El actual gobierno departamental está a dos semanas de cumplir su cuarto mes de gestión, quedándole aún poco más de 56 meses por delante. Está bien que la oposición cumpla con su función de controlar al Ejecutivo, aunque en realidad esa facultad constitucional no pertenece exclusivamente a la oposición, sino que se trata de una potestad constitucional dirigida a todo el legislativo, es decir que si ediles oficialistas necesitaran realizar pedidos de informes o convocar a comisión a distintos integrantes del gobierno, pueden hacerlo también.
Pero lo cierto es que apenas vamos tres meses de gobierno y el Intendente Albisu ya ha sido llamado a sala en dos oportunidades y justo ayer se amagó en algunos medios con la posibilidad de pedir un juicio político contra su persona debido al informe de la JUTEP.
Nada de lo que está proponiendo la oposición como estrategia va por fuera de lo previsto en la legislación vigente. Acá se trata de analizar más una cuestión de estrategia política. Veamos.
Si ésta es la intensidad que trata de imponer infructuosamente la oposición contra el gobierno departamental, no queremos imaginar cuál será el nivel del debate político dentro de 26 meses cuando se alcance la mitad del mandato, mucho menos podemos imaginarnos lo que estará ocurriendo en 2030 en plena campaña electoral. A qué nos referimos, que si la oposición no baja un poco el ritmo, corre el riesgo de llegar con poca fuerza cuando sea el momento de hacer verdadera demostración de ella.