Pablo Constenla cuestiona la actuación de la JUTEP y plantea si la transparencia y la ética pública se aplican con el mismo criterio en todos los casos.
PABLO CONSTENLA
Diputado Partido Nacional
2025-2030
Transparencia y ética pública: ¿depende del cristal político con que se mide?
El riesgo de una ética pública selectiva
La transparencia y la ética pública son fundamentales para la democracia. Pero justamente por eso, los organismos encargados de velar por ellas deben actuar con equilibrio, objetividad y el mismo criterio para todos. Cuando eso no ocurre, se genera una sensación peligrosa: que algunas situaciones se juzgan con dureza extrema y otras con mucha más cautela.
En Salto hemos visto recientemente una actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública que, sinceramente, deja muchas dudas. Se manejaron conceptos extremadamente graves, incluso asociados públicamente a corrupción y nepotismo, sin valorar debidamente informes jurídicos existentes ni aspectos básicos de la normativa aplicable.
Porque la norma es clara respecto a los cargos de particular confianza. Y además, en el caso cuestionado por la JUTEP —referido a la designación del director de Obras de la Intendencia de Salto, hijo del secretario general— no existe jerarquía directa entre ambos cargos. Se quiso instalar una situación como si automáticamente implicara una irregularidad grave, cuando existen fundamentos jurídicos sólidos en sentido contrario.
Pero además hay otro elemento particularmente preocupante. Según surge de las propias actuaciones conocidas, informes jurídicos internos de la propia JUTEP no habrían sostenido categóricamente la existencia de corrupción en este caso. Incluso, en distintas instancias del expediente, los cuerpos técnicos habrían marcado diferencias importantes respecto a los calificativos finalmente utilizados en las resoluciones públicas.
Y eso debería llamar seriamente la atención.
Porque una cosa es discutir interpretaciones administrativas o constitucionales. Otra muy distinta es avanzar hacia condenas éticas o políticas de enorme impacto público sin una base técnica unánime que las respalde claramente.
Nadie puede sostener seriamente que existió beneficio económico indebido, ocultamiento o aprovechamiento personal en el caso del gobierno departamental encabezado por Carlos Albisu.
Y lo más llamativo es que en Uruguay han existido antecedentes políticos y administrativos discutibles o debatibles que nunca tuvieron el mismo nivel de exposición pública ni semejante severidad discursiva. Incluso considerando diferencias normativas y contextuales entre distintas épocas, resulta evidente que algunas situaciones generan reacciones mucho más duras que otras.
Eso es justamente lo que alimenta la percepción de una ética pública aplicada con criterios selectivos.
Por eso preocupa todavía más lo que sucede hoy en la Comisión Investigadora de Diputados por la compra del campo “María Dolores” por parte del Instituto Nacional de Colonización.
En esa comisión fui quien solicitó formalmente que se consultara a la JUTEP por posibles incompatibilidades vinculadas al artículo 200 de la Constitución. Lo hicimos luego de conocerse que al director por la oposición en el INC, Dr. Luca Manassi, se le negara la posibilidad de realizar un informe jurídico interno sobre este tema.
Estamos hablando de hechos mucho más delicados. El ex presidente del INC, Eduardo Viera, omitió informar su calidad de colono en el currículum presentado al Senado para solicitar su venia. A eso se suma la situación de la directora Karina Henderson, quien siendo colona transfirió posteriormente la cotitularidad al esposo.
Sin embargo, lejos de impulsarse un análisis profundo, se decidió no avanzar siquiera en el informe jurídico solicitado por la oposición.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿la ética pública y la transparencia se aplican con la misma vara para todos?
Porque cuando algunos casos merecen titulares, calificativos agravantes y condenas anticipadas, mientras otros generan silencio o cautela extrema, lo que termina dañándose es la confianza de la ciudadanía en las propias instituciones.
Y cuando la ciudadanía percibe que el cristal cambia según quién esté del otro lado, la confianza en las instituciones empieza a deteriorarse.
