La Intendencia de Salto estableció prioridades de obras, creó una comisión de seguimiento y fijó cláusulas de transparencia para el financiamiento de largo plazo.
La Intendencia de Salto aprobó una resolución que define criterios, prioridades y mecanismos de control para el proceso de financiamiento de largo plazo autorizado por la Junta Departamental. La medida toma como base el decreto y la resolución votados a mediados de diciembre y recoge una serie de recomendaciones formuladas desde el ámbito legislativo departamental, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad fiscal, la transparencia y el impacto social de las inversiones previstas.
El texto reconoce expresamente los aportes realizados por la Junta Departamental de Salto, en particular los contenidos en la Resolución cuarenta y seis de dos mil veinticinco, surgidos a iniciativa de ediles del Frente Amplio. Dichas propuestas fueron analizadas junto al Ejecutivo y valoradas como insumos relevantes para establecer los lineamientos generales del proceso de financiamiento.
Desde el Ejecutivo se reafirma que la conducción de la gestión financiera debe realizarse con criterios de prudencia fiscal y transparencia, priorizando tanto el cumplimiento de las obligaciones con acreedores como aquellas intervenciones de alto impacto social. En ese marco, la resolución establece que el financiamiento deberá contemplar obras consideradas estratégicas para el desarrollo del departamento, entre ellas la Piscina de Belén, obras viales de carácter estructural y la reconversión del Vertedero Municipal, por su incidencia comunitaria, territorial y ambiental.
Uno de los puntos centrales del documento es la creación de una Comisión de Seguimiento del Financiamiento de Largo Plazo. Este ámbito tendrá carácter consultivo y de contralor, y estará integrado por un edil de la Coalición Republicana, un edil de la oposición, un técnico designado por la Junta Departamental y dos representantes de la Intendencia de Salto. La comisión contará con acceso a la información financiera y de ejecución de las obras y deberá elaborar informes de carácter trimestral, fortaleciendo así el control institucional y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Asimismo, la resolución dispone que todos los llamados públicos, contratos y actos administrativos vinculados al financiamiento incorporen cláusulas específicas de transparencia, control y rendición de cuentas. Este lineamiento busca dotar al proceso de mayor solidez técnica, legitimidad institucional y respaldo ciudadano, en un contexto donde la utilización de recursos públicos exige estándares cada vez más elevados de claridad y control.
Con esta decisión, el Ejecutivo departamental procura ordenar el proceso de financiamiento a largo plazo bajo reglas claras, con prioridades definidas y mecanismos de seguimiento que aseguren que los recursos se traduzcan en obras concretas y beneficios tangibles para los salteños en todo el territorio.
