo sea justo y proporcional a la falta cometida.
Salto: el departamento de los radares en tramos cortos
Si bajamos a la realidad de nuestro departamento, la situación de los radares genera un malestar evidente. Salto ostenta un récord poco envidiable en las rutas nacionales. En un tramo de apenas 10 kilómetros, los conductores se enfrentan a tres dispositivos de control fijos. Están ubicados en la cabecera del puente Daymán, frente a la Escuela 34 y entre la rotonda de Cuatro Bocas y Nicolás Solari.
Todos estos dispositivos tienen un límite máximo de 60 kilómetros por hora. El problema principal surge porque es una zona de traslados cortos y constantes. Muchos salteños realizan el trayecto entre la ciudad y las Termas del Daymán varias veces al día. En esos 8 kilómetros, un pequeño descuido se traduce en una multa cara. Es un «cuello de botella» que castiga al trabajador y al turista por igual.
El vacío de control hacia el norte
Lo curioso de la planificación actual es el contraste geográfico. Mientras que el acceso sur de Salto está saturado de cámaras, hacia el norte la vigilancia desaparece. Por la Ruta 3 no existe ni un solo radar hasta llegar a la ciudad de Bella Unión. La situación es idéntica en la Ruta 31, donde la ausencia de controles tecnológicos es total.
Recién al ingresar a la ciudad de Artigas, por la Ruta 4, vuelve a aparecer un dispositivo de este tipo. Esta distribución genera suspicacias entre los usuarios. Muchos se preguntan si el objetivo es realmente la seguridad vial. Si así fuera, los controles deberían estar repartidos de forma más equilibrada en los puntos de mayor siniestralidad de todas las rutas.
Reductores de velocidad: una solución que rompe calles
Dentro de la planta urbana de Salto, el debate pasa por los polémicos reductores de velocidad. La Intendencia los instaló masivamente para frenar las peligrosas «picadas» de motos y autos. Sin embargo, el resultado ha sido muy distinto al esperado. Quienes circulan de forma irregular suelen esquivarlos o pasarlos sin reducir la marcha, mientras que el vecino que cumple las normas sufre las consecuencias.
Estos obstáculos físicos han provocado un desgaste prematuro del pavimento. La base de las calles sufre por el frenado y arranque constante de vehículos pesados. Ómnibus y camiones impactan con fuerza sobre el asfalto al retomar la marcha. El resultado son deformaciones y pozos que la comuna no logra reparar a tiempo. Son millones de pesos invertidos para que las avenidas y calles presenten deterioros en poco tiempo.
Radares urbanos: la obsolescencia y la falta de aval
La historia de los radares en la ciudad de Salto ha estado marcada por la desprolijidad técnica. Los dispositivos instalados en puntos como Avenida Harriague o Batlle Berres quedaron fuera de servicio hace tiempo. Diario El Pueblo pudo saber que la empresa proveedora se retiró del país, dejando los equipos abandonados y sin mantenimiento. Esto los volvió obsoletos de forma inmediata.
Pero el problema de fondo era legal y administrativo. Ni el software ni los dispositivos contaban con la homologación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Al carecer de esta certificación oficial, los registros de velocidad no tenían validez legal para aplicar sanciones. Básicamente, eran dispositivos que no podían multar porque no ofrecían garantías de precisión técnica.
El nuevo plan de Movilidad Urbana
Ante este panorama, la actual administración departamental trabaja en un cambio de estrategia. Se está desarrollando un nuevo programa para la ciudad que incluye la instalación de radares modernos. A diferencia de los anteriores, estos equipos estarán homologados por el LATU, garantizando que cada registro cumpla con los estándares de calidad necesarios para ser administrativo.
Para avanzar en este proyecto, el área de Movilidad Urbana cuenta con el asesoramiento de una empresa nacional. Esta firma no solo provee los dispositivos, sino que asegura el respaldo técnico necesario. El objetivo es que la tecnología sea una herramienta de control real y no un simple decorado, buscando que la seguridad vial en la ciudad deje de depender de los ineficientes reductores de velocidad.
Los detalles del proyecto que se viene
El proyecto de los diputados busca poner orden en este caos de precios. Una de las propuestas centrales es reducir a la mitad la multa por exceso de velocidad leve. Pasarse hasta 20 kilómetros por hora del límite hoy cuesta unas 5 UR, lo que equivale a $ 9.195. La idea es que este monto baje sustancialmente para no asfixiar al contribuyente.
Sin embargo, hay faltas que no tendrán perdón. Las multas por consumo de alcohol, drogas o conducir al doble de la velocidad permitida mantendrán su valor. Estas infracciones graves seguirán costando 15 UR, unos $ 27.585. Se busca diferenciar claramente entre un error de cálculo en la velocidad y una conducta criminal al volante que pone en riesgo la vida de terceros.
