Durante años, el valor de la patente de rodados se transformó en uno de los reclamos más persistentes de los ciudadanos. No se trata de una discusión ideológica ni de una disputa partidaria, sino de una percepción generalizada: el costo del tributo se volvió desproporcionado frente al valor real de los vehículos y a la capacidad contributiva de quienes deben pagarlo.
En ese contexto, el anuncio de un proyecto de ley impulsado por legisladores de la Coalición Republicana para revisar el cálculo de la patente aparece como una señal política relevante. No se cuestiona la existencia del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), herramienta que permitió ordenar y coordinar el cobro entre intendencias, sino los criterios económicos que hoy determinan montos que muchos consideran excesivos.
El planteo es concreto: modificar alícuotas, ajustar el cálculo y lograr que el tributo refleje de manera más fiel la depreciación de los vehículos. La lógica es sencilla y difícil de refutar: un auto que pierde valor con el paso del tiempo no debería generar un impuesto cada vez más alto. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido, generando malestar, consultas constantes y una creciente sensación de injusticia tributaria.
El valor del proyecto no está solo en la eventual rebaja de montos, sino en el enfoque. Se propone diálogo con los gobiernos departamentales, respeto por el esquema de coordinación existente y una revisión responsable que evite nuevos aumentos automáticos. En otras palabras, corregir sin desarmar, mejorar sin improvisar.
También es significativo que el debate se dé en un momento de crecimiento del mercado automotor, con más vehículos circulando y mayores ingresos potenciales para el sistema. Esto refuerza la idea de que ajustar el cálculo no implica necesariamente desfinanciar a las intendencias, sino redistribuir de forma más equitativa la carga tributaria.
La discusión sobre las patentes no puede seguir postergándose. Cuando un impuesto deja de ser razonable, pierde legitimidad social, aun cuando sea legal. Que el Parlamento empiece a discutir modificaciones es un paso en la dirección correcta. Ahora el desafío será traducir el diagnóstico compartido en una solución concreta que alivie a los contribuyentes y devuelva coherencia a un sistema que, hoy, claramente necesita ajustes.
