Una columna de opinión que cuestiona el rol del Estado y sostiene que sus privilegios, regulaciones y diferencias legales profundizan la desigualdad.

EL ESTADO:

EL MAYOR GENERADOR DE DESIGUALDAD EN UNA SOCIEDAD

Décadas y décadas hemos sido adoctrinados en la religión del Estado: infalible, perfecto, equitativo. Nos enseñaron que es el gran protector de la sociedad, el garante de la justicia y el encargado de corregir las desigualdades que surgirían espontáneamente entre las personas.

Pero resulta que el Estado está integrado por burócratas y políticos. Esos mismos que criticamos por corruptos, ineficientes, despilfarradores e inmorales en cada asado, reunión familiar o publicación en redes sociales. Son exactamente los mismos. Sin embargo, por alguna extraña razón, nuestra estructura mental nos impide asociar al Estado con quienes lo gestionan y administran.

Y los entiendo.

Son más de cien años, varias generaciones, machacando la mente del uruguayo, adoctrinándolo en la idea de que esa religión estatal paternalista es tan necesaria como bondadosa, en la creencia de que el bienestar surge de los despachos públicos y que la prosperidad nace de las decisiones de quienes ocupan cargos políticos.

En pleno siglo XXI es necesario que ese adoctrinamiento llegue a su fin.

El poder político ha conseguido que desvíes la mirada y culpes al mercado, al empresario, al emprendedor y al capitalismo. Es decir, a todo aquello que genera riqueza, inversión, innovación y prosperidad genuina. Te han convencido de que el desarrollo proviene de las poltronas ocupadas por burócratas que pretenden dirigir la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez.

Sin embargo, es duro reconocer el engaño y comprender que el Estado no es solamente el mayor empobrecedor de la sociedad y el mayor destructor de la familia natural, sino también el principal generador de desigualdad.

¿Por qué?

Porque es el único que posee el monopolio de la ley. Y cada vez que utiliza ese poder para otorgar privilegios a unos y cargas a otros, destruye la igualdad ante la ley y divide a la sociedad en categorías diferentes de ciudadanos.

Lo hace todos los días, aunque ya casi no lo notemos. Tan acostumbrados estamos que terminamos aceptando esas desigualdades como si fueran algo natural.

Por eso vale la pena observar algunos ejemplos sencillos y cotidianos que solemos tener delante de nuestros ojos sin verlos.

Comencemos por la desigualdad más evidente de todas: la de gobernantes y gobernados.

Por un lado, están los ciudadanos que trabajan, producen, pagan impuestos y sostienen todo el sistema. Por otro lado, están los políticos, que viven de esos recursos, se autorregulan, se fijan privilegios, administran el dinero ajeno y dictan las normas que los demás deben obedecer.

Así nace una verdadera casta política: una categoría privilegiada financiada por aquellos sobre los que ejerce poder. Los gobernantes viven de los gobernados. Y los gobernados pagan para mantener a quienes los gobiernan.

¿Quién creó esa división entre opresores y oprimidos?

El Estado, a través de la ley.

Pero no hace falta llegar a las altas esferas del poder para observar estas desigualdades.

Pensemos en dos personas que trabajan. Una es funcionaria pública. La otra trabaja en el sector privado. Mientras la primera goza de estabilidad laboral, solo puede ser removida mediante un sumario y accede a beneficios que no existen para la mayoría de los trabajadores, la segunda puede perder su empleo mañana mismo y vive bajo una incertidumbre permanente.

¿Quién creó esa diferencia entre dos trabajadores?

El Estado.

La misma lógica aparece cuando observamos a dos mujeres embarazadas. Una trabaja en relación de dependencia o para el propio Estado. La otra tiene un almacén, trabaja por cuenta propia o presta servicios de forma independiente.

Mientras la primera accede a licencia maternal paga y diversos beneficios establecidos por la legislación, la segunda debe trabajar hasta el parto y, cuando se ausenta para criar a su hijo, deja de generar ingresos.

La paradoja es brutal: la mujer que trabaja por cuenta propia y paga impuestos contribuye a financiar los beneficios que recibe la otra y que ella misma no tiene.

¿Quién creó esa diferencia entre mujeres embarazadas?

El Estado.

Dos personas generan exactamente el mismo ingreso. Una trabaja en relación de dependencia. La otra trabaja por cuenta propia o tiene un pequeño negocio.

Mientras la primera recibe aguinaldo, salario vacacional, seguro de desempleo y otros beneficios derivados de la legislación laboral, la segunda no recibe nada de eso y, si se funde, tampoco cuenta con ninguna protección.

¿Quién creó esa diferencia entre laburantes?

El Estado.

Y aquí aparece la ironía más grande de todas.

El almacenero, el emprendedor, el trabajador independiente y el pequeño comerciante, que no reciben aguinaldo, salario vacacional, seguro de desempleo ni estabilidad laboral, son quienes con sus impuestos y con cada producto que consumen ayudan a financiar esos mismos beneficios para otros.

Los excluidos del privilegio terminan pagando el privilegio.

¿Quién creó esa paradoja?

El Estado.

Pero las desigualdades creadas por el Estado también alcanzan uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad libre: la Justicia.

Cuando un hombre puede ser castigado a partir de una denuncia sin pruebas suficientes, mientras denuncias equivalentes reciben tratamientos distintos según quién las formule; cuando se crean mecanismos especiales para determinadas categorías de ciudadanos y la Justicia deja de mirar individuos para mirar sexo o género, la igualdad ante la ley desaparece.

¿Quién creó esa diferencia en la aplicación de la Justicia?

El Estado.

Lo mismo ocurre con la valoración jurídica de la vida humana.

Cuando la ley establece agravantes especiales según el sexo de la víctima, y considera femicidio el asesinato de una mujer a manos de un hombre, pero no establece una agravante equivalente cuando la víctima es un hombre, la ley deja de valorar la vida humana de manera uniforme.

¿Quién creó esa diferencia en el valor de las vidas humanas?

El Estado.

Y así llegamos a la desigualdad más profunda de todas. La más brutal. La más irreversible.

Aquella que separa a los seres humanos entre quienes reciben protección jurídica y quienes no.

Cuando el Estado convierte en un derecho la eliminación de una vida humana en gestación, establece que algunos seres humanos merecen protección y otros no. Que unos tienen derecho a vivir y otros quedan excluidos de esa protección.

¿Quién creó esa diferencia en el valor de la vida humana?

El Estado.

Y aquí aparece la mayor ironía de todas.

Los mismos que crean estas desigualdades desde la cúspide del poder son quienes luego se presentan como defensores de la igualdad. Los mismos que otorgan privilegios, exoneraciones, fueros, beneficios especiales, monopolios legales y categorías diferenciadas de ciudadanos son quienes después señalan al mercado, a los empresarios o al capitalismo como responsables de las desigualdades sociales.

La desigualdad más profunda no es la que existe entre ricos y pobres. Ni entre empresarios y trabajadores. Ni entre hombres y mujeres.

La desigualdad más profunda es la que existe entre quienes tienen el poder de escribir las reglas y quienes están obligados a obedecerlas. Entre quienes viven del poder y quienes lo financian. Entre quienes reparten privilegios y quienes pagan por ellos.

Es hora de verlo. Es hora de despertar.

Porque no existe mayor generador de desigualdad en una sociedad que el Estado.