Columnas De Opinión
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Abogado y docente uruguayo especializado en derecho informático, nacido en Fray Bentos en 1978. Egresado de la Universidad de la República, es expresidente de la Asociación de Abogados de Salto, autor de publicaciones nacionales e internacionales sobre derecho informático, y miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. También está involucrado en actividades sociales y voluntariado, habiendo sido miembro directivo de los Clubes de Leones de Salto, y es un activo defensor de derechos a través de su práctica legal.

Ley 20.396: Uruguay impulsa la dignidad digital laboral

Uruguay avanza con la Ley 20.396, que regula el trabajo en plataformas, garantiza transparencia algorítmica y protege la dignidad digital.

Uruguay a la vanguardia: dignidad digital y trabajo en plataformas

La Ley 20.396 posiciona a Uruguay en un lugar destacado a nivel regional al incorporar un concepto clave: la dignidad digital del trabajador. En un entorno donde las decisiones laborales son cada vez más automatizadas, la norma avanza en reconocer que la tecnología no puede operar al margen de los derechos fundamentales.

El balance es claramente positivo. La ley no solo reduce espacios de precariedad, sino que introduce reglas de juego más equilibradas entre plataformas y trabajadores. La exigencia de transparencia algorítmica, el derecho a explicación y el acceso a información permiten salir de la opacidad y limitan decisiones arbitrarias que impactan directamente en los ingresos y oportunidades laborales.

A esto se suma un aspecto especialmente relevante: la protección de la reputación digital, entendida como un activo del trabajador. En ecosistemas donde una calificación puede determinar la continuidad laboral, esta garantía fortalece la dignidad, evitando sanciones invisibles o injustificadas.

Asimismo, la incorporación de estándares mínimos —herramientas, capacitación, seguridad y evaluación de riesgos— demuestra una mirada integral que trasciende lo tecnológico. No se trata solo de regular algoritmos, sino de asegurar condiciones de trabajo compatibles con derechos básicos.

Si bien persisten desafíos en la implementación y el control, el enfoque normativo es sólido: promueve relaciones más justas, incentiva prácticas empresariales responsables y sienta bases para un desarrollo tecnológico alineado con valores democráticos.

En definitiva, la ley marca un rumbo claro: la innovación no puede construirse a costa de las personas. La dignidad digital deja de ser una aspiración teórica para convertirse en un principio jurídico operativo.

GECS

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