El Fondo Nacional de Recursos cumple un rol central para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo en Uruguay.
Fondo Nacional de Recursos:
El desafío permanente de garantizar el acceso a los medicamentos de alto costo en Uruguay
En Uruguay, el acceso universal a la salud constituye uno de los pilares del Estado social de derecho. En ese entramado institucional, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) ocupa un lugar estratégico: es el organismo encargado de financiar procedimientos médicos de alta complejidad y una amplia gama de medicamentos de alto costo, tratamientos inaccesibles para muchas familias.
La aparición de nuevas terapias para enfermedades oncológicas, neurológicas, autoinmunes y genéticas ha transformado el pronóstico de miles de pacientes. Patologías que antes tenían opciones muy limitadas hoy pueden ser tratadas con fármacos innovadores, capaces de mejorar la sobrevida, frenar el avance de la enfermedad o aportar una mejor calidad de vida. Sin embargo, ese avance científico también plantea un desafío mayor: cómo garantizar el acceso a medicamentos sin comprometer la sustentabilidad del sistema de salud.
Un mecanismo solidario de alcance nacional
El Fondo Nacional de Recursos fue creado con el objetivo de asegurar que los tratamientos de alta complejidad estén disponibles para toda la población, ya sea la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) o una institución privada. Su lógica se apoya en un principio solidario: el financiamiento colectivo permite cubrir prestaciones que serían imposibles de afrontar de manera individual.
El organismo financia trasplantes, diálisis, cirugías cardiovasculares y una extensa lista de medicamentos innovadores para patologías graves. Gracias a este sistema, Uruguay ha consolidado uno de los modelos más avanzados de cobertura sanitaria de América Latina, con un esquema que busca reducir desigualdades.
Medicamentos de alto costo: una necesidad creciente
Los medicamentos de alto costo suelen estar destinados al tratamiento de enfermedades severas o poco frecuentes, como cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, fibrosis quística, atrofia muscular espinal y diversas patologías hematológicas, inmunológicas o genéticas. Muchos forman parte de la medicina de precisión, es decir, terapias diseñadas para actuar sobre mecanismos específicos de la enfermedad.
Para muchos pacientes, estos medicamentos representan la única alternativa terapéutica eficaz. No obstante, su precio excede ampliamente la capacidad económica de la mayoría de los hogares. Por esa razón, el financiamiento público se vuelve un elemento esencial para hacer efectivo el derecho a la salud.
Cómo se decide la cobertura
La incorporación de un medicamento al FNR no es automática. El Ministerio de Salud Pública y el propio Fondo evalúan la evidencia científica disponible, la eficacia clínica, la seguridad, la relación costo-beneficio y el impacto presupuestal. Este proceso procura asegurar que los recursos públicos se destinen a tratamientos con beneficios demostrados y que la cobertura responda a criterios técnicos y de equidad.
La evaluación no se limita al precio del medicamento. También se analizan los resultados esperados, la población que podría beneficiarse, la existencia de alternativas terapéuticas, los riesgos asociados y la capacidad del sistema para sostener la prestación en el tiempo. La decisión final, por tanto, no es únicamente médica, sino también sanitaria, económica y ética.
Qué debe hacer un paciente para acceder al tratamiento
Cuando un médico tratante considera que un paciente necesita un medicamento de alto costo incluido en la cobertura, debe iniciar un trámite ante el Fondo Nacional de Recursos a través del prestador de salud correspondiente. La solicitud debe estar respaldada por indicación médica especializada y por la documentación clínica requerida.
En términos generales, el procedimiento comprende varias etapas: indicación médica especializada, con justificación clínica detallada; presentación de estudios y documentación médica exigida por los protocolos; envío de la solicitud por parte del prestador al FNR; evaluación técnica del caso por parte del organismo; y resolución de autorización o rechazo.
Si la solicitud es aprobada, el medicamento es financiado por el Fondo y entregado al paciente de acuerdo con el protocolo establecido. A partir de allí, el tratamiento suele quedar sujeto a controles, evaluaciones periódicas y seguimiento médico. El objetivo es comprobar que la terapia sea utilizada de manera adecuada y que produzca los resultados esperados.
Qué sucede cuando la solicitud es rechazada
No siempre la respuesta es favorable. El FNR puede negar la cobertura si considera que no se cumplen los criterios clínicos establecidos, si el medicamento solicitado no está incorporado a los protocolos vigentes o si la evidencia disponible no demuestra un beneficio suficiente para el caso planteado.
En esos casos, el paciente y su familia pueden solicitar una revisión del caso, presentar nuevos informes médicos, interponer recursos administrativos, formular reclamos ante el Ministerio de Salud Pública y, eventualmente, promover una acción de amparo ante la Justicia.
El rechazo suele ser vivido como un momento de enorme angustia. Para una familia que atraviesa una enfermedad grave, la negativa administrativa no es un simple trámite: puede interpretarse como la pérdida de una oportunidad terapéutica. Por eso, muchas veces se inicia un recorrido paralelo, que combina nuevas consultas médicas, búsqueda de asesoramiento legal y presentación de documentación complementaria.
El papel de la Justicia
La intervención del Poder Judicial se ha convertido en una herramienta decisiva para numerosos pacientes. Cuando se entiende que la negativa del Estado compromete el derecho a la vida o a la salud, es posible iniciar una acción de amparo, un proceso rápido destinado a obtener una resolución urgente.
