Fueron recibidos por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado
El futuro laboral de 292 funcionarios que ingresaron a la Intendencia por la vía de designación directa durante la última administración de Andrés Lima tuvo una nueva etapa, esta vez en Montevideo. Dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) se reunieron el pasado viernes con la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, buscando respaldo ante el conflicto que mantienen con la Intendencia. El gremio, que ha elevado la discusión a nivel nacional, sostuvo su postura de que la permanencia de los ingresados por designación directa de la administración anterior es legal y cuentan con todas las garantías.
La centralidad del debate giró en torno al futuro de los trabajadores y la legitimidad de su ingreso. Los sindicalistas defendieron que el procedimiento fue transparente y no incurrió en ninguna ilegalidad. Apuntaron que, en caso de denuncia, la única entidad con facultad para declararlo ilegal es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En este sentido, un dirigente gremial señaló que el gobierno nunca realizó esa denuncia en el ámbito correspondiente, reforzando la idea de que la legalidad del acuerdo no ha sido cuestionada formalmente por las vías institucionales.
Un respaldo político clave
El encuentro en el Parlamento parece haber sido fructífero para los intereses de ADEOMS. Los representantes sindicales salieron optimistas tras ser escuchados por representantes de todos los partidos políticos. Esta señal es vital, ya que el gremio busca una solución a nivel legislativo que brinde seguridad a los trabajadores. El diálogo con senadores de diversas bancadas fortaleció la posición de ADEOMS, que percibe que la preocupación por el destino de los 292 funcionarios trasciende la disputa local, contaron.
La reunión también sirvió para poner sobre la mesa un tema más amplio: el proyecto de ley que regulará los ingresos a las intendencias a través de concurso y sorteo. Un dirigente de ADEOMS mencionó que la futura normativa, de aprobarse, podría contemplar un 4% de ingresos por designación directa. Si bien esta cifra podría ser un resquicio para este tipo de ingresos, el gremio consideró que la prioridad es que se apruebe una ley que dé un marco de estabilidad y previsibilidad a los trabajadores.
La disputa por la legalidad
La Intendencia, por su parte, mantuvo su postura de revisar los 292 ingresos de la pasada administración, considerando que el proceso de designación directa no se ajustó a los principios de equidad y transparencia. El intendente basó su decisión en un informe jurídico que puso en tela de juicio la legitimidad de estos ingresos. La postura del gobierno departamental generó una escalada de protestas y manifestaciones por parte del sindicato, que ha defendido a ultranza los puestos de trabajo.
Este conflicto entre el gremio y el gobierno departamental marcó una fuerte división interna que se ha manifestado en los medios de comunicación y en la mesa de negociación. Mientras ADEOMS defiende que sus acciones tienen el respaldo de la justicia y los acuerdos firmados, la Intendencia considera que su rol es garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que incluye la revisión de cada ingreso. La tensión se mantiene, mientras los 292 trabajadores esperan una definición sobre su futuro en la administración municipal.
