Luego que Mario Bergara planteara un acuerdo nacional por la seguridad pública sucedieron algunos hechos que reafirman la necesidad.
Sin dudas, el más lamentable fue el asesinato de un niño de 8 años, el segundo en pocos días. No hay palabras para describirlo.
También se supo que el contenedor con alfajores y budines que cargaba la cocaína que se descubrió en Bélgica, no fue revisado por la Aduana a pesar que por sus características era una carga sospechosa; mercadería que no se suele exportar comprada en un supermercado y quien exportaba no era el fabricante que desde una Zona Franca acondicionó la droga entre la carga.
En 2019, renunció Canon como Director de Aduanas porque descubrieron en Europa un contenedor despachado en Montevideo con cocaína. Era una señal política muy clara, pero el actual Presidente decía que no era suficiente y que debía renunciar el Ministro de Economía. Hasta hoy no pasó nada y parecería que la contradicción queda por eso.
Los especialistas sostienen que lo que más le duele al narcotráfico es la confiscación del dinero, pero desde la LUC hasta la última rendición de cuentas, se aprobaron sucesivas normas que bajan la guardia con el control del lavado de activos; esto significa que se facilita el blanqueo de dinero sucio, incluido el del narcotráfico. También se elevó el monto para el pago en efectivo, algo que la ley de inclusión financiera con buen criterio limitaba porque queda la trazabilidad con el pago por medios electrónicos, sumado a la debilidad de la estructura del Estado para perseguir el lavado.
Esto se da en paralelo con la elección de Uruguay y el puerto de Montevideo como parte de una nueva ruta desde las zonas de producción hacia los grandes mercados, Europa y Estados Unidos y en ese sentido, Uruguay pasó a ser una base desde donde operar. Pero la droga necesita logística para el transporte, depósitos donde guardarla y custodiarla para mantenerla a salvo de otros grupos y eso implica uso de armamento y aumento de la violencia.
Una mezcla explosiva e incremental, que toma como víctimas a las personas más desvalidas.
Lamentablemente todos los esfuerzos que se han hecho para evitarlo fueron insuficientes y algunas veces equivocados.
A nivel nacional, vimos como prometían que todo se solucionaba con sacar al Frente Amplio del Gobierno. Sabían que no era cierto y no tuvieron ningún empacho en mentir.
A nivel internacional, vemos como desde hace décadas se quiere vencer al narcotráfico reprimiendo y con un enfrentamiento armado, pero también como reiteradamente se fracasa con miles de víctimas inocentes y con un aumento importante del volumen de droga traficada, haciéndose evidente que algunos países tienen sus Estados cooptados por el narco.
Hace pocas semanas, Ecuador declaró un estado de excepción porque los escandalosos niveles de violencia con asesinatos a los que han llegado en menos de 10 años, cuando era uno de los países más seguros del continente.
Distintos actores políticos de diferentes ideologías, como Jorge Batlle o José Mujica o intelectuales de la talla del premio Nobel Milton Friedman han planteado en diferentes momentos y con distintos alcances la necesidad de desregular o abolir las prohibiciones. No sabemos si es la solución, pero algo diferente hay que plantear, no se puede seguir repitiendo el fracaso eternamente.
Como plantea el Gral. Guillermo Ramírez, en una carta de los lectores del Semanario Búsqueda, “No hacerlo puede dar lugar a la suspicacia de entender que quienes se nieguen a estudiarlo es porque algo tienen que perder”.
Es imprescindible superar esta situación. El dialogo para construir los acuerdos necesarios es el único camino posible.
El llamado de Bergara se realiza a la luz de las Bases Programáticas del Frente Amplio que plantean “Profundizar la articulación estado-sociedad civil en los procesos de definición de políticas y estrategias de seguridad y convivencia ciudadana. Dotar a estos espacios de capacidad de decisión sobre estrategias y recursos”.
No se puede definir una política de seguridad diciendo lo que hizo mal el otro, y lamentablemente, cuando los delitos aumentan y son más violentos, lo que hace el gobierno es comparar con el Frente Amplio, porque el tema no se soluciona diciendo que bajaron otros delitos o sus denuncias con relación al Frente Amplio.
Hay que trabajar en conjunto, el Estado, los políticos, la academia con sus técnicos y la sociedad participando activamente en la construcción de una propuesta superadora, que no puede ser que cada uno plantea lo que le parece y el Gobierno de turno hace lo que parece.
Tiene que ser mucho más profundo, el diálogo debe ser para construir un consenso, un sentido común para enfrentar este flagelo. Del mismo tipo que se construyó durante la dictadura sobre la necesidad de recuperar la Democracia y las libertades individuales.
El Uruguay lo necesita, pero también en Salto podemos aportar a trabajar en la misma línea y seguramente debamos incluir otras cuestiones que por la cercanía debemos atender de otra forma.
Quizá no podamos hacer mucho para combatir el lavado de activos, pero si podemos generar acuerdos sobre, por ejemplo, la importancia de atender en forma urgente la situación social que se generó a partir del consumo problemático que se da en nuestra sociedad, que es notoriamente incremental y que no hace distinción de clases sociales ni edades, pero que indudablemente tiene en los jóvenes a los más expuestos y que afecta no solamente al espacio social sino especialmente al ámbito familiar.
En esa línea, entendemos necesario construir desde Salto una plataforma común para enfrentar estos flagelos que nos afectan como sociedad y hacerla llegar al diálogo nacional si esta propuesta se concreta y a todos los candidatos a Presidente.
Porque hay que lograr acuerdos, no encontrar culpables, hacemos la convocatoria.
