La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de la democracia. No se trata solamente de la posibilidad de opinar en el plano político o social, sino también de garantizar que los profesionales del derecho puedan emitir con total independencia sus análisis sobre derechos y obligaciones, aunque estos resulten incómodos para determinados sectores. En especial, cuando se trata de la libertad sindical, que debe ejercerse en un marco de respeto a la legalidad y no puede transformarse en un pretexto para legitimar delitos de daños a bienes públicos.
Los bienes del Estado, como la flota de camiones municipales destinados a la recolección de residuos, no pertenecen a un gobierno de turno ni a una autoridad circunstancial: son propiedad de toda la ciudadanía. Atentar contra ellos es atentar contra la comunidad misma, y la sociedad debe tener claro que el derecho de huelga y la libertad sindical encuentran límites en la ley. Por ello, la opinión jurídica que señala responsabilidades en estos hechos no puede ser silenciada ni descalificada, sino valorada como aporte constructivo al Estado de Derecho y este es nuestro espíritu en cada nota que dimos a medios locales de prensa.
La democracia se fortalece cuando las voces jurídicas, periodísticas y ciudadanas pueden expresarse con respeto, pero también con firmeza. En este marco, resulta preocupante el anonimato que muchas veces se esconde detrás de ataques verbales o campañas de desprestigio. El anonimato erosiona la confianza, socava la responsabilidad y en definitiva hiere la convivencia. Hoy, con las herramientas tecnológicas y legales existentes, es posible identificar a los responsables de esos agravios y asegurar que la justicia prevalezca.
El mensaje final debe ser claro: libertad, honorabilidad, fraternidad a los demás, respeto a nuestras leyes e instituciones, son los cimientos de una sociedad democrática. Las opiniones jurídicas, lejos de ser perseguidas o desacreditadas, deben ser vistas como un servicio a la comunidad, que enriquece el debate público y orienta hacia la solución pacífica de los conflictos. Callar o amedrentar a quien analiza con fundamento es negar la esencia misma de la democracia. Estamos dispuestos a continuar nuestra labor jurídica como escribir públicamente nuestra forma de ver nuestra comunidad siempre desde la óptica legal que tanto nos ha costado construir en más de 27 años de formación permanente. Continuará… GECS