Albisu ausente, respuestas jurídicas insuficientes
La interpelación al intendente de Salto, Carlos Albisu, se desarrolló el pasado jueves en la Junta Departamental, pero el jefe comunal optó por no asistir, delegando la instancia en sus asesores legales. El edil del Frente Amplio, Regino López, principal promotor del llamado a sala, manifestó una profunda disconformidad con las respuestas brindadas, calificándolas de totalmente insuficientes. En el seno de la bancada opositora, entendió que la presencia del intendente era fundamental para explicar las decisiones tomadas por el Ejecutivo, sabiendo que la resolución de desconocer el convenio colectivo es, esencialmente, una decisión política.
La Constitución en cuestión y la falta de precisión
La controversia se agudizó cuando los asesores intentaron justificar la decisión desde una perspectiva estrictamente jurídica. López relató que, a pesar de las doce preguntas formuladas, no se logró una respuesta concreta sobre qué artículo de la Constitución se habría violado, según la interpretación del Ejecutivo. Ante la pregunta puntual sobre la fundamentación constitucional de la medida, la respuesta recibida no fue precisa, lo que acrecentó las dudas y la sensación de que no se quiso esclarecer el meollo del asunto.
Contradicciones sobre asesoramiento externo
Otro punto que generó gran inquietud fue el referido a las consultas de asesoría previas a la decisión. El edil interpelante recordó que en al menos un medio de prensa se había informado sobre un estudio financiado por el intendente y el secretario general a una consultora externa. Sin embargo, en la Junta, los asesores negaron la existencia de tal estudio, declarando que no había habido estudio alguno. Esta contradicción entre lo informado por la prensa y lo manifestado en la interpelación dejó entrever que algo ocurrió allí y sumó un nuevo interrogante sobre la transparencia del proceso.
Incertidumbre en la política de ingresos y servicios
La situación laboral de la Intendencia también fue un tema central. López lamentó que no se detallara la futura política de ingresos al gobierno departamental, máxime después de la desvinculación de 291 funcionarios. La bancada opositora manifestó su preocupación porque la importante reducción de personal seguramente resentirá los servicios más esenciales que debe brindar la Intendencia a la ciudadanía salteña.
Una decisión que desconoce el Convenio Colectivo
La percepción general de la oposición fue que el llamado a sala se buscó minimizar. Para la bancada frenteamplista la Intendencia no logró evacuar las dudas y todo giró en torno a algunos argumentos que no permitieron en nada esclarecer la decisión de fondo. La conclusión del edil López y su grupo fue contundente: las respuestas no fueron suficientes y la decisión del Ejecutivo desconoce una herramienta tan importante como lo es el convenio colectivo, pilar de la negociación con los trabajadores.
