Prórroga en la zona de exclusión: la Junta de Salto extiende la normativa hasta enero de 2026

La medida busca brindar certeza jurídica ante la apertura de la Central Hortícola y garantizar un orden en la comercialización mayorista de frutas, verduras, flores y miel.

La Junta Departamental de Salto aprobó este jueves la prórroga de la entrada en vigencia del Decreto Nº 7.572/2023, que establece una zona de exclusión para la comercialización al por mayor de frutas, verduras, flores y miel. Con esta resolución, la normativa, que originalmente tenía como fecha de vigencia el 1º de julio de 2025 tras una primera prórroga, se extenderá hasta el 1º de enero de 2026.

El decreto, surgido del expediente Nº 31.658/2023 y enviado por la Intendencia de Salto, responde a la necesidad de ordenar la comercialización mayorista y de garantizar un marco legal claro para todos los actores involucrados. El objetivo principal es coordinar la transición hacia la apertura de la Central Hortícola de Salto, infraestructura clave para los productores locales y el desarrollo del mercado mayorista de la región.

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Según se detalla en la resolución, la primera disposición que generó la zona de exclusión se adoptó a fines de 2023, a través del Decreto 7.572/2023. Posteriormente, el 7 de mayo de 2024, la entrada en vigor se había prorrogado hasta el 1º de julio de 2025 mediante el Decreto 7.597/2024. La nueva extensión hasta enero de 2026 atiende a un contexto particular: el inicio de un nuevo gobierno departamental, que ahora tendrá la responsabilidad de regular esta situación y de coordinar el funcionamiento de la Central Hortícola, aportando certeza jurídica a todos los sectores involucrados.

“No está abierta la Central. No les queda otra que tirar la disposición para adelante. Y marcan el 1 de enero como fecha tope.”

Emilio Gancedo

El tema ha generado expectativa y atención entre los productores locales, especialmente en el contexto de fricciones históricas por la importación de productos, como lo explicó Emilio Gancedo, referente del sector agrícola. “Atienden a un vacío legal desde el 30 de junio. No está abierta la Central. No les queda otra que tirar la disposición para adelante. Y marcan el 1 de enero como fecha tope”, señaló.

Gancedo agregó que la medida no solo responde a formalidades legales, sino que también marca un camino para la coordinación entre los actores del sector. “Con el cambio de interlocutores en la Intendencia, las fricciones no eran tales. Se siguen adelante con la planificación. El 28 de agosto habrá una tenida colectiva en la Intendencia, donde estarán todos los involucrados: los tres grupos de productores, los delegados de la Intendencia y representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Allí se reafirmará el cronograma de trabajo establecido”, explicó.

El dirigente indicó que las negociaciones locales para la apertura de la Central Hortícola “vienen muy dinámicas y fluidas”, luego de recorridas recientes por los galpones del Regional. Asimismo, señaló que los citricultores y cebolleros se han movilizado para garantizar que sus intereses sean representados y que la apertura de la Central respete los compromisos y cronogramas previamente acordados. En ese sentido, los citricultores esperan una audiencia en la Comisión de Ganadería el primer martes de septiembre, mientras que los cebolleros avanzan con negociaciones sectoriales para equilibrar la competencia frente a las importaciones que afectan al mercado local.

La prórroga también tiene como propósito brindar certeza jurídica a los productores y comerciantes mayoristas, asegurando que la transición hacia la operativa de la Central Hortícola sea ordenada. En este sentido, la Junta Departamental actúa no solo como un organismo legislativo, sino también como mediador y garante de que los procesos se desarrollen dentro de un marco legal y coordinado, evitando posibles conflictos y asegurando la sostenibilidad del mercado mayorista en Salto.

La medida ha sido interpretada por distintos actores como un avance en la organización del sector hortícola y como un paso necesario para el desarrollo del comercio local, ya que establece un marco temporal concreto para la entrada en vigencia de la normativa y permite que los actores del sector ajusten sus operaciones, evitando incertidumbre y posibles conflictos por incumplimiento de disposiciones legales.