La Junta Departamental de Salto aprobó el presupuesto quinquenal y autorizó la regulación de aplicaciones como Uber y Cabify con diferentes mayorías en sala.
En la sesión ordinaria realizada en la noche de ayer, la Junta Departamental de Salto aprobó dos temas clave que formaban parte del orden del día: el presupuesto quinquenal del deliberativo y la autorización para que las plataformas digitales de transporte de pasajeros puedan operar en el departamento. Si bien ambos proyectos resultaron aprobados por la totalidad de los ediles presentes en el momento de la votación, las mayorías en sala fueron diferentes.
El presupuesto quinquenal de la corporación recibió la aprobación definitiva tras haber sido devuelto por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sin ningún tipo de observaciones. El documento técnico y legal del organismo de contralor validó las previsiones financieras de los ediles, lo que permitió su votación en el plenario. Finalmente, el presupuesto terminó siendo aprobado por 20 votos en 20 ediles presentes, debido a que los representantes de la oposición se retiraron de la sala antes de que se efectuara el sufragio. De esta manera, el nuevo presupuesto para la institución quedó oficialmente vigente y activo para el presente período.
El otro punto central de la jornada fue la habilitación de las aplicaciones de movilidad urbana a través de plataformas tecnológicas. Este proyecto, que venía siendo discutido desde hacía varios meses debido al impacto y la controversia en torno a la llegada de empresas multinacionales como Uber o Cabify, se aprobó por 22 votos en 22 ediles presentes. Para alcanzar este resultado, la iniciativa contó con el respaldo clave de los ediles del Frente Amplio, Furtado y Albarenque, quienes acompañaron el proyecto en el plenario. La resolución votada modifica la normativa local y faculta formalmente a la Intendencia de Salto a incorporar estas nuevas modalidades de transporte al sistema del departamento.
Sin embargo, las autoridades de la corporación aclararon que la votación de anoche no implica que los vehículos de estas aplicaciones ya estén habilitados para circular de forma inmediata en las calles de la ciudad de Salto. La resolución aprobada por el legislativo fija el marco legal general, pero traslada la responsabilidad directa al gobierno departamental para que diseñe la normativa específica del servicio.
A partir de ahora, el Poder Ejecutivo local tiene en sus manos la tarea de elaborar y redactar la reglamentación que determinará las condiciones operativas de las plataformas. La Intendencia de Salto deberá definir los requisitos que se les exigirán a los conductores y a los vehículos, tales como la antigüedad de los rodados, las libretas de conducir habilitantes, las pólizas de seguro necesarias para el traslado de pasajeros y el esquema de tributación o tasas que las empresas de transporte deberán abonar a la comuna para poder trabajar de manera regular.
Para cumplir con la redacción y posterior publicación de este decreto reglamentario, el gobierno departamental dispone de un marco temporal estricto. Según quedó establecido en el texto aprobado por el plenario de la Junta, la Intendencia cuenta con un plazo máximo y perentorio de sesenta días corridos para presentar el reglamento final. Durante este lapso, las aplicaciones continuarán inhabilitadas hasta que el Ejecutivo comunal publique la normativa definitiva y abra los registros de inscripción correspondientes para choferes y empresas.
COMUNICADO DE PRENSA
La Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad su Presupuesto para el período 2026-2030
En la sesión celebrada en el día de hoy, la Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad el Presupuesto General de Sueldos y Gastos correspondiente al período 2026-2030, culminando el procedimiento constitucional previsto para la aprobación del principal instrumento de planificación y funcionamiento del organismo.
El Presupuesto había sido aprobado en forma provisoria mediante Decreto N.º 7.755 y posteriormente remitido al Tribunal de Cuentas de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución de la República. Emitido el dictamen constitucional correspondiente, el Plenario procedió a su aprobación definitiva.
Este presupuesto establece el marco económico y financiero que permitirá el normal funcionamiento de la Junta Departamental durante el período de gobierno 2026-2030, asegurando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos constitucionales y legales, dentro de los principios de responsabilidad, legalidad y buena administración.
La aprobación por unanimidad reviste una especial importancia institucional. En un órgano deliberativo donde convergen distintas visiones y sensibilidades políticas, alcanzar un acuerdo unánime sobre el presupuesto del organismo constituye una clara demostración de diálogo, responsabilidad y compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Este consenso refleja la voluntad de priorizar el correcto funcionamiento de la Junta Departamental por encima de las diferencias, reafirmando el valor de los acuerdos cuando están en juego los intereses de la institución y de la ciudadanía.
La Junta Departamental de Salto reafirma, de esta manera, su compromiso con una gestión responsable, transparente y eficiente, orientada al fortalecimiento institucional y al servicio de todos los salteños.
