Transportistas y expertos advierten que el sistema podría carecer de respaldo legal y vulnerar garantías vinculadas a los datos comerciales.
Guía electrónica de carga: ¿Dónde está la ley que la habilita?
El conflicto del transporte de carga en nuestro país suma un nuevo capítulo jurídico de enorme relevancia. Los transportistas ya venían movilizándose en las rutas nacionales contra las excesivas responsabilidades administrativas que implica el nuevo sistema. Ahora, la discusión escaló hacia un plano de jerarquía jurídica que involucra a toda la actividad comercial del país.
Un conflicto en expansión
Las recientes protestas de los transportistas autoconvocados reflejan un malestar profundo en el sector productivo. Los trabajadores denuncian que las exigencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas son imposibles de cumplir en el día a día. La instalación de pórticos inteligentes y las sanciones generan un clima de enorme incertidumbre en el sector. Los transportistas advierten que el control excesivo traba la operativa diaria y encarece los fletes tradicionales.
De un simple papel a un súper sistema
La contadora Patricia Pertman, experta en Derecho Tributario, aportó una mirada jurídica que cambia el eje de la discusión. En diálogo con El Pueblo explicó que la guía de carga nació originalmente como un formulario en papel para formalizar un contrato entre partes.
Sin embargo, un decreto del año dos mil trece transformó este documento en un formato electrónico obligatorio. El verdadero problema no es la guía digital, sino el gigantesco sistema informático que entrelaza todos los datos comerciales. Este mecanismo registra quién envía la mercadería, quién la recibe, los itinerarios exactos y los volúmenes de venta.
El vacío legal de la normativa
La especialista sostiene que el Poder Ejecutivo cruzó un límite legal que la Constitución protege de forma estricta. Según Pertman, la ley original del año 2001 solo autorizó la creación de un formulario de control. No existe ninguna ley nacional que habilite al ministerio a estructurar un sistema de cruce de datos masivo. Por este motivo entiende que la implementación actual del sistema informático de carga carece de sustento legal válido.
Un control total sobre la economía
La recolección masiva de información otorga un poder extraordinario a la administración central sin pasar por el debate parlamentario. El sistema permite conocer la estacionalidad de los productos y los movimientos comerciales de las empresas más competitivas.
El seguimiento digital afecta directamente a los importadores, fabricantes, constructores y pequeños comerciantes de todo el país. Para la experta, se están vulnerando las garantías de la Ley de Protección de Datos Personales que también ampara a las personas jurídicas.
La estrategia del Gobierno
Desde la perspectiva jurídica, el Ministerio de Transporte construyó una narrativa muy conveniente para desviar la atención pública, destacó Pertman. Las autoridades centran el debate en aspectos prácticos como la conectividad de datos en el medio rural o la quita de costos de cada guía.
Al discutir únicamente sobre el formulario, el Gobierno evita explicar el verdadero uso del sistema de vigilancia comercial. La especialista advierte que cada vez que surge una queja operativa, el ministerio ofrece una solución técnica rápida para salvar el proyecto. El objetivo es lograr la implementación del sistema a como dé lugar, ocultando los intereses de control.
Competencias cruzadas y antecedentes
La experta señaló que el Estado ya incluyó sistemas similares en la Ley de Competitividad para otros sectores productivos. Mencionó los controles aplicados actualmente en el mercado de la carne, el sector forestal y la horticultura nacional.
Estas herramientas no funcionan bajo la órbita del transporte, sino bajo el control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La justificación en esos casos específicos responde a estrictas razones de sanidad animal y vegetal para el país. En cambio, el Ministerio de Transporte carece de potestades legales para ejecutar un control económico de esta magnitud.
Acciones políticas y el camino judicial
Ante esta situación, los transportistas autoconvocados y sus asesores ya iniciaron un camino de resistencia institucional firme. Hace un mes presentaron un extenso informe técnico ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores.
Los asesores jurídicos del ministerio analizan actualmente el documento mientras se aguarda una respuesta formal del Poder Ejecutivo. Además, los reclamantes presentaron una petición con un cuestionario de 47 preguntas específicas sobre la legalidad del sistema. Si las respuestas oficiales no resultan conformes a derecho, recurrirán a la vía judicial.
La convocatoria en Salto
La preocupación por este avance estatal motivó una gira informativa por diferentes departamentos para concientizar a la población. La contadora Patricia Pertman llegará a nuestra ciudad para encabezar una charla abierta dirigida a todo público interesado.
El encuentro se realizará este martes 21 a las 20 horas en el Complejo Arambarri. La cita es en la intersección de Ruta 31 y Avenida Livania, frente al Club Tropezón.
La actividad está dirigida a transportistas, productores, comerciantes y ciudadanos que deseen conocer y defender sus garantías constitucionales. En este sentido, la especialista se preguntó de forma contundente sobre la guía electrónica de carga: “¿Dónde está la ley?”.
