
El panorama laboral en la Intendencia de Salto continúa siendo de tensión y cuestionamientos. Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS, puso sobre la mesa una serie de denuncias que sacuden al gobierno local. El dirigente sindical sostiene que existe una clara contradicción entre el discurso de austeridad y las acciones actuales.
Según Gómez, la administración utilizó la necesidad de achicar el gasto como excusa para cesar trabajadores. Se refirió específicamente a los 292 funcionarios que fueron cesados al inicio del período. Para el sindicato, esa medida fue el pretexto para estigmatizar el salario de los municipales. En aquel entonces, el rubro cero representaba un sesenta por ciento del presupuesto total.
El fenómeno de las designaciones directas
La preocupación de Gómez aumenta al observar el ritmo de las nuevas contrataciones. El dirigente señaló que, a pocos meses de los despidos, el vacío fue llenado rápidamente. A enero de este año, ya se habían registrado doscientos diez nuevos ingresos a la plantilla municipal. Lo que más indigna al sindicato es que estas incorporaciones se realizan por designación directa.
Gómez comparó este comportamiento con la gestión del período anterior para evidenciar la magnitud del problema. En cinco años del gobierno pasado, se contrató a 292 personas por esta vía. Sin embargo, la actual administración alcanzó 210 en tan solo ocho meses de gestión efectiva. Para ADEOMS, esto demuestra que no hay un problema económico real en la Intendencia.
Grados superiores y beneficios selectivos
El sindicato también puso el foco en las condiciones de ingreso de estos nuevos funcionarios. Tradicionalmente, quien entra a la comuna debe hacerlo en el grado mínimo del escalafón correspondiente. No obstante, Gómez asegura que esta norma se está vulnerando sistemáticamente en la actualidad. Muchos de los nuevos designados ingresan directamente con sueldos y categorías muy superiores.
Esta situación refuerza la idea de que los despidos no buscaron aliviar las arcas de la comuna. Si el salario de los trabajadores fuera el problema, no se otorgarían grados altos a personas recién ingresadas. “Se le recorta a los trabajadores pero por otro lado se ensancha, se agranda y se asignan muchísimo más recursos a lo que es el aparato político”, afirmó el presidente de ADEOMS.
Cargos de confianza con sueldos récord
Otro punto crítico del reclamo es el incremento de los cargos de particular confianza. Según los datos del sindicato, la cantidad de estos puestos se multiplicó respecto al presupuesto anterior. Pero el cuestionamiento no queda solo en el número de asesores y directores. El sindicato señala que el nuevo Presupuesto establece un aumento en los topes salariales para estos cargos específicos.
Esto significa que los jerarcas de este período cobrarán significativamente más que sus antecesores. Esta medida fue defendida en la Junta Departamental por los ediles de la Coalición Republicana bajo el argumento de la idoneidad de los elegidos. Para Gómez, resulta una injusticia total que se prioricen los sueldos de la cúpula política. Mientras tanto, los trabajadores operativos sufren la pérdida de poder adquisitivo y la inestabilidad.
La estrategia de la privatización
La gestión de los servicios públicos es otro frente de conflicto abierto entre ADEOMS y el gobierno. El sindicato advierte sobre una estrategia constante de privatización de tareas esenciales. Gómez mencionó que áreas como la recolección y el alumbrado público están siendo entregadas a privados. El gremio ve con asombro cómo se desmantela la mano de obra municipal.
Esta tendencia a tercerizar servicios genera una situación paradójica en la estructura administrativa. Si los servicios pasan a manos privadas, la Intendencia tiene menos gestión directa que realizar. Sin embargo, la respuesta del gobierno es contratar más jefes con salarios más altos. Para el sindicato, es inexplicable que haya más jerarcas para gestionar mucho menos trabajo.
El rol del Estado y el sentido de pertenencia
Para los trabajadores, estas decisiones políticas afectan directamente el rol que debe cumplir el Estado. Gómez enfatizó que la administración tiene una responsabilidad política que no puede delegar. El vecino de Salto, según su visión, espera servicios eficientes brindados por la propia comuna. La privatización fragmenta ese sentido de pertenencia que identifica a los salteños.
ADEOMS mantiene su postura de defensa de la carrera administrativa y el ingreso democrático. Gómez dijo que el gremio seguirá denunciando lo que considera un vaciamiento de la función pública local.



