La auditoría del Tribunal de Cuentas de la República, realizada a pedido de la Junta Departamental de Artigas, detectó que se pagaron $ 52,7 millones de horas extras irregulares a 53 funcionarios de un total de $326.934.704 en horas extras que se pagaron entre diciembre de 2020 a noviembre de 2023.
El Tribunal de Cuentas de la República ha revelado un informe alarmante sobre la Intendencia de Artigas, donde se constataron pagos irregulares de 52 millones de pesos en horas extras a 53 funcionarios entre 2020 y 2023. Esta situación fue el resultado de una auditoría solicitada por la Junta Departamental en diciembre de 2023, debido a la preocupación por la “generación y pago de horas extras, así como de compensaciones por mayor horario”.
Según el informe, se pagaron un total de 327 millones de pesos en horas extras durante este período, con una notable falta de controles y justificaciones adecuadas para estos pagos. Las irregularidades se atribuyen a la ausencia de normas reglamentadas antes de su aplicación, así como a la falta de separación de funciones y escasa rotación de funcionarios.
La auditoría destacó que el entorno de trabajo en la Intendencia carecía de un control eficaz. Esto se debió a la indefinición de responsabilidades y tareas, junto con un sistema de registro manual que facilitó la falta de control. Además, el Tribunal subrayó que el presupuesto departamental de 2020-2025, aprobado en 2021, presentaba normas imperfectas que permitieron la liquidación de horas extraordinarias sin un seguimiento adecuado.
Los casos más notorios incluyen a funcionarios que cobraron horas extras incluso estando de licencia, y aquellos que realizaron más de 100 horas extras mensuales sin justificación. En particular, la auditoría mencionó a Stefani Severo, quien cobró 1.493.378 pesos en horas extras irregulares, y otros funcionarios que recibieron pagos sin la debida autorización o con registros de tiempo deficientes.
El Tribunal de Cuentas ha recomendado iniciar investigaciones administrativas para determinar responsabilidades y evaluar la legalidad de las compensaciones y horas extras asignadas. El informe también señala que se han implementado algunas medidas correctivas desde marzo de 2023, aunque persisten importantes debilidades en el sistema de control interno.
Este informe ha sido remitido a la Asamblea General, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, lo que sugiere que la situación en la Intendencia de Artigas podría tener consecuencias legales significativas.
