Dr. Enzo Molina Franchini
Presidente
Junta Departamental de Salto
Este año Uruguay conmemoró dos hitos que no son meras fechas en el calendario ni simples ejercicios de memoria histórica. A doscientos años de la Declaratoria de la Independencia y a cuarenta años de la recuperación democrática, el país tiene la oportunidad —y también la obligación— de reflexionar sobre el sentido profundo de la libertad y sobre cómo se ejerce, se cuida y se defiende en la vida cotidiana.
La independencia no fue solo un acto fundacional ni una proclamación formal. Fue una decisión colectiva de vivir sin imposiciones externas, de gobernarnos por nuestras propias reglas y de resolver nuestras diferencias dentro de un marco común. Supuso asumir responsabilidades, aceptar límites y construir instituciones capaces de canalizar conflictos sin recurrir a la fuerza. Dos siglos después, ese espíritu sigue plenamente vigente: no hay verdadera independencia sin instituciones fuertes, ni libertad posible sin respeto por las normas que, como sociedad, nos hemos dado.
Los cuarenta años de democracia ininterrumpida son, a su vez, un logro que no debe darse por descontado. La democracia no es un estado permanente ni un derecho adquirido para siempre. Es una construcción frágil que se renueva todos los días en el respeto al otro, en la aceptación del disenso y en el funcionamiento regular de las instituciones. Se sostiene en reglas claras, en procedimientos previsibles y en la convicción de que ninguna causa, por legítima que se proclame, está por encima del sistema democrático.
En ese marco, los órganos deliberativos ocupan un lugar central. Son ámbitos donde se expresa la pluralidad de la sociedad y donde las decisiones se toman a través del debate, la votación y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Allí conviven miradas distintas, intereses contrapuestos y sensibilidades diversas, pero bajo una misma lógica institucional. Pretender sustituir ese proceso por la presión, la intimidación o la presencia organizada para condicionar voluntades no es una forma válida de participación: es una negación de la democracia misma.
La libertad de expresión es un pilar fundamental del sistema democrático y debe ser defendida sin ambigüedades. Pero no puede confundirse con el derecho a avasallar, ni la movilización con la coacción. Cuando un edil se sienta a deliberar, debe hacerlo en un marco de plena libertad, sin presiones ni amenazas, respondiendo únicamente a su conciencia, a la ley y al mandato ciudadano que recibió en las urnas.
Cuidar las instituciones no es proteger cargos ni personas. Es proteger reglas que garantizan igualdad ante la ley, previsibilidad en las decisiones y convivencia democrática. Cada vez que se intenta forzar una resolución por fuera de los canales institucionales, se debilita el sistema que tanto costó construir y se erosiona la confianza ciudadana.
El Bicentenario y los cuarenta años de democracia no son solo motivo de celebración. Son, sobre todo, un llamado a la responsabilidad cívica. A entender que la independencia se defiende hoy respetando las instituciones, y que la democracia se honra permitiendo que funcione sin presiones ni atajos.
En tiempos de conmemoraciones, vale reafirmar una convicción básica: las diferencias se discuten, se votan y se resuelven dentro de las instituciones. Nunca contra ellas.