El diputado nacionalista Pedro Jisdonian desarchivó y volvió a presentar un proyecto de ley que busca penalizar con mayor severidad los actos de crueldad hacia animales, ante lo que considera una “demanda unánime de la sociedad” y una laguna jurídica que impide que se haga justicia ante episodios de violencia que generan indignación colectiva.
La iniciativa, que cuenta con respaldo de organizaciones animalistas y diversos sectores de la sociedad, propone penas efectivas, incluso de penitenciaría, para casos particularmente graves.
El texto del proyecto apunta a cubrir una falencia que existe a pesar de la vigencia de la Ley N.º 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, que reconoce el derecho a la vida, la integridad física y el buen trato como cualidades esenciales de los animales. Según explicó Jisdonian en entrevista con El Pueblo, “de poco sirve proclamar derechos si el sistema no ofrece herramientas legales concretas para castigar a quienes los vulneran”.
La propuesta tipifica claramente lo que se considera actos de crueldad, como causar lesiones intencionales, practicar torturas o intervenciones quirúrgicas sin anestesia y, también, introduce agravantes que implican cumplimiento en régimen de penitenciaría, descartando la posibilidad de acceder a la libertad a prueba.
Entre los agravantes se contemplan actos de extrema violencia —como matar o mutilar a un animal con ferocidad—, cometer el hecho para intimidar a otra persona (como sucede en casos de violencia doméstica) y la filmación o difusión del acto como forma de humillación o exhibicionismo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es su enfoque preventivo. Según explicó Jisdonian, numerosos estudios demuestran que quienes ejercen violencia contra animales tienen alta probabilidad de replicar esa conducta en personas. “Estamos ante individuos con una clara tendencia a la agresividad”, advirtió el legislador.
El diputado recordó que la iniciativa ya había sido presentada en la legislatura pasada, pero no prosperó. En aquella oportunidad, enfrentó resistencia por parte de algunos legisladores, entre ellos uno que se oponía a aumentar la población carcelaria. “Fue imposible hacerlo entrar en razón. Esta vez, en cambio, hay una sensibilidad distinta y consenso transversal”, afirmó Jisdonian.
El proyecto también define con precisión el tipo de animales protegidos por la nueva normativa, incluyendo tanto a los de compañía como a los de trabajo y a aquellos en situación de calle o sin tutor humano directo. La elección no es casual, “los animales callejeros son muchas veces los más vulnerables al maltrato y necesitan una mayor protección legal”, explicó.
El espíritu de la iniciativa es claro: dar un mensaje contundente de que el maltrato animal no es tolerado y debe ser penalizado de manera efectiva.
Para Jisdonian, el hecho de que las penas actuales sean excarcelables en la mayoría de los casos genera una sensación de impunidad que desalienta las denuncias y alimenta la reiteración de estas conductas.
El objetivo es terminar con la idea de que no pasa nada cuando se comete un acto aberrante contra un animal. Se trata de justicia para ellos, pero también de una señal ética como sociedad. A su juicio, el respaldo social y político que ha recibido el proyecto muestra que la sensibilidad por el bienestar animal es un valor colectivo que debe reflejarse en el ordenamiento jurídico.
El Parlamento tiene ahora la tarea de transformar esa sensibilidad en ley. El proyecto fue ingresado para tratamiento en la Comisión de Bienestar Animal de Diputados y deberá ir luego al Plenario para su discusión. Jisdonian confía en que esta vez el proyecto será aprobado. De ser así, Uruguay dará un paso firme en la protección animal y en la construcción de una sociedad más empática y civilizada.
