La Cámara de Senadores dio un paso crucial para comenzar a destrabar una de las paradojas más complejas del país: la de miles de familias sin hogar y, al mismo tiempo, miles de casas vacías. El pasado miércoles, con un respaldo unánime que atravesó todas las filas partidarias, se aprobó un proyecto de ley destinado a agilizar los procesos de expropiación de inmuebles urbanos que arrastran deudas superiores a su propio valor. La iniciativa, que ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados, se presenta como una herramienta potente para que los gobiernos departamentales puedan recuperar propiedades en estado de abandono y reasignarlas a un fin social. La nueva legislación adquiere una resonancia particular en Salto, donde, según los datos del último censo, se registran más de 7.300 viviendas deshabitadas, lo que representa un alarmante 13,9% del parque habitacional del departamento.
Un problema estructural con cifras alarmantes
Durante el debate parlamentario, el senador frenteamplista Óscar Andrade, uno de los principales promotores de esta agenda, enmarcó la discusión en una realidad ineludible: la vivienda, afirmó, «es un problema estructural grave” en Uruguay. Mientras miles de compatriotas residen en asentamientos o en condiciones de hacinamiento crítico, el país se enfrenta al fenómeno de la segregación residencial y a un stock de viviendas ociosas que desafía la lógica. A nivel nacional, las cifras del censo revelan la existencia de más de 97.000 padrones urbanos vacíos sin una justificación clara; no están en el mercado de alquileres, no figuran en venta, ni son segundas residencias de uso esporádico. Se trata de un núcleo duro de propiedades que simplemente permanecen cerradas, deteriorándose y degradando su entorno.
Este fenómeno, explicó Andrade en una entrevista concedida a Diario El Pueblo, no es una coyuntura reciente, sino un problema estructural que se ha ido consolidando progresivamente desde mediados de la década de los 90, sin que el sistema político lograra articular respuestas efectivas. En el caso específico de Salto, de las 7.327 viviendas desocupadas, se estima que aproximadamente 3.000 carecen de un motivo válido para su desuso. Muchas de ellas, paradójicamente, se encuentran en zonas urbanas consolidadas, con acceso a todos los servicios básicos, representando un capital social y urbano completamente desperdiciado.
Agilizar procesos, no vulnerar derechos
El corazón del proyecto de ley aprobado reside en su capacidad para simplificar y acelerar un mecanismo ya existente pero de escasa aplicación: la expropiación por deuda compensable, una figura legal que data de 1912. La iniciativa modifica la Ley de Expropiaciones para que, en los casos de inmuebles cuya deuda con el Estado (por tributos impagos, por ejemplo) es fehacientemente mayor que su valor de tasación, el proceso judicial sea más expeditivo. Se establece que la tasación de la Dirección Nacional de Catastro será considerada suficiente, evitando la designación de peritos que suele dilatar los juicios por años.
El amplio consenso político fue una de las claves de la jornada. El senador colorado Tabaré Viera matizó que la ley no tiene la pretensión de ser una solución mágica al problema habitacional, sino de «darle más herramientas» a las intendencias para que puedan ejecutar sus planes de vivienda y ordenamiento territorial. Viera fue claro en que la modernización del régimen expropiatorio se realiza sin menoscabar «las garantías de propiedad ni del debido proceso«, un punto en el que coincidió el senador nacionalista Sergio Botana, quien celebró que la iniciativa logre combinar el «respeto irrestricto a la propiedad y el más alto interés social«.
Una oportunidad tangible para Salto
Para un departamento como Salto, la aprobación de esta ley trasciende el debate legislativo y se convierte en una oportunidad concreta de transformación urbana y social. En su diálogo con nuestro medio, Andrade había esbozado un cálculo revelador: si se lograra recuperar apenas 400 de las 3.000 viviendas injustificadamente vacías, y se destinaran a proyectos cooperativos de unas 20 familias cada uno, se podría estar brindando una solución habitacional digna a cerca de 8.000 personas en zonas centrales, bien ubicadas y con servicios.
Este enfoque busca revertir un modelo de desarrollo urbano que ha prevalecido en las últimas décadas, caracterizado por la expansión hacia la periferia. Como advirtió el senador, construir en los bordes de la ciudad, lejos de la infraestructura sanitaria, educativa y de transporte, no hace más que consolidar la exclusión. «La fragmentación territorial genera desigualdad, deterioro urbano, problemas de seguridad y altos costos sociales«, sentenció. La reutilización del suelo urbano ocioso es, por tanto, una estrategia más económica, sostenible y socialmente justa.
Reavivar la función social de la vivienda
El proyecto no actúa en el vacío, sino que viene a fortalecer un andamiaje legal que, hasta ahora, ha sido subutilizado. Normativas como la Ley de Ordenamiento Territorial de 2008 o la ley de vacíos y degradados de 2018 ya otorgan a las intendencias herramientas como el derecho de preferencia en la compra de inmuebles o la posibilidad de remates judiciales de fincas abandonadas. Sin embargo, su aplicación ha chocado con la falta de presupuesto, de voluntad política o, incluso, de conocimiento técnico en las administraciones locales.Lo que esta nueva norma propone es desestimular activamente la especulación inmobiliaria y reactivar la función social de la propiedad. La imagen de viviendas tapiadas y abandonadas, como señaló el exintendente de San José, José Luis Falero, es algo que la sociedad uruguaya «no podemos permitirnos seguir viendo«. Con el impulso de un acuerdo multipartidario, la ley ahora en manos de los diputados promete ser un punto de inflexión. Como concluyó Andrade, lo central es instalar el debate y actuar, entendiendo la política de vivienda no como un gasto, sino como «una estrategia de desarrollo, integración y justicia social«