Los jueces analizan la evidencia médica, la urgencia del tratamiento y los derechos constitucionales involucrados. La Justicia ha ordenado al Estado suministrar medicamentos que no se encontraban contemplados en la cobertura oficial o que habían sido rechazados en una primera instancia administrativa.
Derechos, sostenibilidad y equidad
El desafío del Fondo Nacional de Recursos consiste en armonizar dos valores esenciales: el derecho de cada persona a recibir el tratamiento más adecuado y la necesidad de preservar la sustentabilidad del sistema sanitario. Cada nueva terapia implica decisiones complejas, negociaciones con laboratorios internacionales y rigurosas evaluaciones técnicas.
La discusión sobre medicamentos de alto costo no puede reducirse a una mirada contable, pero tampoco puede ignorar la realidad presupuestal. Un sistema que incorpora tratamientos sin evaluación suficiente puede volverse insostenible. Pero un sistema que demora o restringe en exceso el acceso a terapias efectivas puede terminar vulnerando derechos básicos.
El equilibrio exige transparencia, criterios claros y procesos ágiles. También requiere comunicación adecuada con pacientes y familias, para que comprendan qué se evalúa, cuáles son los requisitos y qué alternativas existen cuando una solicitud es rechazada.
A lo largo de los años, el Fondo Nacional de Recursos se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes del sistema de salud uruguayo. Su existencia ha permitido que miles de personas accedan a tratamientos que, de otro modo, serían inalcanzables. En un contexto de avances científicos permanentes y costos crecientes, el FNR continúa siendo una expresión concreta de solidaridad social y uno de los instrumentos más importantes para garantizar que la innovación médica llegue a quienes más la necesitan.
Dra. Alicia Ferreira Presidenta Alterna del FNR
“Por ley no podemos brindar medicamentos fuera de cobertura”
La situación del virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre el acceso a medicamentos de alto costo no disponibles en Uruguay y las limitaciones legales que enfrentan tanto el Ministerio de Salud Pública como el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Durante una entrevista concedida a Radio Sarandí en el programa conducido por el periodista Aldo Silva, la presidenta del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, se refirió al caso del reconocido científico y explicó por qué el organismo no puede financiar el medicamento que necesita.
Ferreira reconoció el fuerte impacto humano que genera el caso, no solo por la notoriedad pública de Moratorio, sino también por el vínculo emocional que gran parte de la población mantiene con él tras su destacado rol durante la pandemia.
“Es una persona muy conocida y muy querida. Nos convoca a todos a sentir empatía y la necesidad de encontrar soluciones”, expresó.
La jerarca recordó además que mantuvo contacto con Moratorio al inicio de la emergencia sanitaria, cuando ella se desempeñaba fuera del Fondo y trabajaba en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Sensibilidad humana, pero límites institucionales
Ferreira sostuvo que tanto el Ministerio de Salud Pública como el FNR viven con “enorme sensibilidad” y “congoja” la situación del investigador, pero aclaró que existen restricciones legales muy claras.
Según explicó, el Fondo solo puede financiar medicamentos previamente incorporados a su cobertura mediante un proceso técnico y administrativo que incluye:
- evaluación científica
- análisis de evidencia clínica
- estudio de costo-beneficio
- impacto presupuestal.
Recién después de ese procedimiento un medicamento puede ser incluido formalmente.
“El Fondo Nacional de Recursos, por ley, solo puede brindar medicamentos incorporados luego de un largo proceso de estudio y análisis. No puede financiar otros tratamientos fuera de esa lista”, afirmó.
En el caso de Moratorio, el medicamento requerido no integra actualmente la cobertura del sistema ni se encuentra disponible en Uruguay.
Una problemática que afecta a cientos de personas
Ferreira subrayó que el caso de Moratorio, pese a su alta exposición pública, no es aislado.
De acuerdo con los datos aportados por la presidenta del organismo:
- entre 300 y 400 personas presentaron recursos de amparo el año pasado para acceder a medicamentos o procedimientos no incluidos en el sistema;
- entre enero y abril de este año ya se registraron más de 750 recursos de amparo.
Estas acciones judiciales buscan obligar al Estado a financiar tratamientos no contemplados dentro del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS).
La cifra refleja una presión creciente sobre el sistema sanitario y abre nuevamente la discusión sobre cómo equilibrar:
- sostenibilidad financiera del sistema;
- acceso equitativo;
- innovación terapéutica;
- respuesta ante enfermedades poco frecuentes o tratamientos altamente costosos.
El debate de fondo
El caso del virólogo expone una tensión cada vez más visible entre los avances de la medicina y la capacidad de respuesta institucional.
Por un lado, existe una demanda social comprensible de acceso inmediato cuando una persona enfrenta una enfermedad grave y existe un tratamiento potencial.
Por otro, los organismos públicos argumentan que habilitar excepciones individuales sin criterios técnicos podría comprometer la sostenibilidad general del sistema y generar inequidades.
La propia Ferreira señaló que el caso “convoca a buscar formas para mejorar el acceso” y a revisar cómo evitar que pacientes enfrenten este tipo de situaciones.
