El cuerpo legislativo departamental emitió una minuta de comunicación con recomendaciones clave sobre endeudamiento, obras prioritarias y mecanismos de control.
La Junta Departamental de Salto analizó el Asunto número quinientos cuarenta y siete del año dos mil veinticinco, mediante el cual el Ejecutivo Departamental solicita autorización para constituir un financiamiento de largo plazo destinado a la ejecución de obras y a la reestructura de pasivos, comprometiendo recursos futuros del Gobierno Departamental.
Prioridades sociales y límites al endeudamiento
En ese marco, los ediles del Frente Amplio presentaron un conjunto de propuestas orientadas a garantizar criterios de responsabilidad fiscal, priorización social y transparencia en el uso de los recursos públicos. Dichas propuestas fueron objeto de análisis e intercambio entre los integrantes del cuerpo, dando lugar a una posición consensuada que quedó plasmada en un proyecto de resolución aprobado por la Junta.
El texto aprobado subraya la necesidad de adoptar un criterio de prudencia fiscal, evitando niveles de endeudamiento superiores a los estrictamente necesarios y resguardando la sostenibilidad financiera del Gobierno Departamental. Asimismo, se establece que la inversión pública debe priorizar intervenciones sociales de alto impacto real, especialmente aquellas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del departamento.
Control, transparencia y obras estratégicas en el foco de la Junta
Uno de los ejes centrales planteados es la intervención en asentamientos, considerada una prioridad estructural para Salto. En ese sentido, se recomienda que el financiamiento incorpore de forma expresa este componente, iniciando al menos en tres asentamientos seleccionados mediante criterios técnicos, con abordajes integrales que contemplen infraestructura básica y procesos de regularización.
Al mismo tiempo, la Junta entiende pertinente mantener dentro del financiamiento determinadas obras consideradas estratégicas por su impacto social, ambiental y territorial. Entre ellas se mencionan la Piscina de Belén, las obras viales de carácter estructural y la reconversión del vertedero municipal.
Otro aspecto relevante del pronunciamiento es la creación de mecanismos institucionales de control y transparencia. En ese sentido, se recomienda la conformación obligatoria de una Comisión de Seguimiento del financiamiento a largo plazo, integrada por ediles de la Coalición Republicana y de la oposición, alcaldes de distintos partidos políticos, así como técnicos designados por la Junta Departamental y la Intendencia. Esta comisión deberá contar con acceso a la información financiera y de ejecución, facultades de fiscalización y la obligación de publicar informes trimestrales.
Asimismo, se plantea que los llamados públicos de financiamiento incluyan cláusulas obligatorias de transparencia y control, que aseguren el uso adecuado de los recursos y una rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía.
