El Decreto N° 7.731/2026 modifica los procedimientos de espirometría, incautación y devolución de vehículos en Salto.
Nueva normativa regula controles de espirometría e incautación de vehículos en Salto
Ya se encuentra vigente en Salto el Decreto N° 7.731/2026, aprobado por la Junta Departamental, que introduce cambios relevantes en los procedimientos aplicados por el Área Gestión de Tránsito en materia de controles de espirometría, inmovilización e incautación de vehículos.
La nueva reglamentación modifica el régimen anterior, establecido por el Decreto N° 6.650/2013, luego de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional condicionar la devolución de un vehículo incautado al pago previo de multas.
A partir de esa resolución, la Comisión de Legislación y Reglamento del Legislativo departamental, junto a técnicos de la comuna y con asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, adecuó la normativa local al Reglamento Nacional de Circulación Vial y a las leyes nacionales vigentes.
Cómo será el procedimiento ante espirometría positiva
Cuando un conductor arroje resultado positivo en un control de alcoholemia, el cuerpo inspectivo labrará de inmediato el Acta de Intervenido de Espirometría en doble ejemplar, entregando una copia al infractor.
Además, se procederá al retiro transitorio de la licencia de conducir, que será remitida al Gobierno departamental emisor. En el caso de ciudadanos extranjeros, la sanción será comunicada formalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las oficinas consulares radicadas en Salto.
La normativa también garantiza el derecho del conductor a expresar su disconformidad con el resultado del examen en el momento del procedimiento. En ese caso, podrá solicitar una prueba de contraste, conforme a la legislación nacional regulada por el Poder Ejecutivo.
Inmovilización y retiro del vehículo
El conductor sancionado quedará automáticamente inhabilitado para continuar conduciendo. Sin embargo, si viaja acompañado por una persona civilmente responsable, con licencia vigente y resultado negativo en la espirometría, esa persona podrá retirar el vehículo del lugar mediante la firma de una declaración jurada.
Si no hay acompañante habilitado, los inspectores aplicarán una inmovilización preventiva del vehículo por un plazo de treinta minutos. Durante ese período, si se presenta un tercero autorizado y en condiciones de conducir, también podrá retirar el rodado bajo declaración jurada.
Vencido ese plazo sin que nadie reclame la unidad, el vehículo pasará a guarda de la Administración y será trasladado a un depósito departamental acondicionado.
El decreto establece además que el Gobierno Departamental de Salto asumirá responsabilidad patrimonial directa por los daños o deterioros que pudieran sufrir los vehículos mientras permanezcan bajo su custodia.
La Intendencia no podrá exigir pago previo para devolver el vehículo
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que el propietario legítimo podrá retirar su vehículo acreditando únicamente la titularidad, mediante la documentación administrativa correspondiente.
La Intendencia no podrá exigir el pago previo de multas, tasas, costos o recargos financieros como condición obligatoria para devolver físicamente el bien.
El mismo criterio se aplicará en casos de conductores que circulen estando inhabilitados, con libretas suspendidas o bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En situaciones donde se detecte a menores de edad conduciendo sin habilitación y con presencia de alcohol en sangre, la normativa dispone la intervención inmediata de la Policía y de la Justicia competente.
Fondos destinados a seguridad vial
El decreto también establece que todo lo recaudado por sanciones aplicadas en este marco deberá destinarse exclusivamente al financiamiento de planes locales de prevención, control y seguridad vial.
Esto incluye la mejora de recursos para el Cuerpo Inspectivo, el apoyo al servicio policial y el fortalecimiento de programas de voluntariado vinculados al tránsito.
De esta manera, Salto actualiza su normativa departamental en una materia sensible, buscando adecuar los procedimientos administrativos a los criterios constitucionales vigentes y, al mismo tiempo, reforzar las herramientas de control y prevención en seguridad vial.