Un reclamo que trasciende un caso individual
Más allá del reconocimiento público de Moratorio, su situación volvió visible una realidad que afecta a cientos de familias uruguayas.
Pacientes con enfermedades complejas, tratamientos innovadores o medicamentos no registrados en el país suelen depender de:
- recursos judiciales;
- campañas solidarias;
- colectas públicas;
- gestiones excepcionales.
El caso instala así una discusión estructural sobre el sistema sanitario uruguayo: cómo incorporar innovación médica sin comprometer recursos finitos.
Mientras tanto, la situación del científico continúa generando solidaridad ciudadana y presión pública para encontrar alternativas que permitan acceder al tratamiento requerido.
Dr. Rodríguez – ASSE
Medicamentos de alto costo: “Uruguay tiene un sistema solidario que es ejemplo en la región”
El director departamental del Ministerio de Salud Pública, Dr. Luis Rodríguez, defendió el funcionamiento del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y aseguró que Uruguay cuenta con uno de los sistemas más avanzados de cobertura de medicamentos y procedimientos de alto costo en América Latina. Además, consideró necesario actualizar progresivamente el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) para acompasar los avances científicos y evitar la creciente judicialización de tratamientos.
En las últimas semanas, el debate sobre los medicamentos de alto costo volvió al centro de la discusión pública tras el caso del científico Gonzalo Moratorio, quien recurrió a la Justicia para acceder a un tratamiento oncológico. Sin embargo, Rodríguez aclaró que el Fondo Nacional de Recursos “no es algo nuevo” y recordó que funciona desde 1981, regulado por la Ley 16.343 y el decreto de 1980.
“El Fondo Nacional de Recursos lleva 45 años funcionando y cumple una función fundamental dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud”, afirmó.
Rodríguez indicó que el FNR actúa como un “seguro” para los prestadores de salud frente a procedimientos complejos y medicamentos de alto precio. “Lo que más suena hoy son los medicamentos de alto costo, aunque en realidad deberíamos hablar de medicamentos de alto precio”, puntualizó.
El jerarca destacó que el sistema brinda cobertura universal a todas las personas radicadas en Uruguay que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin importar el lugar de residencia ni la condición económica. “Cualquier uruguayo tiene derecho a esta cobertura”, sostuvo.
Según explicó, el Fondo financia procedimientos altamente especializados realizados principalmente en los IMAE y centros especializados, además de negociar directamente con laboratorios internacionales para la compra de medicamentos de alto precio. “El Fondo Nacional de Recursos dialoga con los laboratorios para obtener la medicación y negociar costos”, señaló.
Rodríguez remarcó que todas las prestaciones se otorgan en base a evidencia científica y mediante protocolos técnicos elaborados por especialistas. Tanto los procedimientos como los medicamentos son evaluados por la Comisión Técnica Asesora y luego incorporados al PIAS y al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) mediante resolución del Ministerio de Salud Pública.
El Fondo desarrolla programas preventivos vinculados a enfermedades complejas, entre ellos salud renal, prevención cardiovascular y atención de adicciones al tabaquismo.
Consultado sobre la financiación del sistema, explicó que el FNR se sostiene principalmente con aportes solidarios provenientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
“La lógica del sistema es solidaria. Todos aportamos porque nadie está libre de necesitar un tratamiento de alta complejidad en algún momento de su vida”, expresó.
JUDICIALIZACIÓN
Respecto a los recursos de amparo para acceder a medicamentos que no están incluidos dentro del PIAS, Rodríguez explicó que muchas veces los médicos especialistas indican tratamientos innovadores aún no incorporados oficialmente a las prestaciones obligatorias.
En esos casos, los pacientes pueden iniciar un trámite ante el Ministerio de Salud Pública presentando historia clínica, estudios y evidencia científica que respalde la indicación médica. Luego, el caso puede derivar en una instancia judicial donde un juez determina si corresponde otorgar la cobertura.
“No se trata de pedir un medicamento porque sí. Hay evidencia científica que avala cada tratamiento y la Justicia evalúa cada situación clínica particular”, aclaró.
Finalmente, el director departamental consideró que Uruguay “es una joya a nivel internacional” por la cobertura sanitaria que ofrece en determinadas patologías complejas, especialmente en áreas como neurología y oncología.
“Hay países donde estas medicaciones no existen o son inaccesibles económicamente. En Uruguay muchas personas pueden acceder sin afectar su bolsillo y eso debemos valorarlo”, afirmó.
No obstante, sostuvo que el gran desafío hacia el futuro será actualizar el PIAS de forma más dinámica para incorporar nuevos tratamientos y avances médicos. “La medicina ha cambiado muchísimo en los últimos años y el sistema debe acompañar esa evolución”, concluyó.
Dr. Juan Ceretta – Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho UDELAR (Montevideo)
La batalla judicial por los medicamentos de alto costo
Cuando la Justicia se convierte en la última esperanza
para cientos de uruguayos que enfrentan enfermedades graves, el acceso a un medicamento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, cuando esos tratamientos no están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos o por el Ministerio de Salud Pública, muchas familias se ven obligadas a recurrir a los tribunales.
En ese escenario, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, bajo la conducción del Dr. Juan Ceretta, se ha consolidado como uno de los principales actores en la defensa del derecho a la salud.
