Cuestionan cambios al sistema de AFAP y advierten sobre impacto en propiedad privada, seguridad jurídica e inversión en Uruguay.
“Cuando el Estado avanza sobre tu propiedad, lo que está en juego no son sólo tus ahorros o tu dinero: es tu libertad.”
Llamar “diálogo social” a lo que en realidad es un avance sobre la propiedad y los ahorros individuales es una burda manipulación del lenguaje. No hay diálogo cuando no se escucha al ahorrista. No lo hay cuando se ignora a las AFAP que se pretende eliminar. Y mucho menos cuando se pasa por encima de la voluntad popular expresada en 2024.
¿De qué diálogo hablan?
Lo que hay es arbitrariedad. Y una evidente falta de voluntad de respetar la decisión del pueblo.
El sueño húmedo de todo socialista es apropiarse de ese botín multimillonario que es la seguridad social. No han parado de intentarlo. Y aquí estamos, una vez más, reabriendo un debate que la ciudadanía ya había saldado. Nada detiene ese impulso socialista de avanzar hacia una mayor concentración estatal, ni siquiera la voluntad popular expresada en octubre de 2024.
Se pretende arremeter contra los ahorros y trasladarlos, a la fuerza, a una agencia estatal que arrastra un sinnúmero de problemas estructurales: déficits persistentes, presión creciente sobre los aportantes, despilfarro, pésima gestión y dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, en un contexto donde no han faltado cuestionamientos por ineficiencia, corrupción y clientelismo. A pesar de todo esto, es a ese lugar donde el gobierno quiere concentrar el esfuerzo de toda tu vida.
El socialista quiere llevar tu dinero a ese lugar. Y son los mismos que luego se jactan de que defienden tus derechos. Y yo me pregunto: ¿de qué manera el robo legal de tus ahorros es una defensa de tus intereses?
Los burócratas que integran el Estado no pueden apropiarse de ahorros que no le pertenecen, y mucho menos, hacerlo sin el consentimiento del ahorrista. Eso es institucionalizar el robo.
Las AFAP no son un privilegio. Son ahorro individual, propiedad privada, construida con aportes descontados mes a mes del salario. Son parte de un sistema mixto que complementa al Banco de Previsión Social, y representan un derecho adquirido, incluso heredable.
Pero además cumplen una función económica clave pues transforman el ahorro en inversión. Los fondos administrados por las AFAP no quedan inmovilizados; se canalizan hacia la economía real. Se invierten en instrumentos que financian al Estado, a empresas, a infraestructura. Ese ahorro se traduce en crédito, en obras, en desarrollo y en empleo.
Es decir, detrás de cada peso ahorrado hay proyectos, hay actividad, hay crecimiento. Hay carreteras, viviendas, energía, empresas que se expanden y puestos de trabajo que se sostienen o se crean. Eso es velar por el bien común en serio y de verdad, donde el esfuerzo individual se conecta con el desarrollo colectivo.
Debilitar o desmantelar ese mecanismo no es neutro. Es afectar directamente una fuente de inversión interna, en un país que necesita precisamente más capital, más productividad y más crecimiento.
La ciudadanía fue clara y contundente: en octubre de 2024, un 61% respaldó la continuidad del sistema mixto. Desconocer ese pronunciamiento no es solo una decisión política discutible; es una señal institucional preocupante. Implica que, aun cuando la sociedad se expresa, el poder puede optar por ignorarla.
De concretarse, las consecuencias son profundas. Se erosiona la seguridad jurídica. Se abre la puerta a conflictos y juicios. Y, sobre todo, se envía un mensaje devastador: que en este país no se respeta la propiedad privada y que las reglas pueden cambiar, incluso sobre derechos ya consolidados.
¿Quién va a invertir en un lugar donde la propiedad privada puede ser socializada en cualquier momento? ¿Quién va a confiar en un sistema donde el ahorro personal puede ser redirigido por decisión política?
El precedente es preocupante. Si hoy se avanza sobre los ahorros previsionales, mañana ningún derecho económico está completamente a salvo.
No se trata solo de las AFAP. Se trata de algo mucho más profundo: el respeto a la propiedad, a la ley y a la voluntad de la gente. La propiedad es una condición indispensable de la libertad; cuando se vulnera, se abre la puerta al avance del poder sin límites.
Por el bien de nuestro futuro, no lo permitamos.
