Por Carlos Texeira
Cuando hablamos de reformar el Estado queremos decir que sea más eficiente, que dé mejores servicios. Mejor seguridad, mejor enseñanza, mejor salud. En fin, un Estado que brinde el mayor bienestar a la población, en la forma más eficiente y al menor costo posible. Eso requiere una burocracia profesional eficaz. Para tener ese tipo de burocracia hay que seleccionar a la gente de mayor calidad, a las personas más capacitadas. Entonces de entrada hay que terminar con que el empleo público sea la retribución del trabajo político, ya sea desde quien barre la calle hasta el que dirige una empresa. Ahí se necesita la gente más competente. Que tampoco las compras del Estado o los servicios u obras que el mismo requiera, sean a las empresas que pusieron plata para la campaña electoral y no a la que ofrecen el mejor producto, servicio u obra en las mejores condiciones.
Previamente regular la financiación de la política
De modo que para reformar el Estado un prerrequisito imprescindible es regular la financiación de la política. El trabajo político es necesario para el funcionamiento de la democracia y debe ser remunerado, al igual que todo otro tipo de trabajo. Pero esa retribución no debe ser hecha como hasta ahora.
Todo el escándalo que hemos visto últimamente con los ediles y otras personas empleadas en la CTM de Salto Grande es un ejemplo claro de lo que venimos de decir. Todos esos militantes políticos tienen derecho a una retribución por su trabajo político, pero el pago no puede ser un empleo que no saben desempeñar eficazmente, ni tampoco que se les pague un sueldo por un cargo ficticio, ni que parte de voluminosos sueldos sean para las arcas partidarias o el bolsillo del dirigente que allí los puso.
Reglas y controles efectivos
La financiación de la política debe ser regulada legalmente. Debe regularse el ingreso de los dineros u otros aportes (servicios profesionales, materiales, disponibilidad de locales, publicidad, horas de TV, etc.), establecer su monto, saber quiénes aportan y cuánto aportan, así como a que se destinan los aportes. Establecer montos para los aportes, como también para los gastos. Todo ello con controles eficaces y no con meras declaraciones, que además nadie controla, como sucede actualmente. Y obviamente con un régimen de sanciones para quien infrinja las regulaciones.
Funcionarios de carrera
Una vez regulada la financiación de la política recién se podrá comenzar a organizar una burocracia eficiente donde se ingrese por concurso o sorteo, según se requiera capacitación especial para el cargo o no. Y se ascienda en la carrera funcional por concurso y mérito por el desempeño. Que el funcionario de carrera sea un profesional en su área y no un improvisado. Aplicándose esto para todos los poderes del Estado, Intendencias, Municipios, Empresas públicas (ya fueren las que se rigen por el derecho público como las que se rigen por el derecho privado) y todos los servicios públicos.
Aplicar esas reglas en toda la estructura del Estado, salvo aquellos cargos que dependen de un resultado electoral y los que tienen por finalidad la orientación política general del Estado. Cargos que por definición constitucional o legal son de carácter político o de particular confianza. En el caso particular de las empresas públicas quienes las dirijan deben poseer conocimientos en la materia en que se desempeña esa empresa y ese conocimiento debe ser demostrado en audiencia pública ante el órgano encargado de conceder la venia correspondiente, si se rige por el derecho público, o por concurso ante un Tribunal designado al efecto, si se trata de las empresas que se rigen por el derecho privado. Tribunales y controles similares deben emplearse para la designación de directores de otros organismos o servicios públicos.
También controles e impedimentos deberán establecerse para que las empresas que contratan con el Estado no tengan, con su dinero, influencia política sobre el mismo.
Cargos políticos
Los méritos partidarios, los servicios al partido o su fidelidad al mismo, son criterios razonablemente valederos para la designación de funcionarios políticos de particular confianza ((ministros, directores de áreas, etc.); porque tampoco sirve en una democracia crear una burocracia fría e insensible al sentir y a las necesidades del pueblo. He ahí la importancia del cargo político en el Estado. Pero para los funcionarios de carrera donde lo que importa es su capacidad técnica (conocer el negocio del petróleo, saber cómo electrificar un país, como hacer una calle, etc. etc.) la selección debe ser hecha en función de su capacidad, de su conocimiento técnico o profesional y no de su definición partidaria.
Una cosa de locos
Hoy en Uruguay para conducir un simple “fitito” hay que demostrar estar en buen estado de salud, conocer y respetar todas las normas de tránsito y hacer una demostración práctica de que está capacitado para conducirlo. Y además no beber alcohol cuando conduce. Todo lo cual está muy bien. En cambio para manejar las empresas más grandes del Estado, de las cuales dependen servicios vitales para el país (combustible, electricidad, agua potable, etc.), donde se manejan enormes capitales, donde se debe ordenar el trabajo de numeroso personal, entre los cuales hay técnicos especializados, etc., etc. no se exige ninguna capacitación personal, teórica ni práctica, ni antecedentes de clase alguna. Basta el apoyo político partidario. Que un número de políticos en el Senado, que en general poco o nada saben sobre cómo se deben manejar esas empresas, den su aprobación. Lo mismo sucede con otros servicios públicos, como en la salud y la enseñanza. Incluso en algunos casos ni siquiera esa aprobación senatorial meramente formal se requiere, como sucede en organismos donde está en juego el interés y la soberanía nacional, como son los casos de la CTM de Salto Grande, la del Río de la Plata y otros. Parece una cosa de locos, pero esa es la realidad.
