Una iniciativa ciudadana “Por un Salto con justicia urbana” comenzó este martes y busca recolectar 1000 firmas para apelar el reciente decreto de la Junta Departamental de Salto que modifica parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Salto y su Microrregión que —con el respaldo de 25 de los 27 ediles— habilita la recalificación de aproximadamente 390 hectáreas al noroeste de la ciudad, hasta entonces clasificadas como suelo suburbano y rural.
La campaña, impulsada por diversos colectivos sociales, académicos y profesionales, persigue la anulación de la normativa por considerar que acarrea múltiples afectaciones y costos desmedidos en aspectos ambientales, sociales y urbanos. El arquitecto Rogelio Texeira, integrante del Grupo de Estudios Territoriales de la Sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, destacó la importancia de esta movilización que apela al artículo 303 de la Constitución de la República para la interposición del Recurso de Apelación ante la Cámara de Representantes.
Fundamentos de la apelación
La base de la impugnación del decreto se cimienta en cuestiones de ilegalidad e inconstitucionalidad. Según explicó Texeira, la ilegalidad podría derivar de defectos en el procedimiento o de una contradicción con los preceptos de la Ley de Ordenamiento Territorial.
Enfatizó que la ley establece el interés público como rector de estas iniciativas, lo que implica que el Estado debe actuar “en beneficio de la población y no a partir de pedidos de particulares con intereses privados”. En este caso, no se conoce con claridad quiénes son los promotores de los cambios aprobados.
Vicios en la tramitación y contradicciones internas del decreto
El decreto aprobado, compuesto por 43 artículos, incluye además la memoria de ordenación, la memoria gráfica, la memoria de participación y el Informe Ambiental Estratégico. Texeira señaló que el informe ambiental adjunto no es el definitivo aprobado por el Ministerio de Ambiente, abriendo una vía para cuestionar la validez del proceso.
Además, el arquitecto apuntó una contradicción interna del propio decreto. Si bien la norma refiere a la integración social en el territorio, la configuración espacial propuesta genera exclusivismo, lo que “no se alinea con el espíritu de la ley ni con las necesidades de la comunidad”.
Desafíos y objetivos
El grupo promotor tiene un plazo de 15 días a partir de la publicación oficial del decreto para presentar las firmas. A la fecha, aún no se realizó dicha publicación en el Diario Oficial. El objetivo de la recolección de firmas es doble: anular el decreto y paralelamente propiciar una discusión seria y a puertas abiertas sobre el ordenamiento territorial, tal como lo establece la propia Ley de Ordenamiento Territorial.
El segundo objetivo es generar una propuesta más adecuada a las necesidades actuales de Salto y sus habitantes.
El arquitecto destacó que, en un contexto donde la Intendencia enfrenta dificultades económicas, el decreto impone costos adicionales a la administración, como la definición del tipo de pavimento en las calles. Esto “no resultaría racional en una ciudad con escaso crecimiento demográfico y con abundantes vacíos urbanos”, implicando mayores gastos de mantenimiento, funcionamiento y servicios públicos.
Articulación de colectivos y mecanismos de acción
La iniciativa es impulsada por el Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, y suma el apoyo de diversas organizaciones sociales y gremios. Entre ellos, se encuentran FUCVAM, dedicada al acceso a la vivienda de interés social, un colectivo de vecinos del barrio Ayuí que se verían afectados, y los gremios universitarios ADUR y AFFUR, quienes colaboran activamente en la recolección de firmas.
Los interesados en firmar (ciudadanos mayores de 18 años con Credencial Cívica de Salto) pueden contactarse al 092443797 para coordinar la recolección o solicitar planillas. También se han dispuesto puntos de recolección de firmas, como una mesa en la puerta de la Universidad de la República.
Una vez recolectadas las 1000 firmas el recurso de apelación será elevado a la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes y posteriormente al plenario de Diputados. El Parlamento tendrá 60 días para expedirse, pudiendo anular total o parcialmente el decreto, o mantenerlo en su forma original. “Este mecanismo de democracia directa funciona como un tribunal de alzada para las decisiones departamentales”, agregó.
