Reparaciones, privilegios y el bolsillo de los uruguayos
“La memoria de un país merece respeto; el dolor de las víctimas merece reparación. Pero ninguna tragedia puede convertirse en un cheque en blanco contra el bolsillo de las generaciones futuras”.
Hay noticias que producen una sensación inmediata de indignación e injusticia.
Y una de esas noticias es el reclamo de CRYSOL, la asociación que nuclea ex presos políticos de la dictadura, para que sea posible cobrar simultáneamente una jubilación y una Pensión Especial Reparatoria. Pertenece, para muchos uruguayos, a esta segunda categoría.
Un reclamo que, además de ser inaceptable, se da en un contexto donde miles de jubilados sobreviven con ingresos muy modestos, donde las cuentas públicas enfrentan enormes presiones y donde a la inmensa mayoría de los ciudadanos se le aplican estrictas incompatibilidades para evitar la acumulación de beneficios estatales, y que pretende crear un privilegio, una excepción, para un grupo específico de personas, que resulta, como mínimo, profundamente cuestionable.
La sensación que se instala es que, mientras unos deben ajustarse a las reglas generales, otros aspiran a recibir un tratamiento especial financiado por el conjunto de la sociedad.
Y es precisamente esa percepción de injusticia y desigualdad ante la ley la que nos debe indignar ante las inmorales concesiones que hacen los políticos, con nuestro dinero, otorgando millones y millones de dólares en reparaciones, jubilaciones e indemnizaciones a exguerrilleros tupamaros.
Y como la voracidad por usurpar el dinero ajeno no tiene límites y el desparpajo tampoco, CRYSOL ahora pretende otro privilegio más: a la ya injusta jubilación especial reparatoria concedida por la Ley 18.033, ahora quieren además cobrar simultáneamente una jubilación por los eventuales aportes realizados.
La incompatibilidad entre la Pensión Especial Reparatoria y otras prestaciones previsionales está prevista expresamente en la propia Ley 18.033, que en su artículo 11 dispone que quienes sean titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial no tienen derecho a percibir la Pensión Especial Reparatoria, salvo que opten por esta última.
El decreto reglamentario de la ley, N.º 106/007, es aún más explícito: «La percepción de la pensión especial reparatoria (…) es incompatible con el goce de cualquier jubilación, retiro, pensión o subsidio transitorio por incapacidad parcial».
¿Por qué el legislador estableció esta limitación? Porque el sistema previsional y de prestaciones públicas se estructura sobre reglas generales, incompatibilidades y criterios de equilibrio que buscan evitar la acumulación de beneficios financiados por el conjunto de la sociedad.
Por eso, el reclamo actual de modificar esta situación no supone simplemente mejorar un beneficio existente. Supone dejar sin efecto un límite que el propio Parlamento consideró necesario establecer y crear una excepción a una regla vigente.
Y es precisamente allí donde surge la pregunta de fondo: si la ley ha entendido que corresponde optar entre una prestación y otra, ¿qué justifica ahora eliminar esa incompatibilidad para un grupo determinado? ¿Estamos ante una reparación necesaria o ante la creación de un tratamiento excepcional que no rige para la inmensa mayoría de los ciudadanos?
Según las cifras que se manejan públicamente, existen alrededor de 3.100 pensiones reparatorias que rondan los 53.000 pesos mensuales. Eso equivale a aproximadamente 1.971 millones de pesos al año. Considerando un tipo de cambio cercano a los 41 pesos por dólar, estamos hablando de unos 48 millones de dólares anuales que salen del esfuerzo de todos los contribuyentes uruguayos.
Y esa cifra ni siquiera agota la discusión.
Según sus estimaciones y análisis de expertos en la materia, como el escritor Álvaro Alfonso, hacia el año 2030 los uruguayos habrán desembolsado alrededor de 2.000 millones de dólares entre pensiones, indemnizaciones y otras reparaciones vinculadas al pasado reciente.
Pero ellos quieren más. Quieren seguir exprimiendo tu sudor hasta que ya no te quede nada. Su avaricia es infinita.
Me pregunto: ¿existe algún límite? ¿Puede el Estado seguir ampliando indefinidamente beneficios especiales mientras miles de jubilados perciben ingresos mínimos y mientras las necesidades sociales y fiscales del país continúan multiplicándose?
Cuando las reparaciones por hechos que ocurrieron hace más de 50 años parecen no tener un punto final y, por el contrario, dan lugar a nuevos reclamos, nuevas excepciones y nuevas cargas para el contribuyente, queda demostrado que se ha convertido en una cuestión político-ideológica, donde prolifera un negocio detrás, armado por el Estado, a costa del sudor y los ingresos de la gente, que ni siquiera vivió en ese período.
Evidentemente se ha cruzado una línea y, por eso, este asunto de los desaparecidos huele muy mal, pues se ha convertido en una justificación permanente para ampliar indefinidamente beneficios económicos financiados por generaciones que nada tuvieron que ver con aquellos acontecimientos.
Esto es una afrenta a toda la población uruguaya. Es la demostración más cabal de hasta dónde pueden llegar la desvergüenza, la falta de empatía y la expoliación de recursos ajenos por parte del Estado.
La memoria, verdad y justicia se ha convertido en odio, división, mentiras, injusticias y privilegios injustos para unos pocos. La memoria parece tener fin de lucro y ha mutado a una fuente inagotable de nuevas prestaciones y excepciones pagadas por todos.
Reclamar justicia pisoteando los derechos del resto de ciudadanos inocentes no es justicia: es venganza.
