Tal como estaba previsto, anoche sesionó la Junta Departamental de manera extraordinaria a los efectos de “autorizar a la Intendencia de Salto a constituir un financiamiento a largo plazo” de hasta 60 millones de dólares. Con los 18 votos de los ediles de la Coalición Republicana, 3 votos de ediles del Frente Amplio más un voto de una edila independiente, se alcanzaron 22 votos, uno más del requerido constitucionalmente para poder generar el endeudamiento hasta por 20 años.
A los votos del oficialismo se sumaron los de los ediles frenteamplistas Gladys Martínez, Eduardo Varela Minutti y Analía Fernández, además del voto de la edila escindida de la coalición de izquierdas Nilda Díaz López.
Previo al inicio de la votación en general, que a solicitud del edil opositor Juan Pablo Rocca debió realizar de manera nominal, existió muy poco intercambio entre los ediles argumentando sus posiciones, pese a que luego al momento de votar, gran parte de estos solicitaron fundamentar su voto y ahí expresaron las razones de su decisión de acompañar y de no hacerlo al planteo formulado por el Ejecutivo.
PAGAR DEUDAS Y EJECUTAR OBRAS
Uno de los momentos más esperados era saber quiénes terminarían votando por fuera de la coalición de gobierno de manera favorable la solicitud de la Intendencia de Salto, cobrando especial énfasis el voto de la edila Analía Fernández, esposa del exintendente Andrés Lima. Es por eso que compartimos su fundamentación.
“Hoy nos convoca la solicitud realizada por el Ejecutivo Departamental -comenzó diciendo Fernández- referida a realizar las acciones necesarias para constituir un financiamiento a largo plazo con el objetivo de reestructurar el pasivo. O dicho de forma más sencilla, con el objetivo de pagar deudas y al mismo tiempo ejecutar obras en el departamento. Entendemos que el departamento necesita esta inyección de recursos que permitan ejecutar obras tan necesarias como la avenida Oribe, la avenida Rodó, avenida Concordia, avenida Pascual Harriague, la reconversión del vertedero municipal, obras en el interior de Salto y otras obras de infraestructura en la propia ciudad. Cordón cuneta, bitumen, carpeta asfáltica, hormigón, etcétera”.
“Estamos convencidos que para el estricto y fiel cumplimiento de este plan de obras y el pago de pasivos es imprescindible la creación de una comisión de seguimiento del financiamiento a largo plazo. La comisión debe tener como cometido acceder a la información financiera, disponer de la información sobre ejecución de obras e incluso proponer nuevas obras para Salto. Dicha comisión de seguimiento debe contar también con facultades de fiscalización y publicar informes trimestrales. En estas condiciones vemos positivo para Salto el presente financiamiento para ejecución de obras y pago de pasivos”.
TELÉFONO PARA ALBISU
En relación con la fundamentación del voto de la edila Fernández, luego de concluida la votación se dio lectura por Secretaría de una solicitud de Minuta de comunicación presentada por los 4 ediles que sumaron sus votos a la CORE, que fue votado en virtud de este acuerdo por los mismos 22 ediles que votaron el financiamiento. EL PUEBLO comparte lo medular de la minuta que se aprobó enviar al Intendente Carlos Albisu.
“La Junta Departamental de Salto manifiesta al Ejecutivo Departamental la necesidad de que los mecanismos de financiamiento que impulsen se ajusten a criterios estrictos de responsabilidad fiscal, priorización social y transparencia recomendando, en particular: A) incorporar de forma expresa la intervención en asentamientos como eje prioritario del financiamiento iniciando en, al menos, tres asentamientos seleccionados por criterios técnicos con abordajes integrales en infraestructura básica y regularización. B) mantener dentro del financiamiento obras de impacto comunitario y estratégicos tales como la piscina de Belén, las obras viales estructurales y la reconversión del vertedero municipal. C) crear con carácter obligatorio una comisión de seguimiento del financiamiento a largo plazo con integración de dos ediles de la coalición republicana, dos ediles de la oposición, dos alcaldes, uno por cada partido político representado en la Junta Departamental, así como técnicos designados por la Junta Departamental y la Intendencia, con acceso a la información financiera y de ejecución, facultades de fiscalización y publicación de informes trimestrales. D) incluir en los llamados públicos correspondientes cláusulas obligatorias de transparencia y control que aseguren el adecuado uso de los recursos y la rendición permanente de cuentas. E) que de ser posible el endeudamiento autorizado no exceda el monto máximo de 50 millones de dólares y un plazo máximo de repago de 15 años, y que la tasa de interés sea igual o menor a la propuesta originariamente por el Ejecutivo y una afectación de ingresos que no supere el 30%”.
