En Salto —como en gran parte del norte del país— el verano no es una metáfora: es una realidad dura, persistente y desigual. El calor extremo no es un lujo ni una comodidad opcional; es una condición de vida que obliga al uso intensivo de energía eléctrica para preservar la salud, el descanso y, en muchos casos, la productividad. Sin embargo, las tarifas de UTE siguen siendo una carga pesada para miles de hogares, comercios y pequeñas empresas.
Se han pronunciado ediles, se han elevado reclamos por parte de diputados, se han realizado gestiones formales. Y, sin embargo, nada cambia. La pregunta entonces deja de ser técnica y pasa a ser política y social: ¿por qué UTE no baja las tarifas cuando la realidad lo exige?
UTE no nació como una empresa cualquiera. Fue una creación profundamente batllista, concebida bajo la idea de que los servicios públicos esenciales debían estar al servicio del desarrollo, de la equidad territorial y de la justicia social. El batllismo entendió —con claridad visionaria— que la energía eléctrica no podía ser un bien de mercado regido exclusivamente por balances financieros, sino una herramienta de integración nacional y de dignidad ciudadana.
Hoy, ese espíritu parece diluido. Resulta difícil comprender que autoridades que son de Salto, que crecieron en esta tierra y conocen lo que significa atravesar veranos abrasadores, no logren traducir esa vivencia en decisiones concretas. No se trata de desconocer la estructura nacional de UTE ni sus responsabilidades macroeconómicas; se trata de reconocer realidades regionales que reclaman respuestas diferenciales y sensibles.
Cuando los canales institucionales se agotan y las gestiones políticas no alcanzan, la historia democrática enseña otro camino legítimo: la organización de la sociedad civil. No desde el enfrentamiento estéril, sino desde la acción colectiva responsable, como ya ha ocurrido en otros casos connotados de interés público. La movilización social, pacífica y argumentada, ha sido históricamente una herramienta válida para visibilizar injusticias y acelerar decisiones postergadas.
Tal vez haya llegado ese momento. No para atacar a UTE, sino para recordarle su razón de ser. Para volver a poner en el centro al ciudadano común, al trabajador, al jubilado, a la familia que debe elegir entre pagar la luz o cubrir otras necesidades básicas.
El batllismo no fue solo una etapa histórica; fue y debe seguir siendo una ética de gobierno. Y esa ética exige que los servicios públicos acompañen la vida real de la gente. Si la política no alcanza, que la sociedad civil organizada marque el rumbo. Porque la energía, como la dignidad, no puede ser un privilegio: debe ser un derecho efectivo. GECS.