Desde las aulas universitarias, docentes y estudiantes avanzados patrocinan gratuitamente acciones de amparo para pacientes que no tienen recursos económicos para afrontar tratamientos cuyo costo puede superar los 30.000 dólares mensuales.
UN TRABAJO UNIVERSITARIO CON PROFUNDO IMPACTO SOCIAL
El Consultorio Jurídico cumple una función académica y social. Los estudiantes aplican conocimientos en casos reales, mientras personas de escasos recursos reciben asesoramiento y representación legal sin costo.
Ceretta, con más de dos décadas de experiencia profesional y docente, ha convertido este ámbito en una verdadera clínica de litigio estratégico en derechos humanos. Según su propia trayectoria profesional, el equipo ha promovido amparos vinculados al derecho a la salud, la vivienda, los derechos reproductivos y las condiciones de las personas privadas de libertad.
En materia sanitaria, la labor del consultorio ha tenido especial relevancia frente al aumento constante de las demandas por medicamentos de alto costo.
LOS CASOS RECIENTES: UNA LITIGIOSIDAD QUE NO DEJA DE CRECER
El año 2025 marcó un récord en Uruguay: se presentaron más de 2.400 acciones de amparo relacionadas con medicamentos y tratamientos de alto costo. La mayoría de los fallos fueron favorables a los pacientes y obligaron al Estado a financiar tratamientos inicialmente rechazados.
Juan Ceretta ha señalado que este fenómeno refleja una tensión estructural entre el avance de la medicina, los precios fijados por los laboratorios y la obligación estatal de garantizar el acceso universal a la salud.
Entre los casos recientes que reavivaron el debate público se encuentra el del virólogo Gonzalo Moratorio, quien debió recurrir a la Justicia para obtener un medicamento oncológico de aproximadamente 30.000 dólares por mes. La sentencia ordenó al Estado suministrarlo mientras se sustancia el proceso judicial.
Aunque no todos los casos son patrocinados por el Consultorio Jurídico, situaciones como esta ilustran el tipo de litigios que Ceretta y su equipo impulsan desde hace años.
UNA TRAYECTORIA DE CAUSAS EMBLEMÁTICAS
La propia Facultad de Derecho destacó en 2016 un caso en el que Ceretta y estudiantes representaron a un paciente oncológico que requería un medicamento no cubierto por el sistema. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo falló a favor del paciente y condenó al MSP a proporcionarlo.
Con el tiempo, estos casos dejaron de ser excepcionales para transformarse en una realidad cotidiana.
En entrevistas públicas, Ceretta ha explicado que muchos de los reclamos involucran enfermedades oncológicas, raras o degenerativas, y que las familias llegan al consultorio cuando ya agotaron todas las vías administrativas.
CÓMO SE CONSTRUYE UN AMPARO
El proceso suele comenzar con la prescripción del médico tratante. Si el medicamento no está incluido en la cobertura del FNR o del formulario terapéutico, el paciente solicita administrativamente su financiamiento.
Ante la negativa, el Consultorio Jurídico analiza:
hstoria clínica y diagnóstico, evidencia científica sobre la eficacia del tratamiento, situación económica del paciente, riesgo para la vida o la calidad de vida.
Si se constata la urgencia, se presenta una acción de amparo, un proceso rápido que puede resolverse en pocos días.
“Pretendemos que los pobres accedan a las mismas prestaciones que los ricos”
Esa frase de Juan Ceretta resume la filosofía del consultorio. El objetivo es que el acceso a tratamientos innovadores no dependa del poder adquisitivo.
Según ha sostenido públicamente, el sistema no puede admitir que una persona con recursos compre el medicamento y sobreviva, mientras otra, sin dinero, quede excluida del tratamiento.
EL DEBATE ECONÓMICO Y ÉTICO
Las autoridades del FNR advierten que los costos judicializados son crecientes. En 2025, el Estado desembolsó alrededor de 143 millones de dólares para cumplir sentencias de amparo relacionadas con medicamentos y procedimientos de alto costo.
Desde el consultorio se insiste en que el problema no es el paciente que reclama, sino los altos precios de la industria farmacéutica y la necesidad de mecanismos más ágiles y transparentes de evaluación y cobertura.
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE JUSTICIA
Cada expediente patrocinado por el consultorio representa mucho más que una práctica académica. Detrás de cada demanda hay historias de familias que enfrentan enfermedades devastadoras y costos imposibles de asumir.
Los estudiantes redactan escritos, analizan evidencia médica y participan en audiencias, comprendiendo que el Derecho puede ser una herramienta concreta para transformar la realidad.
Juan Ceretta se ha convertido en una de las voces más reconocidas en Uruguay en materia de acceso a medicamentos y litigio estratégico. Además de su trabajo universitario, es coautor del libro Medicamentos de alto costo y Poder Judicial, donde se analizan las dimensiones jurídicas, económicas y sanitarias del problema.
LA SALUD COMO DERECHO Y NO COMO PRIVILEGIO
La experiencia del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho demuestra que la universidad pública puede desempeñar un papel decisivo en la defensa de los derechos fundamentales.
Gracias al trabajo de Ceretta y de decenas de estudiantes, cientos de pacientes han logrado acceder a tratamientos que parecían inalcanzables.
