El debate del presupuesto en Salto expuso la magnitud de la crisis habitacional, con 32 asentamientos y unas 4.000 familias en condiciones precarias, en medio de tensiones políticas.
Alexander Fagundez
Edil CORE
Lista 404
El presupuesto es una herramienta de planificación hacia el futuro. El instrumento por el cual un gobierno proyecta su programa de gestión, fija prioridades y establece el marco financiero para el desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, el reciente tratamiento del presupuesto dejó en evidencia algo más profundo. Lejos de ser únicamente un mapa del porvenir, el presupuesto también funciona como un espejo del pasado y un diagnóstico del presente. Y lo que ese espejo nos devolvió durante su discusión, dista mucho de ser una imagen alentadora.
Durante el análisis del presupuesto en la Comisión Integrada de Hacienda con Legislación de la Junta, fueron convocados distintos Directores del actual gobierno con el objetivo de explicar las líneas de trabajo. Ese ámbito terminó convirtiéndose en un espacio donde surgieron datos, diagnósticos y evaluaciones que permiten comprender con claridad la situación estructural que Salto enfrenta.
Uno de los momentos reveladores de ese proceso fue la comparecencia de la Esc. Almirón, Directora de Vivienda de la Intendencia. En su exposición, destinada a explicar la planificación del gobierno en materia de políticas habitacionales y programas de realojo, presentó cifras que no solo resultan preocupantes, sino que además permiten dimensionar la magnitud del deterioro social acumulado durante los últimos años.
Según datos aportados por la jerarca, en Salto existen 25 asentamientos irregulares urbanos y 7 en el interior. Estamos ante un fenómeno estructural que refleja con crudeza la profundidad de los problemas sociales y habitacionales que se han ido consolidando progresivamente durante la última década.
Se estima que en esos asentamientos viven aproximadamente 4.000 familias. Hablamos de miles de salteños que desarrollan su vida cotidiana en condiciones precarias, con viviendas que en muchos casos no cumplen con estándares mínimos de seguridad, salubridad ni dignidad. A esto se suma una realidad aún más compleja: en numerosas construcciones conviven dos o más familias, lo que profundiza el hacinamiento y multiplica los factores de vulnerabilidad.
Esta situación no es el resultado de un fenómeno espontáneo ni de una dinámica del crecimiento urbano. Es consecuencia directa de diez años de mala gestión del FA y del clan Lima, período durante el cual Salto ingresó en una crisis económica, social y habitacional cada vez más profunda. La expansión sostenida de los asentamientos irregulares constituye uno de los indicadores más visibles de ese deterioro acumulado.
Paradójicamente, cuando llegó el momento de votar el presupuesto que busca revertir esta realidad, los ediles del FA deciden no acompañar su aprobación. Los argumentos para justificar esa postura incluyeron cuestionamientos sobre el monto global del presupuesto, críticas a la supuesta ausencia de planes de vivienda y observaciones respecto a la especificación del destino de determinados recursos.
Esa posición deja al descubierto una contradicción, quienes durante diez años guardaron silencio frente al crecimiento sostenido de los asentamientos hoy se presentan como defensores de la planificación social y del control del gasto público. Resulta inevitable advertir en esa actitud un grado significativo de incoherencia política y oportunismo discursivo.
El proceso de discusión presupuestal, dejó una enseñanza clara: cuando la improvisación, la falta de planificación y el clientelismo reemplazan a la gestión responsable, las consecuencias terminan expresándose en desigualdad, precariedad y pérdida de oportunidades.
El desafío que hoy enfrenta la Intendencia no es solamente proyectar el crecimiento futuro de Salto. Antes, deberá recuperar el terreno perdido y comenzar a atender las urgencias sociales acumuladas durante años. Desde la Junta Departamental asumimos la responsabilidad institucional: acompañar, controlar y contribuir para que la ejecución de este presupuesto se traduzca en respuestas concretas para todos los salteños, especialmente para las familias que hoy viven en condiciones de extrema precariedad.
