Australia ya prohibió redes sociales a menores de 16 años y Europa prepara medidas similares. ¿Protección real o solución simbólica al problema digital?
La mayoría de edad digital: entre la urgencia política y la solución real
Australia ha cruzado una línea que durante años parecía impensable. Al convertirse en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, ha inaugurado una nueva etapa en la regulación digital global. Desde finales de 2025, plataformas como TikTok, Instagram, X, Snapchat o YouTube estarán obligadas a verificar la edad de sus usuarios, bajo la amenaza de multas millonarias. No hay excepciones por consentimiento paterno: la responsabilidad recae, de forma inédita, en las propias empresas tecnológicas.
Europa observa y, cada vez más, imita. Francia, España, Dinamarca, Italia, Portugal o Grecia avanzan —a distinto ritmo— hacia restricciones similares. La Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, ya habla abiertamente de una “mayoría de edad digital”. El argumento es contundente: horas interminables de scroll infinito, contenidos nocivos y algoritmos diseñados para enganchar están afectando al desarrollo cognitivo y a la salud mental de niños y adolescentes.
La preocupación es legítima. La evidencia científica muestra correlaciones claras entre el uso intensivo de redes sociales y el aumento de ansiedad, depresión y problemas de autoestima, especialmente entre los más jóvenes. Ante la lentitud de las grandes plataformas para autorregularse y la limitada eficacia de la Ley de Servicios Digitales (DSA), los gobiernos sienten que deben actuar ya. Y cuando la presión social es alta, la prohibición aparece como la respuesta más visible y políticamente rentable.
Sin embargo, la pregunta incómoda sigue ahí: ¿funcionará?
La experiencia australiana aún no ofrece resultados concluyentes, y en Europa abundan las dudas sobre la implementación real de estas medidas. La verificación de edad —ya sea mediante documentos digitales o sistemas biométricos— abre un nuevo frente: el de la privacidad. ¿Quién garantiza que esos datos no serán mal utilizados? ¿Es razonable exigir más información personal para “proteger” a quienes precisamente se quiere salvaguardar?
Además, como advierten activistas y expertos en derechos digitales, la prohibición no ataca el problema de fondo. Las redes sociales no son dañinas solo para los menores: sus diseños adictivos, la reproducción automática y los algoritmos de amplificación afectan a usuarios de todas las edades. La adicción no desaparece mágicamente al cumplir 16 años. En ese sentido, el riesgo es que estas leyes se conviertan en gestos simbólicos que alivian la presión política, pero dejan intactos los modelos de negocio que generan el daño.
Europa se encuentra, así, ante una encrucijada. Puede optar por prohibir, parcheando los efectos más visibles del problema, o puede ir más allá y ejercer su verdadero poder: obligar a las plataformas a cambiar estructuralmente cómo funcionan. Transparencia algorítmica, límites reales al diseño adictivo y el impulso de alternativas digitales europeas alineadas con valores democráticos podrían ser caminos más complejos, pero también más eficaces.
Proteger a los menores en el entorno digital es una obligación incuestionable. La duda es si levantar muros de edad es suficiente o si, en realidad, estamos llegando tarde a una batalla que exige algo más que prohibiciones: exige rediseñar el ecosistema digital desde la raíz.