En tiempos en que la medicina ofrece terapias cada vez más sofisticadas y costosas, el mensaje que emerge desde las aulas es claro: la salud no puede ser un privilegio reservado a quienes pueden pagarla, sino un derecho efectivo para todos los uruguayos.
Dr.Enzo Molina
“El sistema de salud tiene que actualizar los listados de medicamentos de alto costo»
El abogado salteño Enzo Molina analizó el crecimiento de los recursos de amparo para acceder a medicamentos y tratamientos de alto costo. Señaló que el problema de fondo es la falta de actualización de los listados del Ministerio de Salud Pública y aseguró que el Estado termina perdiendo millones de dólares en juicios.
Molina señaló que la herramienta jurídica utilizada en estos casos es el recurso de amparo, previsto en la Ley 16.011, mecanismo que habilita a actuar cuando el Estado no garantiza un derecho humano básico, como el derecho a la salud.
“Cuando el Estado no asegura un derecho esencial, como lo es la salud, existe la posibilidad de iniciar un proceso de amparo”, explicó. Según detalló, «este tipo de acciones judiciales se utiliza especialmente cuando no existen otros medios administrativos o judiciales eficaces que permitan obtener una solución a tiempo».
El abogado recordó uno de los casos que le tocó representar, vinculado a una paciente oncológica con cáncer de mama en estadio 3. El medicamento indicado por los médicos no estaba incluido dentro de los listados oficiales del Ministerio de Salud Pública, pese a ser considerado fundamental para mejorar las posibilidades de sobrevida de la paciente.
“El medicamento se llamaba Abemaciclib y lo que aseguraba era la sobrevida e impedir que la enfermedad volviera. Estamos hablando de un tratamiento de unos 100.000 dólares, imposible de costear para la mayoría de las familias trabajadoras del Uruguay”, sostuvo.
Molina explicó que los medicamentos cubiertos por el sistema de salud están determinados por listados administrativos elaborados por el Ministerio de Salud Pública. El problema, indicó, es que muchos tratamientos innovadores quedan excluidos durante años, pese a estar aprobados y recomendados médicamente.
“Han quedado medicamentos excluidos por cuestiones administrativas básicamente. Y ahí aparece el conflicto, porque el paciente necesita el tratamiento y el sistema no lo cubre”, afirmó.
En esos casos, los recursos de amparo suelen dirigirse contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos. El objetivo es exigir que el Estado cumpla con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República, que consagra el derecho a la protección de la salud.
«El Estado debe velar por la salud de los ciudadanos»
«Cuando el Ministerio de Salud Pública no provee el medicamento que asegura la salud de la persona, se entiende que está restringiendo un derecho constitucional”, indicó.
El abogado destacó que este tipo de procesos se caracteriza por la rapidez de los plazos. “No podés iniciar un juicio común porque mientras el tiempo pasa la persona sigue sufriendo la enfermedad. Por eso el amparo tiene plazos extremadamente cortos”, explicó.
En la práctica, el procedimiento comienza con una solicitud administrativa al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública. Si el medicamento es rechazado, se presenta el recurso judicial acompañado de la historia clínica, la receta médica y el presupuesto del tratamiento.
“Los médicos juegan un rol fundamental. Muchas veces son ellos quienes le explican al paciente que puede iniciar un amparo para acceder al medicamento”, señaló.
Molina también hizo referencia a las diferencias de criterio que existen entre los tribunales del país. Según explicó, algunos medicamentos no están aprobados en Uruguay, aunque sí cuentan con autorización de organismos internacionales como la FDA de Estados Unidos.
“Depende mucho del tribunal de apelaciones que te toque. Hay tribunales que si el medicamento está aprobado por la FDA condenan igualmente al Ministerio de Salud Pública a cubrirlo, y otros que no”, comentó.
Para el abogado, el verdadero problema excede lo jurídico y se instala directamente en el terreno político y sanitario.
“Acá el sistema de salud se tiene que poner a tiro y actualizar los listados de medicamentos de alto costo”
En ese sentido, afirmó que el Estado termina enfrentando enormes gastos económicos debido a la cantidad de condenas judiciales derivadas de los amparos. “Siempre el Estado va a perder ante una demanda de amparo debidamente fundada, pero no todas las personas saben que tienen la posibilidad de ejercer ese derecho”, advirtió.
Molina aseguró que la cantidad de recursos de amparo vinculados a salud ha crecido de manera notoria en los últimos años. Incluso relató que en algunas ocasiones audiencias laborales fueron suspendidas debido a la acumulación de procesos de amparo en los juzgados.
“Me ha tocado que se suspenda una audiencia laboral porque había cuatro audiencias de amparo en un solo día en el juzgado de Salto”, comentó.
Además, señaló que detrás de estas acciones existen cifras millonarias que terminan impactando directamente sobre las cuentas públicas.
“Estamos hablando de cientos de millones de dólares en sentencias condenando al Estado durante un año. Hay medicamentos de alto costo, tratamientos e intervenciones quirúrgicas que el sistema de salud no cubre”, indicó.
Como ejemplo, recordó otro caso en el que el Estado debió financiar una intervención vascular para una paciente que había sufrido un accidente de tránsito y necesitaba stents en las piernas para recuperar la circulación y poder caminar.
