Columna de opinión cuestiona al Frente Amplio por su memoria selectiva y reclama debatir con hechos la gestión nacional y departamental.
Alexander Fagundez
Edil CORE
Lista 404
En política, la memoria no es un detalle menor; es una obligación cívica. Un pueblo sin memoria queda expuesto a relatos oportunistas y discursos construidos según la conveniencia del momento.
Tomando como referencia recientes declaraciones del Dr. Eduardo Lust, resulta inevitable señalar una contradicción cada vez más evidente del Frente Amplio. Cuando fue oposición, hizo de la descalificación una herramienta política habitual. Hoy, desde el oficialismo nacional, reclama respeto institucional frente a críticas dirigidas al presidente Yamandú Orsi.
Conviene recordar lo ocurrido durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio no dudó en cuestionar duramente la figura presidencial, muchas veces instalando acusaciones basadas más en construcciones políticas que en hechos comprobados. Sin embargo, ahora pretende imponer una nueva lógica: que toda crítica a Orsi constituya un agravio institucional.
Ese razonamiento no resiste análisis.
Criticar con falsedades es condenable. Pero criticar con hechos, datos y verdad no es agraviar; es ejercer ciudadanía, control democrático y responsabilidad republicana. Confundir cuestionamiento político con falta de respeto institucional es una peligrosa forma de blindar el poder.
Ese patrón también puede verse en Salto.
Tras dos períodos consecutivos de gobierno departamental, el Frente Amplio pretende actuar como si no tuviera responsabilidad sobre la realidad que dejó. Infraestructura deteriorada, desequilibrios financieros y problemas de gestión no aparecieron por generación espontánea. Son consecuencia de decisiones políticas y omisiones acumuladas.
Sin embargo, en lugar de asumir autocríticamente esa responsabilidad, el discurso frenteamplista local busca desviar el debate hacia las formas. Ya no discuten el fondo; discuten el tono.
Se afirma que determinadas expresiones “no son institucionalmente adecuadas” o que “afectan la convivencia democrática”. Pero detrás de ese argumento subyace una intención evidente: silenciar denuncias incómodas y evitar que la ciudadanía conozca la verdadera dimensión de la mala gestión heredada.
Pretenden tapar el sol con un dedo.
Esperan que el oficialismo departamental calle, minimice errores del pasado y actúe como si exponer la verdad fuera una agresión. Pero callar frente a la realidad no fortalece las instituciones; las debilita.
También preocupa una oposición que parece más orientada a obstaculizar que a construir. Una oposición madura fiscaliza, propone y mejora. Una oposición irresponsable bloquea por cálculo político.
Eso se ha visto en asuntos centrales como el financiamiento y el presupuesto quinquenal, donde muchas veces prevaleció la lógica de poner trabas antes que aportar soluciones.
Quienes hoy tenemos responsabilidades de gobierno no podemos elegir el silencio. Debemos hablar con claridad, firmeza y memoria.
La ciudadanía merece saber qué se hizo, qué no se hizo y por qué Salto enfrenta tantas dificultades.
Porque la memoria política no debe ser selectiva.
Cuando llegue el momento de decidir, que sea con plena conciencia de lo ocurrido. Que nadie pueda alegar desconocimiento.
Y que, si la historia intenta repetirse, exista una ciudadanía lo suficientemente lúcida para decir, con convicción: nunca más Frente Amplio.
