La situación de pandemia actual no sólo generó en nuestro país una crisis sanitaria sino también social y económica, siendo una de sus manifestaciones más claras, el surgimiento casi inmediato de las ollas populares. En nuestro departamento llegaron a ser más de 60, con un funcionamiento entre 3 y 5 veces a la semana. Este hecho, además de otras vulnerabilidades, puso en evidencia la dificultad que importantes sectores de nuestra población tienen para acceder a una alimentación digna.
En las señales que viene dando el Gobierno Nacional no se avizora una salida en cuanto al manejo de la economía lo que hace necesario que la Intendencia de Salto cumpla un rol en la contención social y protección de las personas.
Parte de esta contención se ha venido realizando a través de ollas populares, algunas gestionadas en conjunto por la Intendencia, organizaciones sociales y vecinos que solidariamente colaboran de diferentes formas, pero es necesario darle forma más permanente a esta situación. Una de las cuestiones a resolver está en cómo organizar el servicio alimentario para personas carentes, a fin de que llegue al mayor número de la manera más eficaz y al menor costo.
Crear un único comedor en un único lugar, además del tiempo que requiere y la inversión en dinero que implica la construcción para el montaje de la cocina y las demás áreas de servicios necesarias, implica la gestión del mismo a lo largo del tiempo y contar con recursos humanos capacitados para preparar los alimentos y servir en gran escala, lo que llevaría a que solamente pudieran hacerlo empresas grandes.
Pero, a eso se suma la dificultad que tiene la accesibilidad a un único punto dentro de la ciudad, haciendo que sea muy difícil el acceso a los más desprotegidos, familias numerosas, personas ancianas, personas enfermas o con dificultades de traslado o personas de fuera de la ciudad de Salto, dificultades que no son salvables aun contando con transporte gratuito.
Esto lleva a pensar en la necesidad de contar con múltiples puntos de atención a lo largo y ancho del territorio del departamento de Salto.
Para ello proponemos aprovechar la infraestructura ya existente; que son los múltiples, clubes deportivos, comercios, cantinas, comercios, salones parroquiales, incluso emprendimientos familiares, que en los más diversos puntos de la ciudad, sus barrios y de otras localidades, se dedican a elaborar y vender comida.
De esa forma se ahorra todo el costo de instalación y de funcionamiento en insumos, sueldos, cargas sociales y controles y se evita una compleja administración.
La intervención pública se limitaría a definir los beneficiarios del servicio y quienes estarían en condiciones de brindarlo, para lo cual se requiere contar con un pequeño grupo de Trabajadores Sociales y Nutricionistas, que deberán seleccionar los beneficiarios, estableciendo contraprestaciones cuando sea necesario, y controlar el cumplimiento del servicio dentro de los parámetros establecidos, en cuanto a higiene de los procesos de elaboración y entrega y
cantidad y calidad de los alimentos.
Los mismos beneficiarios pagarían directamente el servicio a los prestadores mediante tickets (o algún sistema similar) proporcionado por el organismo público y levantarían la comida preparada en los lugares habilitados. Se pagaría exclusivamente la comida, sin ningún adicional, como ser envase o envío a domicilio.
La ciudad, todos sus barrios y localidades del interior del Departamento, quedarían cubiertos por el servicio. Siempre habrá algún proveedor cercano al domicilio del beneficiario, el cual además podrá consumir la comida en el seno de su propio hogar.
Con esta propuesta el dinero a invertir será notoriamente menor. No habrá costo alguno de instalación. Para el funcionamiento sólo deberá cubrirse el precio de los tickets y honorarios de asistentes sociales y nutricionistas.
Además de los propios usuarios del servicio, también se beneficiarán pequeños comercios y gente modesta, que ha hecho de la venta de comida su medio de vida. Incluso, parte del dinero que recibirán como pago regresará a las arcas públicas por los pagos de contribuciones, patentes, carnets de salud y otros tributos.
Con esta propuesta, entendemos que una menor cantidad dinero brindará un servicio muy superior y tendrá un efecto redistributivo mayor en la economía del departamento. En vez de ser una carga muerta para los contribuyentes, se creará una fuente de trabajo productiva que ayudará a reactivar la economía.
Por lo anteriormente expuesto, solicito pase el proyecto con esta propuesta a estudio en la comisión «DERECHOS HUMANOS, DESARROLLO SOCIAL Y GÉNERO».
Prof. Gabriel Scabino
Edil Departamental del Frente Amplio
