Como seregnistas, en plena campaña electoral y a dos semanas de las elecciones no evadimos discutir y dar opinión sobre los temas complejos y difíciles; abordamos una temáticaque sigue siendo dealta sensibilidad para miles de uruguayos porque el gobierno no cumplió una de sus principales promesas electorales.
Prueba de ello son los discursos y propuestas de candidatos de los partidos de la coalición, que anuncian medidas para encarar el problema, buscando desmarcarse de la gestión mientras los homicidios y los delitos violentos no disminuyen y la ola de violencia aumenta día a día.
Está demostrado que no se arregla con eslóganes, anuncios rimbombantes, mano dura, ni allanamientos nocturnos. Decían que la LUC solucionaba el tema de la delincuencia al dar más poderes a la Policía. Pasaron durante el plebiscito cantando maravillas a la LUC; hoy ni se acuerdan, porque la política del gobierno en materia de seguridad ha sido un fracaso, tanto que ya no hay conferencias de prensa para destacar logros.
El avance de la violencia y la criminalidad en Uruguay no admite dilaciones en la acción, ni miradas mezquinas de política menor. El problema tiene una gravedad tal que exige una combinación de respuestas en múltiples dimensiones de corto, mediano y largo plazo. No es posible pensar ni prometer soluciones inmediatas ni fórmulas mágicas. La consigna “se acabó el recreo” es un mayúsculo ejemplo negativo de esto. Está claro que ninguno de los partidos políticos quegobernaronlogró resultados que “solucionen” esta temática; obliga a un sinceramiento de todo el sistema.
Entendemos imprescindible cimentar un pacto de convivencia social y democrática que permita ordenar, potenciar y reorientar nuestro modelo de seguridad ciudadana, con compromisos públicos del sistema político que sean firmes y estables en el tiempo.
Se deberá realizar sobre dos pilares fundamentales: por un lado, el pilar social, al entender que el delito, la violencia y la inseguridad son problemas que afectan de manera desigual a nuestra sociedad y sus diversas comunidades y territorios, nos impone fortalecer la participación activa de la sociedad civil y la academia y, por otro, el pilar democrático, porque las soluciones a los problemas de seguridad pública serán metas establecidas y medibles por la capacidad y el alcance del Estado en toda su expresión y según el ordenamiento democrático que uruguayos y uruguayas tenemospara convivir en paz en cada rincón del país. Sin paz y seguridad la democracia se debilita.
Es una temática de naturaleza compleja, con múltiples dimensiones que actúan en conjunto, donde los cambios en cada una de ellas afectan a las otras. Por eso, una política de seguridad debe ser integral y contar con una estrategia balanceada que incluya prevención y represión de ilícitos y rehabilitaciónde personas, porque es necesario que integre educación, trabajo, salud, mejoras del hábitat, etc.
En ese sentido, Seregnistasexpuso para su discusión una serie de propuestas vinculadas a la seguridad que buscan superar los paradigmas que han fracasado, y que, alineadas con las Bases Programáticas del Frente Amplio, pasan por mejorar la coordinación interinstitucional y la calidad investigativa, la reforma del sistema penitenciario, algunos cambios en el sistema de trabajo que fortalezca la prevención en el ámbito local, un fuerte combate al lavado de activos, una revisión del mapa de penas, facilitar el acceso a la justicia
Deberán acompañarse por una fuerte apuesta a la construcción de convivencia como forma de disminuir la violencia existente en nuestra sociedad.
La construcción de una cultura ciudadana de paz y convivencia pacífica debe basarse en el pleno reconocimiento de los derechos, la más absoluta circulación de ideas y mensajes, en una educaciónpara todos, toda la vida, que permita aproximarnos a las complejidades del siglo en que vivimos.
En primer lugar es necesario disminuir drásticamente la exclusión con medidas quebusquenuna distribución igualitaria del bienestar. Obligaatender la problemática desde una lógica plateada para superar la inequidad territorial, esto es atendiendo con medidas diferentes lo que es distinto. No podrán ser las mismas acciones a desarrollar en un barrio consolidado de una capital departamental, que una localidad alejada en el medio de la ruralidad del basalto superficial o una de las llamadas zonas rojas del área metropolitana, o un balneario de la costa atlántica. Requerirán acciones diferenciadas.
Será necesario reforzar la presencia del Estado en todo el territorio, en especial con servicios públicos en las zonas distantes de las centralidades.
Mejorar las condiciones de habitabilidad de cientos de lugares que por diferentes motivos han quedado rezagados. Estas mejoras al hábitat requerirán de una fuerte inversión en vivienda y ciudad, incluyendo espacio público de calidad.
Espacio público que deberá contar con calles transitables, pero especialmente con aceras, parques, plazas y espacios que propicien el encuentro de los vecinos y permitan desarrollar diferentes actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas con la seguridad y certeza que se están construyendo ciudades inclusivas, generadoras de identidad y pertenencia y en la que todos somos iguales y necesarios
La sociedad debe construir confianza y garantizar a sus integrantes una calidad de vida adecuadacomo para sentirse integrado a ella.
La organización de las actividades y usos en el territorio es esencial para el desarrollo equilibradode nuestra sociedad. La reducción de la segregación socio espacial y la reconstrucción del tejidosocial dependen de políticas sociales y territoriales, e inciden directamente en la distribución y elacceso a las oportunidades, en la convivencia y en la seguridad ciudadana. En esta tarea el Estadotiene un rol imprescindible.
Trabajar en esta línea, aportando a la generación de políticas con los recursos necesarios para atender estas problemáticas es un compromiso que asumimos desde el equipo a la diputación de la lista 95 que encabeza Rogelio Texeira.
