El silencio reinó durante varias semanas en torno a uno de los conflictos más grandes del departamento. La situación de los 291 funcionarios cesados por la Intendencia de Salto parecía haber entrado en una pausa. Sin embargo, el gremio aseguró que el reclamo sigue más vivo que nunca y que el objetivo es que se reintegre a todos los funcionarios de forma definitiva a sus lugares de trabajo.
Tras el intenso período de elecciones que vivió ADEOMS con la renovación parcial de la directiva, Juan Carlos Gómez, presidente reelecto del sindicato, en diálogo con Diario El Pueblo, despejó las dudas sobre un posible abandono de la causa.
Explicó que el proceso continúa su curso natural, aunque los tiempos burocráticos suelen ser lentos. La estrategia sindical no varió a pesar del cambio de clima político interno.
Gómez enfatizó que no claudicaron en la utilización de los recursos jurídicos disponibles. El objetivo final sigue siendo encontrar una salida para las familias afectadas.
Las promesas que quedaron en el aire
La angustia de los trabajadores aumentó al recordar los compromisos asumidos por el Ejecutivo antes de los despidos. Previo a concretarse el cese formal, hubo anuncios que generaron expectativas.
El intendente Carlos Albisu había manifestado públicamente una intención clara de revisar situaciones puntuales. Prometió que varios funcionarios serían recontratados por motivos humanitarios y de rendimiento.
Esa declaración pública funcionó como un bálsamo temporal para muchos de los involucrados. Esas recontrataciones anunciadas aún no se realizaron bajo ningún concepto. Todos los cesados permanecen hoy en esa condición, sin novedades desde la administración.
Casos de extrema sensibilidad
Entre los casos que se prometió contemplar figuraban situaciones de salud delicadas. También se habló de personas con discapacidades.
Incluso, se mencionó que aquellos trabajadores con un destacado rendimiento laboral conservarían sus puestos. La promesa abarcaba un espectro amplio de justificaciones para mantener el vínculo.
La organización financiera
Ante este panorama, el gremio reforzó la autogestión. Uno de los puntos más críticos de este conflicto es el costo económico que conlleva.
El presidente contó que se vienen organizando diversas actividades para recaudar dinero. Los propios compañeros cesados participan activamente en estas jornadas de finanzas.
El dinero recaudado servirá para encarar todo el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Este organismo es la última instancia para dirimir la legalidad de los despidos.
Sostener un litigio en Montevideo implica gastos de traslados, timbres y honorarios profesionales elevados. La solidaridad entre los trabajadores se volvió una herramienta fundamental para subsistir.
La espera por Jurídica
Existe una confusión común sobre dónde se encuentra físicamente el reclamo en este momento. Muchos pensaron que el caso ya estaba en manos de los jueces en la capital.
Sin embargo, Gómez aclaró que el reclamo aún no fue presentado ante el TCA. El expediente permanece todavía en la órbita de Jurídica de la Intendencia de Salto.
Esto se debe a los tiempos y pasos procesales. Antes de ir al TCA, se debe agotar la vía administrativa dentro de la comuna.
El sindicato presentó los recursos correspondientes en tiempo y forma ante la administración local. Ahora, deben esperar que la Intendencia responda a esos recursos.
Esta espera no depende de la voluntad del gremio, sino de los plazos de la administración. Es un paso burocrático ineludible para poder avanzar hacia la siguiente etapa.
El camino hacia el TCA
Una vez que la Intendencia conteste —o se venza el plazo para hacerlo— el camino quedará libre. Recién allí quedará habilitada la instancia para elevar el reclamo administrativo ante el TCA.
El gremio se preparó con sus asesores legales para dar ese paso en cuanto sea posible. No existe intención de demorar el trámite más de lo estrictamente necesario.
La acción de nulidad ante el TCA es un proceso técnico y riguroso. Busca demostrar que el acto administrativo de los ceses fue ilegítimo o arbitrario.
Organismos internacionales y pronunciamiento político
Gómez aclaró que la Comisión de Trabajo del Senado fue muy clara y entendió que “hubo una clara violación al convenio colectivo”, pero la misma no tiene facultades para obligar a la Intendencia a que cumpla lo acordado en el convenio o que se ajuste a la ley. Por este motivo es que la instancia ante el TCA será de gran importancia.
Recordó, además, que tienen previsto presentar el reclamo ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
El tema en la agenda pública
El sindicato entiende que el conflicto no puede desaparecer de la discusión diaria de los salteños. Mantener el tema en la agenda pública es una prioridad estratégica para ADEOMS.
La intención es demostrar que no se trata solo de un número en una planilla. Detrás de cada cesantía hay una historia de vida.