Finalmente, Molina sostuvo que el caso Moratorio ayudó a visibilizar una problemática que afecta a muchas familias uruguayas, aunque aclaró que el foco no debería quedar únicamente en los recursos judiciales.
“El verdadero tema es que los medicamentos de alto costo no están incluidos dentro del PIAS. Hay tratamientos que el sistema debería darle al paciente para cumplir con el derecho a la salud y, sin embargo, la única alternativa termina siendo el proceso de amparo”, concluyó.
Dra. Gabriela Libonatti cuestionó trabas burocráticas para acceder a medicamentos de alto costo tras caso Moratorio
La abogada Gabriela Libonatti sostuvo que el reclamo judicial iniciado por Gonzalo Moratorio expone una problemática que afecta a cientos de familias uruguayas, obligadas a atravesar procesos administrativos y judiciales en medio de situaciones médicas urgentes.
La abogada Gabriela Libonatti se refirió al caso del científico uruguayo Gonzalo Moratorio y consideró que la acción de amparo presentada para acceder a medicación de alto costo volvió a poner sobre la mesa una problemática estructural que atraviesan numerosas familias en Uruguay.
Según explicó, detrás de cada reclamo judicial por medicamentos existe un recorrido burocrático complejo que se suma al padecimiento de quienes enfrentan enfermedades graves. Si bien la acción de amparo es un mecanismo sumarísimo, con audiencias fijadas en 72 horas desde la presentación y sentencia posterior, Libonatti señaló que previamente los pacientes deben atravesar una extensa etapa administrativa.
La profesional indicó que antes de llegar a la vía judicial se requiere reunir documentación médica, realizar solicitudes formales ante el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, y aguardar respuestas negativas de ambos organismos para habilitar el amparo.
A su entender, para las familias del interior la situación resulta aún más dificultosa, ya que gran parte de los trámites ante el Fondo Nacional de Recursos se realizan exclusivamente por correo electrónico, sin acceso a oficinas presenciales.
Libonatti sostuvo que muchas veces las respuestas administrativas no llegan dentro de los plazos esperados, obligando incluso a iniciar acciones judiciales sin contar con las negativas formales y solicitando luego que los organismos las presenten durante audiencia.
“Al sufrimiento médico se le agrega una angustia judicial y burocrática que desgasta a las familias”, remarcó.
Asimismo, cuestionó que aun tratándose de procesos urgentes, en algunos casos las resoluciones judiciales no se dictan con la inmediatez que la situación amerita. En referencia al caso Moratorio, observó que la sentencia sería emitida dentro del plazo legal, pero no el mismo día de la audiencia, algo que suele ocurrir en numerosos amparos por la naturaleza apremiante de estos reclamos.
Para Libonatti, el debate de fondo no pasa por modificar la herramienta jurídica del amparo, sino revisar el circuito previo que obliga a pacientes y familias a atravesar trámites que muchas veces terminan demorando el acceso al tratamiento.
En ese sentido, consideró que el caso de Gonzalo Moratorio alcanzó alta visibilidad pública no solo por tratarse de una figura conocida, sino por el rol que desempeñó durante la pandemia de COVID-19, particularmente por su participación en el desarrollo de estrategias sanitarias y científicas en Uruguay.
Finalmente, la abogada planteó que la discusión no debería quedar limitada a un caso puntual, sino abrir un debate más amplio sobre el acceso a medicamentos de alto costo y la necesidad de reducir obstáculos administrativos en situaciones donde “cada día cuenta”.
María Luisa Nogueira y la batalla por acceder a un dispositivo cardíaco:
“La energía debería estar puesta en sanar, no en luchar contra la burocracia”
“La energía debería estar puesta en sanar, no en luchar contra la burocracia”, afirma María Luisa Nogueira, jubilada uruguaya que reclama por vía judicial el acceso a un dispositivo cardíaco implantable, considerado indispensable para diagnosticar sus desmayos repentinos.
Durante años, Nogueira acompañó como voluntaria a personas que recurrían a la Justicia para obtener medicamentos, tratamientos o dispositivos médicos de alto costo. Escuchó historias de pacientes y familias obligadas a atravesar trámites y negativas institucionales en momentos de enorme vulnerabilidad. Nunca imaginó que un día sería ella quien ocuparía ese lugar.
Su situación comenzó con episodios recurrentes de síncope, es decir, pérdidas súbitas de conocimiento que ocurren sin aviso. “Pierdo el conocimiento y me caigo en cualquier lado. Me ha pasado en la calle y también en mi casa. Ya me he fracturado y me he lastimado varias veces”, relató. Cada episodio representa un riesgo concreto y la posibilidad de volver a desmayarse en cualquier momento le genera temor.
En los últimos meses se realizó electrocardiogramas, holters, mapeos y otras pruebas. Sin embargo, ninguno logró determinar la causa de los desmayos. La dificultad es que los episodios son esporádicos y no siempre coinciden con el período de monitoreo de estudios tradicionales, que suelen durar entre 24 y 48 horas.
Ante esa situación, su cardiólogo indicó la colocación de un monitor subcutáneo de eventos, una tecnología que permite registrar la actividad cardíaca durante meses e incluso años. El dispositivo se implanta debajo de la piel y transmite información al equipo médico. “Es lo único que puede mostrar qué ocurre con mi corazón en el momento exacto en que me desmayo”, explicó.
