El pasado jueves 8 de enero, la atención política del departamento se centró en la sala Manuel Oribe de la Junta de Salto. Hasta allí llegaron la secretaria general (i), escribana Myrna Haller, y el director de Hacienda, economista Nicolás Irigoyen, para cumplir con el mandato constitucional. El Presupuesto Quinquenal 2026-2030, la «ley de leyes» que regirá el funcionamiento de la comuna durante los próximos cinco años, ingresó formalmente para su estudio.
El documento, una carpeta voluminosa repleta de anexos y proyecciones financieras, estableció un monto total de recursos de $ 24.325.589.332 para todo el período. La cifra, impactante por su magnitud, no solo contempla los gastos de funcionamiento tradicionales, sino que traza una línea clara sobre la estrategia política del intendente: volcar la balanza hacia la ejecución.
El diseño de las cuentas públicas busca romper con la inercia de administraciones pasadas. El objetivo central parece ser el de mostrar una Intendencia «en la calle», minimizando el peso burocrático en los papeles y maximizando los rubros de salida directa a la comunidad.
La ingeniería financiera: Inversión vs. Gasto
Al analizar los números finos del articulado, surge el dato más revelador de la gestión que comienza. El artículo 2 del decreto presupuestal divide la torta de una forma poco habitual. Mientras que las retribuciones de servicios personales y gastos de funcionamiento tradicionales se llevan unos $ 9.100 millones combinados, el rubro de Inversiones y Adquisiciones trepa a la suma de $ 12.527.376.189.
Esta asignación, que supera el 51% del presupuesto total, responde a un criterio de clasificación presupuestal por finalidad de gasto. El gobierno departamental imputa dentro de «Inversiones» no solo la compra de materiales o maquinaria, sino también las retribuciones de servicios personales vinculadas a esas tareas.
En la práctica, esto significa que el sueldo del funcionario que maneja la motoniveladora, o de la cuadrilla que bachea una avenida, se contabiliza como inversión y no como gasto estructural. En el documento se desprende que este criterio es una forma de sincerar el gasto: cada peso que se paga a un obrero en la calle es un peso invertido en la mejora de la ciudad. Sin embargo, la oposición seguramente pondrá la lupa en este punto para determinar cuánto de esos 12 mil millones terminará efectivamente en materiales y obras y cuánto se diluirá en la masa salarial operativa.
El misterio de los 60 millones y la deuda
Uno de los temas que genera mayor expectativa en la opinión pública salteña es el destino de la línea de crédito millonaria gestionada recientemente. Si bien el ciudadano de a pie espera ver un ítem explícito de «60 millones de dólares», el presupuesto habilita instrumentos jurídicos y financieros, pero toda operación requiere aprobación posterior.
El documento incluye una partida específica bajo el rótulo «Financiamiento déficit y deuda» por un total de $ 1.807.363.992 para el quinquenio. Al tipo de cambio actual, esta cifra ronda los 45 millones de dólares, sugiriendo que gran parte del endeudamiento estructural y los pasivos heredados se atacarán con esta bolsa.
Para blindar la llegada de dinero fresco, el Artículo 6 resulta clave. El texto introduce la figura del Fideicomiso público y/o privado como herramienta de gestión permanente. Esta cláusula funciona como la llave maestra que permitirá al Ejecutivo estructurar la línea de crédito ya aprobada (o futuras) sin necesidad de armar un expediente nuevo cada vez, aunque siempre bajo la mirada atenta del Legislativo, ya que el artículo aclara taxativamente que se deberá requerir en todos los casos la autorización de la Junta Departamental.
Además, se lista un fondo específico denominado «Fideicomiso 2026» por $ 238.233.000, asegurando liquidez inmediata para el primer año de obras, vital para que la maquinaria no se detenga mientras se aprueban los grandes proyectos. Este no es un gasto automático, sino que se trata de una previsión presupuestal.
Revolución en el organigrama: Nace el «ABC»
Más allá de los números, el Presupuesto 2026-2030 plantea una reestructura profunda del poder interno en la Intendencia. La administración entiende que la burocracia compartimentada atenta contra la rapidez de respuesta y decidió fusionar áreas críticas.
