En el marco de la «Operación Dosis», la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCO) desarticuló una ramificación local de una organización criminal transnacional dedicada al contrabando y venta clandestina de medicamentos inyectables para adelgazar (como Ozempic, Wegovy y Tirzepatida). El operativo dejó como saldo un ciudadano uruguayo condenado, la incautación de miles de dólares en efectivo y mercadería valuada en USD 240.000.
El «Modus Operandi» y la conexión con Brasil
La investigación comenzó a raíz de los controles de perfilamiento realizados por la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos en la terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco. En los últimos meses, se detectó a varios ciudadanos brasileños que arribaban desde Londres con los fármacos adosados al cuerpo. Su objetivo era ingresar la mercadería a Uruguay para luego transportarla inmediatamente hacia Brasil.
En un procedimiento previo junto a la Dirección Nacional de Aduanas, ya se habían incautado 160 jeringas bajo esta modalidad.
Este flujo logístico estaba directamente vinculado con la «Operación Pluma Pesada», ejecutada el pasado mes de abril por la Policía Federal de Brasil en 12 estados de ese país, donde se decomisaron miles de inyectables cuya comercialización no estaba autorizada.
Allanamientos y mercado negro en Uruguay
Tras identificar la pata local de la banda, el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de Interpol ejecutó dos allanamientos que permitieron la detención de un uruguayo de iniciales P.A.B.G., carente de antecedentes penales.
Durante las inspecciones se incautó:
365 jeringas inyectables de marcas como Ozempic y Wegovy, sin autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP).
USD 74.900 y $167.500 en efectivo.
De acuerdo con la información policial, las dosis eran comercializadas de forma clandestina y entregadas de manera personal a un costo de $13.000 pesos uruguayos cada una. Los involucrados exigían el pago exclusivamente en efectivo para evitar dejar rastros en el sistema financiero y operaban violando de forma absoluta los protocolos de conservación y seguridad sanitaria. Las sustancias fueron periciadas con la colaboración de técnicos del MSP.
Luego de celebrarse la audiencia judicial, la Justicia dispuso la condena de P.A.B.G. como autor penalmente responsable de:
Un delito de receptación.
En reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello.
Se le fijó una pena de veinte meses de prisión, la cual será sustituida por un régimen de libertad a prueba bajo las condiciones que la ley prevé.
