“La justicia no puede ser un peaje: los derechos no se pagan, se ejercen.”
Parece increíble, pero es real.
En la ley de presupuesto hay un artículo perdido que te exigirá pagar, antes de reclamar. Una práctica que nuestros políticos están normalizando y que significa, lisa y llanamente, condicionar el acceso a la justicia para reclamar tus legítimos derechos, a que estés al día con los impuestos que cobra el Gobierno.
El artículo 659 de la ley dispone que para que vos puedas reclamar un alquiler impago, si el inquilino te debe meses, si te destruyeron la casa o simplemente querés hacer valer un contrato, el Estado ahora te pone una condición previa. Antes de hablar con un juez, tenés que demostrar que estás al día con el Impuesto de Enseñanza Primaria.
Nuestros burócratas se pasan la separación de poderes por donde no da el sol. Un impuesto que no tiene absolutamente nada que ver con tu propiedad, con el contrato firmado entre partes, con el conflicto originado ni con tu caso. Pero si no pagas, la puerta de la justicia queda cerrada. No podés reclamar. No podés defenderte. No podés ejercer un derecho básico.
La Justicia, que tanto alarde nos dicen que debe tener acceso universal, que debe ser social, ahora es una justicia reservada para quien estén al día con sus impuestos. La Justicia se transformó en una especie de mostrador de la DGI. El juez, en vez de escuchar tu reclamo, primero tiene que fiscalizar si estás al día con un tributo, y en base a eso dicta su decreto. Te dirá “adelante” si los números están bien o te dirá “no puedes venir aquí si antes no cumples con tus obligaciones impositivas”. El viejo, injusto y perimido adagio del “pague primero y después reclame.
De esta forma, un robo legalizado que no es otro caso que los impuestos, se convierten en limitantes de tu derecho a acceder a la Justicia. El Gobierno incurre así en dos actos inmorales: el saqueo primero, la restricción después.
La justicia funciona hoy como un peaje: si pagás, avanzás. Si no pagás, volvés al fondo de la fila, aunque tus derechos estén siendo completamente vulnerados, aunque estés siendo perjudicado, aunque dependas de ese alquiler para vivir.
Lo peor es que esta exigencia solo cae sobre vos. El inquilino moroso, el que esta en falta, el injusto, el incumplidor es el que se beneficia de todo ello. Un mensaje nefasto. pues no tiene que presentar nada extra. Es decir, la lógica inmoral de estos tipos que hacen las leyes es decirte, “estas jodido”, “no me importa si no puedes comer porque no te pagan el alquiler o no puedes pagar el medicamento que necesita tu hijo, no vas a poder recuperar tu propiedad o exigir el cumplimiento del contrato y te paguen hasta que no te pongas al día, si no me cumplís a mi, ahora tampoco puedes acceder a la Justicia”. Un verdadero atropello. Otro más, de nuestras amadas “democracias”….y van!
Mientras el incumplidor, el injusto, no tiene que demostrar nada, no tiene que cumplir ninguna condición adicional, es sobre vos que recaen todas las obligaciones. Solo vos. Siempre vos. El que alquila, el que invierte, el que paga, el que sostiene. Desde hace tiempo en este país se castiga al que cumple, y esta medida lo confirma de la forma más brutal.
Esto es control. Esto es abuso. Esto es un Estado que se coloca por encima de los derechos de la gente y decide cuándo podés defender lo que es tuyo. Es una intromisión peligrosa, porque marca un precedente: si hoy condicionan tu acceso a la justicia por un impuesto, mañana pueden condicionarte por cualquier otra cosa. Y cada día será peor.
Lo más triste es que muchos uruguayos ven normal que la justicia sea un filtro fiscal. Pero no lo es, porque no tiene nada de normal que tus derechos dependan de un impuesto. No es normal que los burócratas piensen que tienen derecho a bloquearte el acceso a lo que debería ser sagrado: la defensa de tu propiedad y de tu dignidad.
Por eso hay que decirlo con claridad: la justicia no puede ser un impuesto. La justicia no puede ser un privilegio para unos pocos. La justicia no puede ser un arma en manos del Estado.
Es un derecho básico que tenemos que ejercer con independencia de cuestiones impositivas, y también defender, antes de que nos lo terminen de quitar del todo.