La noche del pasado 7 de diciembre la Intendencia organizó un evento especial. Se trató del encendido del tradicional árbol de Navidad. Este año, la administración decidió innovar. Trasladó la estructura a la plazoleta Roosevelt, saliendo de su lugar habitual en la Plaza Treinta y Tres Orientales.
Miles de personas respondieron a la convocatoria y se acercaron al lugar. El evento incluyó una imponente decoración en el Palacio Córdoba. El entorno de la plazoleta lució renovado y pronto para la fiesta. Las familias esperaron con ansias el momento cúlmine de la noche. Sin embargo, la alegría duró poco para muchos de los presentes.
Una contradicción ruidosa
La polémica surgió apenas minutos después de prendidas las luces. Desde la terraza del propio Palacio Córdoba, empezaron las detonaciones. Centenas de fuegos artificiales con estruendo iluminaron la noche. El ruido opacó el espectáculo visual y provocó una reacción casi inmediata.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de repudio. Varios ciudadanos condenaron la utilización de pirotecnia sonora por parte del gobierno. Resultó paradójico para muchos vecinos. La misma institución encargada de controlar la pirotecnia fue la que generó el ruido. La indignación creció al recordar las campañas de concientización vigentes.
El contraste fue evidente y doloroso para un sector de la población. Mientras las luces buscaban celebrar, el sonido castigó a los más vulnerables. Personas con autismo y animales que sufren las consecuencias directas del estruendo. La fiesta, pensada para unir, terminó dividiendo opiniones y generando malestar.
La defensa oficial y el foco en la venta
El coordinador de Inspectoría Departamental, José Luis Presentado, dialogó con Diario El Pueblo. El jerarca explicó la postura de la comuna ante las críticas recibidas. Aseguró que la pirotecnia adquirida cumplió estrictamente con la normativa vigente. La Intendencia realizó la compra a proveedores habilitados.
Presentado detalló que los fabricantes e importadores deben respetar la ley nacional. Esta normativa prohíbe expresamente fabricar artefactos que superen el umbral máximo permitido. El coordinador aclaró un punto clave sobre los productos utilizados. Todas las cajas indicaban que eran de «bajo estruendo», afirmó el funcionario.
El jerarca destacó la dificultad de la fiscalización del uso. Resulta casi imposible controlar el nivel de decibeles. La comuna no cuenta con inspectores y aparatos apostados en cada esquina. Por ello, la Intendencia prioriza la fiscalización de la comercialización de los artefactos.
En ese sentido, la administración emitió un comunicado oficial. Recordó que el control se enfoca en el cumplimiento del Decreto 7291/2021 de la Junta Departamental. Este regula la venta y uso de pirotecnia sonora. La Inspectoría Departamental supervisará la ubicación de los puestos de venta. Las multas por incumplimiento oscilan entre 5 y 350 Unidades Reajustables (UR). Para vender material pirotécnico, se exige la inscripción previa en la Intendencia. Se requiere la presentación del Certificado del proveedor habilitado por Bomberos y el Servicio de Material y Armamento (SMA).
El laberinto legal y los decibeles
La discusión sobre los decibeles se volvió el centro del debate. Salto cuenta con un decreto que fijó el límite en 80 decibeles. Esta norma departamental buscó ser pionera en la protección sonora. Pero el escenario legal cambió con la aprobación de una ley nacional posterior.
La Ley N° 20.246, promulgada a inicios de 2024, estableció nuevos parámetros. Actualmente, el tope máximo permitido a nivel nacional es de 105 decibeles. Este límite bajó de 110 decibeles el 1º de diciembre de 2025. Existe una clara diferencia entre la aspiración local (80 dB) y la realidad nacional (105 dB).
El reclamo opositor: Volver a la prohibición total
La respuesta política no se hizo esperar tras el incidente. Natalia Pigurina, diputada suplente por Identidad Soberana, alzó la voz. La representante anunció medidas concretas para evitar futuros episodios. Confirmó que presentará un proyecto para derogar el Decreto 7.340/2021.
Pigurina consideró que dicho decreto flexibilizó la protección contra la pirotecnia. Su objetivo es anular el artículo 3 de esa modificación. «Quiero derogar un artículo de esa ley y que quede la que estaba antes», explicó. El texto original prohibía en su totalidad la utilización de pirotecnia sonora.
«Lo que ocurrió en Salto no puede volver a pasar», sentenció la diputada. Su postura fue firme respecto al concepto de festejo inclusivo. «No es inclusión si termina dañando», reflexionó con dureza.
La legisladora recordó a las víctimas invisibles de esa noche. Mencionó a los niños con autismo y a los adultos mayores. También hizo hincapié en las personas con sensibilidad auditiva y ansiedad.
Consultada sobre el alcance de un decreto frente a la ley nacional, la diputada fue enfática. Utilizó una analogía para reforzar su posición. “Pero si pueden prohibir fumar y tomar alcohol [en las plazas públicas]”, cuestionó. Consideró contradictorio que existan restricciones para el tabaco o el alcohol, pero no para el estruendo.
Modernidad sin ruido
La propuesta de Pigurina busca aclarar un punto fundamental. No se trata de prohibir los festejos ni la pirotecnia en general. El objetivo es eliminar exclusivamente el componente sonoro de los espectáculos. La pirotecnia lumínica seguiría estando permitida y bienvenida.
La diputada insistió en que la modernidad pasa por no dañar. Citó ejemplos de otras ciudades que lograron transiciones exitosas. Espectáculos de luces, drones y láseres son las alternativas del futuro. Salto, según su visión, quedó rezagado en esta materia el pasado domingo.
El proyecto de derogación pretende volver al espíritu original de la norma. Se busca proteger la salud pública y la convivencia pacífica. Pigurina invitó a todos los ediles a sumarse a la iniciativa. Definió el tema como una cuestión humana, no ideológica. La sociedad salteña espera ahora una respuesta clara. El debate sobre cómo festejamos quedó instalado con fuerza.
Un diciembre de concientización
Resulta irónico que estos hechos ocurran en diciembre. La ley nacional declaró a este mes como el «Mes de la concientización sobre el uso responsable de pirotecnia».
La normativa busca proteger a grupos sensibles como personas con TEA. También contempla el bienestar animal y la salud pública general. El Estado tiene la obligación ética de cuidar a estos sectores. Sin embargo, el ejemplo brindado el domingo generó dudas sobre el compromiso real.
La convivencia requiere más que leyes y decretos escritos. Necesita empatía y coherencia por parte de las autoridades. La próxima Navidad dirá si aprendimos algo de este episodio. Por ahora, el eco de las explosiones sigue resonando en la política local.