Nogueira aclara que no se trata del tratamiento definitivo, sino de una etapa diagnóstica necesaria. “Esto es como un estudio. Primero hay que descubrir qué está pasando. Después, si se confirma la arritmia, seguramente habrá que colocar otro dispositivo para corregirla”, señaló. Ese segundo paso podría implicar un marcapasos u otro equipo de mayor costo. Por eso, sostiene que acceder al monitor no es un lujo, sino una condición indispensable para definir el tratamiento adecuado.
El problema apareció cuando la mutualista a la que está afiliada rechazó cubrir el dispositivo porque no integra las prestaciones financiadas por el sistema. El Fondo Nacional de Recursos tampoco lo contempla. Al consultar por su cuenta, Nogueira supo que el costo total del procedimiento, incluyendo el equipo y su colocación, asciende a unos 6.000 dólares. “Para mí es imposible. Tendría que pedirle a mi familia que se endeudara para poder pagarlo”, dijo.
Frente a esa imposibilidad económica, reunió su historia clínica, informes médicos y presupuestos, y acudió al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, coordinado por el Dr. Juan Ceretta. Allí recibió asesoramiento gratuito para presentar una acción de amparo por su derecho a la salud.
Para María Luisa, el trabajo de ese equipo es fundamental. “Son excelentes profesionales. Tienen una enorme vocación y trabajan con muchísima dedicación”, expresó. También advirtió que el servicio está desbordado por personas con enfermedades graves, muchas vinculadas a tratamientos o dispositivos no cubiertos.
El caso también muestra la carga que la burocracia impone sobre los médicos tratantes. Nogueira contó que su neuróloga le planteó la dificultad de comparecer ante audiencias para explicar cuestiones técnicas. “¿Sabés lo que es tener que discutir con abogados mi especialidad?”, le dijo la profesional. Su cardiólogo, su neuróloga y su fisiatra respaldaron la necesidad del procedimiento, pero aun así el sistema exige nuevas instancias.
El camino judicial tampoco es inmediato. Primero deben obtenerse las negativas formales de la mutualista, del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos. Luego se presenta la acción de amparo, se fija audiencia y, en muchos casos, llegan apelaciones. Incluso cuando la sentencia resulta favorable, los organismos suelen recurrir la decisión. “Usted se imagina una persona enferma, que está arriesgando su vida, en todo ese trámite. No es humano”, sostuvo.
Nogueira remarca que muchas personas no saben dónde recurrir ni conocen la posibilidad de iniciar este tipo de reclamos. Ella pudo hacerlo porque durante años estuvo vinculada al acompañamiento de pacientes y sabía qué puertas golpear. “Hay mucha gente que no sabe hacer esto. Ni siquiera sabe que existe esta posibilidad”, afirmó. Esa falta de información puede hacer perder una oportunidad decisiva.
La jubilada también cuestiona la forma en que se administran los recursos. “En Uruguay hay recursos para todo. Lo que no estamos gestionando bien son los recursos económicos”, señaló. Desde su perspectiva, el sistema debería actuar con mayor sensibilidad y rapidez cuando se trata de personas enfermas que necesitan respuestas concretas.
Su historia vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la cobertura de tecnologías médicas, el rol del Fondo Nacional de Recursos y la tensión entre criterios presupuestales, innovación y derecho a la salud. Los casos judiciales muestran zonas grises cuando una tecnología necesaria queda fuera de los mecanismos de financiación.
Mientras espera la resolución judicial, María Luisa mantiene la esperanza de acceder al monitor cardíaco y obtener un diagnóstico preciso. “No estoy pidiendo un lujo. Estoy pidiendo la posibilidad de saber qué me pasa y de vivir con mayor tranquilidad”, expresó.
Más allá de su caso personal, busca que otras personas conozcan sus derechos. “Las personas tienen que saber que tienen ese derecho y que hay lugares a los que pueden recurrir”, afirmó. Su reflexión final resume el reclamo: “A una persona enferma deberíamos estar abrazándola y cuidándola para que pueda sanar. Le estamos poniendo burocracia encima ahora”.
El precio de la vida:
Radiografía de la batalla judicial y burocrática por los medicamentos de alto costo
En Uruguay, el acceso a la atención médica de alta complejidad choca de frente con la burocracia, los presupuestos estatales finitos y la vertiginosa innovación de la ciencia farmacéutica. La reciente exposición del caso del reconocido científico y virólogo Gonzalo Moratorio ha destapado una olla a presión que miles de familias uruguayas viven en absoluto silencio. A través de las dolorosas historias de los pacientes, la aguda mirada de los defensores legales y las justificaciones financieras del Estado, emerge el retrato de un ecosistema sanitario donde la Justicia se ha convertido lamentablemente en la última sala de espera para quienes luchan por su vida. Este informe de investigación desglosa el complejo engranaje del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), analizando todas las perspectivas de un sistema que hoy se debate agónicamente entre la solidaridad social, la sostenibilidad económica y el derecho constitucional a la salud.
