La Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta de Salto analizó este miércoles las respuestas del Ejecutivo a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Tras un trabajo intenso, el documento ya regresó al legislativo con los ajustes solicitados. El doctor Cristian Suárez, presidente de dicha comisión, aportó tranquilidad sobre el tenor de los cambios realizados. Este viernes 24 de abril habrá una sesión extraordinaria clave para votar los cambios realizados. La decisión fue tomada por unanimidad entre los miembros presentes de la comisión.
Correcciones de forma para un documento vigente
El Tribunal de Cuentas de la República emitió un total de once observaciones al presupuesto salteño. Aunque el número pueda parecer elevado, Suárez explicó que son meros aspectos formales o de redacción. El organismo de contralor confirmó que el presupuesto cumple con las normas constitucionales y legales vigentes. No se trata de fallas de fondo que alteren la gestión prevista por la Intendencia.
El edil destacó que estas correcciones no afectan el funcionamiento de las obras ni los servicios sociales. Se trata de dar mayor claridad al articulado para evitar interpretaciones erróneas en el futuro. La intención es que Salto cuente con su nueva hoja de ruta administrativa de forma urgente. El trabajo en la comisión permitió alcanzar un consenso rápido para tramitar estos ajustes técnicos.
Transparencia en las compensaciones y fondos de emergencia
Uno de los puntos señalados por el Tribunal tenía que ver con las compensaciones a los funcionarios. El Ejecutivo pretendía reglamentar estos beneficios a futuro, pero el órgano de control exigió definiciones inmediatas. Por este motivo, se incorporó un articulado mucho más amplio y detallado sobre cómo se aplicarán estos pagos. Esto brinda una mayor seguridad jurídica tanto para la administración como para los propios trabajadores municipales.
Asimismo, hubo ajustes en la gestión de los fondos de emergencia derivados de la «Zona Azul». El Tribunal solicitó especificar el monto y el destino de estos recursos solidarios. La Intendencia aclaró que el dinero se dirigirá específicamente a familias en situación de vulnerabilidad. Estas modificaciones buscan que cada peso recaudado tenga un seguimiento transparente y una finalidad social bien definida.
La polémica por los excedentes y el déficit departamental
Un cambio sustancial se dio en el manejo de los remanentes financieros de la comuna. Originalmente, el presupuesto destinaba cualquier sobrante directamente a obras públicas en el departamento. Sin embargo, la normativa nacional exige que esos fondos se utilicen primero para amortizar el déficit existente. Por mandato del Tribunal de Cuentas, el artículo fue modificado para priorizar el equilibrio de las cuentas públicas.
Suárez fue honesto al reconocer que, dada la situación financiera actual, es difícil que sobren recursos. El déficit absorbe cualquier excedente antes de que pueda ser derivado a nuevos proyectos de infraestructura. Esta derogación se hizo para cumplir estrictamente con los criterios de responsabilidad fiscal exigidos a nivel país.
El conflicto con ADEOMS y la negociación colectiva
El punto más álgido de la discusión sigue siendo la derogación del antiguo artículo 38. Este artículo otorgaba a los convenios colectivos entre el gremio y la Intendencia el rango de ley departamental. Según Suárez, esta disposición era inconstitucional porque alteraba la jerarquía de las normas en nuestro derecho. La coalición de ediles tomó la iniciativa de eliminarlo para corregir una irregularidad jurídica histórica.
Desde el oficialismo aseguran que esta medida no elimina el derecho a la negociación colectiva. Suárez subrayó que este derecho está garantizado por la Constitución y por convenios internacionales de la OIT. La derogación solo busca devolver a los acuerdos privados su lugar correspondiente en la pirámide legal. El edil lamentó que el sindicato no presentara un documento formal con propuestas alternativas de modificación.
Nuevos espacios de participación y contralor
A pesar de la tensión con el gremio, el nuevo presupuesto crea una Comisión Asesora innovadora. En este espacio participarán delegados de la Junta Departamental, de la Intendencia y del propio sindicato ADEOMS. Allí se discutirán temas sensibles como los ascensos, los grados y las reestructuras escalafonarias de los empleados. Es una herramienta que busca democratizar las decisiones que afectan el día a día del funcionariado municipal.
El objetivo es lograr consensos razonables a través del control mutuo entre los diferentes actores departamentales. Suárez destacó que esta participación tiene voto dentro de la comisión, lo que le da un peso real. Con esta estructura, se pretende bajar los niveles de conflictividad y profesionalizar la carrera funcionarial en Salto. Es un avance que el edil considera fundamental para la modernización de la gestión pública local.
Hacia la aprobación final en el plenario
El proceso entra ahora en su etapa de definición parlamentaria tras el estudio en comisión. Se espera que en los próximos días se convoque a una sesión extraordinaria para votar el documento definitivo. Una vez aprobado por el plenario, el presupuesto entrará en vigencia tras su publicación oficial. Salto podrá entonces comenzar a ejecutar las partidas previstas para obras, servicios, administración central, entre otros alcances previstos por el Presupuesto.
El doctor Suárez insistió en que el trabajo realizado fue serio y responsable con la ciudadanía. A pesar de la falta de acompañamiento de la mayoría del Frente Amplio, el presupuesto saldrá adelante.
