La depresión es una emergencia de salud pública en Uruguay. Urgen políticas de Estado, recursos reales y acceso equitativo a la atención en salud mental.
Jonnathan Aramburo
Vicepresidente
Junta Departamental de Salto
El pasado 13 de enero se recordó —algunos hablan de celebración, yo prefiero tenerlo presente— el Día Mundial contra la Depresión. Un trastorno mental que presenta una de las mayores alertas en torno al gran problema de la salud mental en nuestra gente.
Mucho estigma existe hoy en día sobre este tema; mucha relativización de que sentirse triste, sentirse deprimido o vivir en modo automático, con cierta apatía emocional, es algo circunstancial y pasajero. Lo cierto es que no es así. Es un tema que debería ser de consideración prioritaria, de emergencia para la salud pública.
Como consta en todo lo que he manifestado públicamente a lo largo de estos años en los que me encuentro sometido a la opinión pública, mucho hemos presentado a nivel legislativo tratando de tener una voz en estos temas.
El pasado 17 de julio del año anterior presenté una exposición de motivos para que fuera considerada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y por la Comisión de Salud del Parlamento, en lo que sería la previa a la discusión del presupuesto. En dicha oportunidad me dirigí a la ministra Lustemberg con la finalidad de poder hacer de la salud mental una cuestión de Estado y que no termine —como muchas veces pasa— en eslóganes, discursos panfletarios y gastos millonarios en campañas de concientización, muy valiosas, pero que no se sostienen únicamente con publicidad. Al momento, desde la Comisión de Salud del Parlamento, lo único que he recibido fue un acuse de recibo.
El Estado uruguayo tiene que ser garante de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, defender y bregar por el más importante de ellos: la vida y la salud. No puede ser que, por el desborde del Estado en buscar una solución a este flagelo, tengan que surgir tan dignas y nobles iniciativas privadas —muchas de ellas honorarias— para dar respuesta a personas que no cuentan con los recursos económicos para afrontar un problema tan preocupante. No puede ser —y hablo con total autoridad— que, siendo usuario de ASSE, tengas que esperar cuatro meses, en el mejor de los casos, para poder acceder a un profesional.
Una vez más, vemos que corren con mejor suerte quienes podemos sortear estos temas con un profesional privado. Inadmisible.
Uruguay sigue teniendo la tasa de suicidios más alta de la región: un 75 % corresponde a hombres y un 25 % a mujeres, predominantemente en edades jóvenes y en adultos mayores. Vaya si es importante asignar recursos para dar respuestas.
Existen leyes, como la Ley de Salud Mental N.º 19.529, o el mencionado Programa de Salud Mental que se viene implementando, que considero necesario destacar. Pero insisto: como Estado uruguayo tenemos la responsabilidad de encontrar una solución urgente, que va más allá de campañas de concientización, donde muchas veces se gasta mucho dinero y los resultados no se ven. Cabe agregar que, durante la última campaña electoral, este fue un tema prioritario para muchos partidos.
Espero que esta expresión de deseo se transforme en una prioridad a partir de este año, más aún con un presupuesto en el que se priorizó ampliamente este tema. Ojalá las autoridades ministeriales y las autoridades políticas de turno, en definitiva, estén a la altura de sus promesas de campaña y podamos dar respuestas sin mirar el termómetro electoral.