La gran novedad es la creación del Departamento General ABC. Esta nueva “superdirección” absorbe competencias que antes estaban dispersas, concentrando bajo un mismo mando el «corazón» de los servicios municipales. Según el detalle del organigrama, el ABC tendrá bajo su órbita la Gestión de Obras, Servicios Públicos, Alumbrado, Espacios Verdes, Gestión de Residuos y hasta el Ordenamiento Territorial.
La lógica detrás de este movimiento parece clara: terminar con los «teléfonos descompuestos». Ahora, el arreglo de una calle, la limpieza de la cuneta, la reposición del foco de luz y la recolección de la basura en esa misma cuadra responderán a una única estrategia. Si el plan funciona, el vecino dejará de escuchar que «eso corresponde a otra dirección».
Cercanía y Descentralización
En contrapartida a la concentración técnica del ABC, el gobierno busca suavizar su rostro social con el Departamento General de Cercanías. Esta área jerarquiza el vínculo con el territorio, absorbiendo a las Comisiones Vecinales y la oficina de Descentralización.
La intención política es evidente: mientras el ABC se ocupa del cemento y los camiones, Cercanías se encargará de «hacer política» en el buen sentido, manteniendo el termómetro social en los barrios y coordinando con los Municipios. Hablando de estos últimos, el presupuesto asegura partidas de funcionamiento e inversión para los seis municipios (Belén, Constitución, Colonia Lavalleja, Mataojo, Rincón de Valentín y San Antonio), respetando la autonomía consagrada por ley.
Maquinaria y Modernización
El plan de inversiones no se queda solo en enunciados. La administración proyecta una renovación importante de la flota, consciente del desgaste que sufren los equipos actuales. En los anexos de inversión se detalla la adquisición de maquinaria pesada específica para el trabajo vial y urbano.
Se prioriza la compra de una barredora y un tanque para emulsión asfáltica, herramientas fundamentales para el mantenimiento de las calles bituminizadas y la colocación de asfalto en muchas otras de gran tránsito. Además, se incluye la compra de casillas móviles equipadas con dormitorio, cocina y baño, una vieja demanda de los funcionarios que realizan tareas de campaña y que muchas veces pernoctan en condiciones precarias. La lista se engrosa con equipamiento industrial como un torno mecánico, compresores y elevadores para el taller municipal, buscando reducir los costos de tercerizar reparaciones mecánicas.
Recursos Humanos: Renovación y Salarios
En el capítulo de los funcionarios, el presupuesto sincera la escala salarial y abre la puerta a una renovación generacional. El Artículo 11 fija el sueldo básico de ingreso (Grado 3) para un régimen de 30 horas semanales, estableciendo una base sobre la cual se calcularán los aumentos por IPC.
Pero el punto más sensible para las arcas comunales es el sistema de retiros. El documento plantea un régimen de Incentivos de Retiro Voluntario (Artículo 13) y, más novedoso aún, un Régimen Especial de Retiro para funcionarios de entre 57 y 59 años (Artículo 15).
Esta herramienta busca atacar dos problemas de un tiro: permitir una salida digna a trabajadores con larga trayectoria que quizás ya no rinden físicamente en tareas pesadas, y al mismo tiempo, liberar cupos en el organigrama para el ingreso de personal más joven o para la simple reducción de la plantilla, aliviando el «Rubro 0» a largo plazo.
Los plazos que corren
Con el documento ya ingresado, el reloj comenzó a correr para los ediles. La Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento de la Junta tendrá la tarea de desmenuzar los cientos de folios, llamar a los directores a sala y negociar posibles modificaciones.
El oficialismo cuenta con los votos, pero necesita legitimidad política para un plan tan ambicioso. Haller e Irigoyen cumplieron con la presentación; ahora la palabra la tiene el Legislativo departamental. Este Presupuesto deberá ser votado antes de marzo para entrar en vigencia y marcar el rumbo de un departamento que, a juzgar por los números presentados, se prepara para cinco años de fuerte intervención urbana.
