La directora nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior destacó el crecimiento del sistema, la incorporación de nuevas tecnologías y un nivel de cumplimiento cercano al 80%.
Medidas alternativas alcanzan a unas 12.000 personas y ocho de cada diez cumplen las condiciones judiciales
A seis meses de asumir la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, María de los Ángeles Machado destacó el crecimiento del sistema, la incorporación de nuevas tecnologías de control y defendió el desarrollo de medidas abiertas como herramienta para reducir el encarcelamiento cuando la Justicia así lo dispone.
La jerarca explicó a EL PUEBLO que la actual Dirección Nacional de Medidas Alternativas surge de la transformación de la antigua Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), pasando a depender del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Recordó que la dependencia pasó a integrar el Instituto Nacional de Rehabilitación y explicó cuál es su cometido.
«Vendría a ser como dentro del sistema penitenciario lo que son las medidas abiertas, prisión domiciliaria con dispositivo electrónico, arresto domiciliario y, sobre todo, las libertades vigiladas.»
Agregó que las libertades vigiladas contemplan «un marco de convenios de desarrollo comunitario con cumplimiento comunitario», mientras que la Dirección también administra las sanciones previstas en la Ley de Faltas para infracciones leves. «La más común en la Ley de Faltas es todo lo inherente al tránsito, conducir alcoholizado, tener la documentación vencida, entre otras situaciones.»
Machado señaló que actualmente la Dirección tiene presencia en todo el país, aunque reconoció que todavía existen desafíos institucionales.
«La medida que nuclea la Dirección Nacional de Medidas Alternativas es una medida de corte abierto, entonces no debería tener una vinculación directa con cárcel.»
Un sistema que duplicó su tamaño
Según explicó la jerarca, el crecimiento registrado durante los últimos años justificó la creación de una Dirección Nacional específica. «La medida ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos cinco años. Ha duplicado el conteo original que se manejaba a través de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida.»
Ese aumento, sostuvo, hizo necesario desarrollar una estructura con criterios comunes para todo el país y fortalecer los equipos técnicos encargados del seguimiento de las personas sometidas a medidas judiciales.
Control biométrico y georreferenciación
Machado informó además que el Ministerio del Interior comenzó a implementar un nuevo dispositivo electrónico de reconocimiento biométrico, cuya experiencia piloto se desarrolla en Rivera.
«Permitirá a las personas que hoy tienen el control por planilla recibir un dispositivo electrónico que posibilitará la georreferenciación y el reconocimiento biométrico, con comunicación inmediata al sistema judicial.»
Explicó que el aparato fue desarrollado por ITC, empresa perteneciente a Antel, y funciona exclusivamente para el cumplimiento de las medidas. «No es un celular común. La única comunicación es con la Dirección de Medidas Alternativas y el sistema realiza llamadas aleatorias para constatar que la persona esté en el lugar dispuesto por la Justicia.»
12.000 personas cumplen medidas alternativas y el 80% las respeta
Uno de los datos más significativos aportados por la directora refiere a la dimensión alcanzada por este sistema. «En todas las medidas nosotros andamos promediando los 12.000 encausados, tanto con dispositivo electrónico como con libertad a prueba y faltas.»
Machado destacó que el volumen de personas sometidas a medidas abiertas ya representa una cifra cercana al sistema penitenciario tradicional.
«El promedio en Uruguay hoy oscila en cárceles en las 17.000 personas y las medidas promedian las 12.000.» Añadió que, además de representar un costo significativamente menor para el Estado, las medidas alternativas permiten evitar el ingreso a prisión en aquellos casos en que la Justicia entiende que el delito no requiere encarcelamiento.
«Uruguay asiste a tasas indescriptibles en términos de hacinamiento y encarcelamiento. Hay personas primarias que terminan ingresando a la cárcel y allí comienzan un proceso de captación de otros delitos. Por eso creemos que las medidas alternativas son un enorme desafío.»
Respecto al nivel de cumplimiento, aseguró que los indicadores son positivos.
«El margen de incumplimiento oscila más o menos en el 20%.»
Esto significa que alrededor del 80% de quienes cumplen medidas alternativas respetan las condiciones impuestas por la Justicia. Los incumplimientos más frecuentes corresponden a la rotura de tobilleras electrónicas o al abandono del perímetro autorizado, situaciones que son comunicadas inmediatamente a los jueces para resolver las acciones correspondientes.
