Alguien con una trayectoria muy válida como el ex fiscal Gustavo Zubía (hoy abogado defensor y político), ha dicho recientemente que hay numerosas funcionarias del Instituto Nacional de Rehabilitación (en adelante INR) embarazadas de los reclusos que teóricamente debieran tener a cargo.
Pero no sólo esto, sino que el mismo ex fiscal (abogado y legislador) y hoy devenido en político, ha afirmado o insinuado lo que es diferente (pero no tanto) de que en las cárceles se vende droga. Cuando esto escribimos precisamente ha tenido mucha repercusión el caso de una joven mujer que murió cuando una de los envoltorios de droga que escondía en su vagina, se le reventó y le causó la muerte.
Son dos acusaciones gravísimas y proviniendo de quien provienen no tenemos porque ponerlas en telas de juicio. Ahora bien, significa que estos casos son “incontrolables” ¿o las autoridades los ignoran? ¿se nos ha dicho que la falta de pruebas impide tomar medidas) Nos tememos que también haya corrupción a este nivel.
O bien el sistema está obsoleto y ya no es adecuado para la modalidad delictiva actual o bien los “narcos” lo han corrompido al punto que manejan todas sus fechorías desde allí.
Cuando se cambió la denominación del viejo sistema carcelario por el nuevo instituto (INR), dijimos que no era cuestión de denominaciones y ni siquiera de cambiar un sistema por otro. A nuestro entender lo que falta es honestidad. Controles verdaderamente honestos y suficientemente imprevistos como para que nadie “bocine” antes de llevarlos a cabo.
Hoy ya no se habla de “presos”, ni siquiera de procesados, sino de “formalizados”. Hay delitos sumamente graves que de acuerdo al nuevo código se establecen penas sustitutivas sumamente leves. No somos juristas ni mucho menos penalistas, pero no entendemos como delitos tan graves como el acoso sexual consumado, puede ser “formalizado” con una pena domiciliaria o solamente nocturna.
En el primero de los casos a que hacíamos referencia, la ley es muy clara, el procesado que está a cargo de determinada funcionaria, tiene sus derechos y en el caso de que haya un embarazo es una violación, de la funcionaria hacia el procesado o de éste hacia aquella, si es que así se prueba.
En el segundo de los casos ni siquiera da para comentarlo. Mientras las autoridades sigan sosteniendo que “en Uruguay no”, el narcotráfico seguirá ganando terreno y las calles de nuestro país se volverán cada vez más peligrosas, sobre todo a determinadas horas.
A.R.D.