La mirada institucional: El escudo de la sostenibilidad presupuestal y la ley
Desde la óptica gubernamental, el sistema uruguayo sigue siendo un modelo de vanguardia. El Dr. Luis Rodríguez, director departamental del MSP, defiende fervientemente que el FNR funciona ininterrumpidamente desde 1981 como un seguro universal y solidario para los prestadores de salud. Financiado principalmente por aportes provenientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), garantiza cobertura de procedimientos altamente especializados sin importar el lugar de residencia o la condición económica del paciente. Además de negociar costos directamente con laboratorios internacionales, el Fondo desarrolla programas preventivos vitales en áreas como salud renal y cardiovascular. Para las autoridades, las prestaciones no se niegan por capricho; todo se basa en evidencia científica y protocolos de la Comisión Técnica Asesora.
Sin embargo, el Estado se enfrenta a un rígido corsé legal. Alicia Ferreira, presidenta del FNR, es tajante al respecto: “El Fondo Nacional de Recursos, por ley, solo puede brindar medicamentos incorporados luego de un largo proceso de estudio y análisis; no puede financiar otros tratamientos fuera de esa lista”. La jerarca explica que la incorporación de nuevas terapias de medicina de precisión requiere analizar la eficacia clínica, el costo-beneficio y, de manera insoslayable, el impacto presupuestal. Ferreira advierte que habilitar excepciones individuales saltándose estos estrictos criterios técnicos podría dinamitar la sostenibilidad general del sistema sanitario y generar graves inequidades. El gran desafío de la institución consiste en armonizar el derecho individual a recibir un tratamiento adecuado con la necesidad imperiosa de preservar los recursos que pertenecen a toda la sociedad.
El vía crucis del paciente: Burocracia, desgaste y angustia extrema
En la vereda opuesta a los despachos oficiales y las planillas de Excel se encuentran los pacientes. Para ellos, el tiempo que el Estado exige para sus evaluaciones técnicas se mide directamente en esperanza de vida. María Luisa Nogueira, una jubilada que necesita un monitor subcutáneo de eventos de 6.000 dólares para diagnosticar desmayos severos que le han provocado múltiples caídas y lesiones, resume el drama humano a la perfección: “Es muy triste tener que gastar la energía en toda esta burocracia cuando uno lo que necesita es curarse”. Como los estudios convencionales de 24 o 48 horas no logran detectar su afección esporádica, la tecnología implantable es su única salida diagnóstica. Al rechazo de su mutualista se sumó la negativa del FNR, obligándola a emprender agotadoras acciones legales.
La abogada Gabriela Libonatti denuncia con firmeza que “al sufrimiento médico se le agrega una angustia judicial y burocrática que desgasta a las familias”. Libonatti señala que el recorrido previo al recurso de amparo es una verdadera carrera de obstáculos: se exige reunir copiosa documentación médica y tramitar solicitudes que invariablemente culminan en respuestas negativas de los organismos públicos. Para los pacientes que viven en el interior del país, esto resulta aún más gravoso, ya que gran parte de los trámites ante el FNR se reducen a correos electrónicos, sin posibilidad de acceso a oficinas presenciales. Nogueira subraya además el impacto en los médicos tratantes, quienes se ven forzados a abandonar sus consultas y pacientes para comparecer en los juzgados a defender sus prescripciones médicas ante los abogados del Estado, una exigencia que genera profundo rechazo profesional.
La explosión de la judicialización: Un sistema sanitario puesto en jaque
Ante las puertas cerradas de la administración burocrática, la Constitución de la República se ha convertido en el fármaco más recetado. Invocando los artículos 40 y 44, que consagran el deber del Estado de velar por la salud y la vida digna, los ciudadanos acuden en masa a la Justicia.
El Dr. Juan Ceretta, a la cabeza del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, lidera esta trinchera patrocinando gratuitamente a pacientes sin recursos. Las cifras revelan una crisis de proporciones históricas: el año 2025 marcó un récord absoluto con más de 2.400 acciones de amparo, obligando al Estado a desembolsar alrededor de 143 millones de dólares para cumplir con las sentencias. La propia Alicia Ferreira confirmó esta tendencia, revelando que solo entre enero y abril ya se habían registrado más de 750 amparos. En el caso del virólogo Moratorio, el costo del tratamiento oncológico requerido ascendía a unos 30.000 dólares mensuales. Para Ceretta, el problema no es el enfermo que demanda atención, sino los exorbitantes precios fijados por la industria farmacéutica multinacional. Su convicción es inquebrantable: el acceso a tratamientos innovadores no puede jamás depender del poder adquisitivo del individuo. Desde las aulas universitarias, se pelea para que la salud deje de ser un privilegio de las élites y vuelva a ser un derecho efectivo.
El abogado Enzo Molina refuerza esta perspectiva apuntando directamente a la falta de voluntad política y administrativa. Para Molina, el sistema de salud está severamente rezagado y el verdadero conflicto surge por la falta de actualización del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS). Molina relata casos dramáticos, como el de una paciente con cáncer de mama que requería Abemaciclib, un tratamiento de 100.000 dólares para asegurar su sobrevida, o el de una víctima de accidente de tránsito que precisaba stents vasculares en sus piernas para volver a caminar. Medicamentos aprobados por organismos internacionales como la FDA quedan excluidos en Uruguay por años debido a trabas burocráticas. El resultado, asegura Molina, es un Estado que colapsa los juzgados e irracionalmente pierde cientos de millones de dólares en juicios que de antemano sabe que perderá.
