La crisis política desatada en la Junta Departamental de Salto cruzó rápidamente las fronteras del departamento. Lo que comenzó como una desobediencia local, escaló hasta la cúpula máxima de la izquierda. Fernando Pereira intervino directamente en la polémica que sacude al Frente Amplio (FA) salteño.
El presidente de la fuerza política no anduvo con vueltas al referirse a la situación de los curules disidentes. Sus declaraciones, realizadas desde la capital, validaron la postura de la Mesa Política Departamental. La conducción nacional observa con preocupación el desacato al mandato del Plenario Departamental.
Pereira explicó que la presidencia no tiene facultades directas para sancionar o expulsar. Aclaró que esa responsabilidad recae, en última instancia, sobre el Tribunal de Conducta Política. Sin embargo, su opinión personal pesa como una sentencia anticipada.
«Si fuera por mí no serían parte del Frente Amplio», sentenció Pereira sin titubeos. La frase resonó con fuerza en la interna partidaria y marca la cancha de cara al futuro.
El rechazo a la negociación individual
El dirigente nacional cuestionó duramente la forma en que se procesó el acuerdo con la Intendencia. Criticó que los ediles hayan negociado por fuera de la estructura orgánica del partido. Para Pereira, la institucionalidad no se negocia.
Consideró que las resoluciones del Plenario Departamental son mandatos para todos los representantes, sin excepciones. «No hay ediles que puedan resolver en la casa o negociando con otros», subrayó con molestia en el programa “La Mañana de Uruguay” de Radio Uruguay.
Esta postura apunta directamente a la línea de flotación de los ediles Varela, Fernández y Martínez. El presidente del FA enfatizó que cualquier acuerdo debe darse entre las instituciones partidarias.
Incluso, realizó una comparación política de alto voltaje. Diferenció el accionar del intendente de Salto con el de su par de Florida. Destacó que en aquel departamento, el intendente Enciso negoció institucionalmente con el FA.
«Lo que no se puede hacer es ‘entrismo’ en otros partidos, advirtió Pereira. Calificó la política de captación de votos individuales como errática y rechazable.
Varela Minutti: «La historia pondrá las cosas en su lugar»
Por su parte, el edil Eduardo Varela Minutti decidió hablar y lo hizo ante las cámaras de Subrayado, el noticiero de Canal 10, con declaraciones que agitan aún más las aguas en la interna de la coalición de izquierda.
Lejos de mostrarse amedrentado por la sanción en curso, el curul redobló la apuesta. No solo defendió su voto afirmativo al fideicomiso, sino que lanzó graves acusaciones contra la cúpula local de su partido.
Varela apuntó directamente a la organización de la barra que hostigó a los ediles durante la votación. Aseguró que los insultos y el clima de tensión no fueron espontáneos.
Según su versión, hubo una planificación política detrás de la agresividad vivida en el recinto. Sus palabras exponen una fractura que va más allá de lo ideológico y entra en el terreno de lo personal.
Acusaciones con nombre y apellido
El edil fue contundente al señalar a los responsables del clima hostil. Sin titubeos, responsabilizó a las máximas autoridades departamentales de la fuerza política.
«El reclamo de la gente de las barras fue gestado lamentablemente por el presidente del Frente Amplio local», disparó Varela. La referencia directa a Luis Alonso marca un punto de no retorno en la relación.
Pero no se quedó ahí. También involucró en esta maniobra al coordinador de la bancada frenteamplista, Mario Furtado. Para el edil disidente, estas actitudes hablan mal de los dirigentes que hoy conducen al partido en Salto.
«Nunca pensé vivir una situación tan lamentable», confesó ante el medio capitalino. Calificó lo sucedido como algo que no corresponde en defensa de la democracia.
Esta denuncia pública añade un matiz de gravedad al conflicto. Sugiere que la presión ejercida sobre los legisladores cruzó los límites de la ética política.
La deuda y la responsabilidad de gestión
Otro punto clave de su defensa fue el reconocimiento de la deuda estructural. Varela recordó su paso por la administración anterior, donde se desempeñó en la Coordinación de Juventud.
Admitió que, aunque él no manejaba la caja, fue parte de una gestión que dejó números en rojo. «Quedaron 23 millones de dólares de deuda», reconoció explícitamente.
Su argumento central giró en torno a la responsabilidad institucional. Explicó que el fideicomiso plantea pagar esa deuda y financiar obras nuevas.
Para Varela, votar en contra hubiera significado desentenderse de un problema que ayudó a generar. «Uno no puede esconderse ni dar vuelta la cara», afirmó con convicción.
Este razonamiento choca de frente con la postura del Plenario, que exigía no votar el endeudamiento. Sin embargo, el edil priorizó su coherencia respecto a la gestión pasada por sobre la disciplina actual.
Primero la gente, después las elecciones
En su descargo, Varela cuestionó la estrategia electoral del Frente Amplio. Sugirió que la negativa al fideicomiso respondía a cálculos políticos de cara a los próximos comicios.
Consideró que, al haber otra gestión en el gobierno, la oposición no debe obstaculizar por obstaculizar. «Lo que menos tenemos que hacer es pensar en nosotros y en las próximas elecciones», reflexionó.
Aseguró que su decisión de acompañar el proyecto estuvo tomada «desde el primer día». Basó su postura en un estudio profundo de la propuesta y en el beneficio para la ciudadanía.
Mencionó específicamente las necesidades del interior profundo del departamento. Habló de obras esperadas hace diez o quince años que ahora podrán concretarse.
Su voto, según explicó, busca que esas soluciones lleguen a la gente, independientemente de quién corte la cinta.
La defensa de las edilas: «No fue un cheque en blanco»
Mientras los dardos llovían desde Montevideo, las involucradas rompieron el silencio. Las ediles Analía Fernández y Gladys Martínez emitieron un comunicado conjunto. A la firma se sumaron Elda Albarenque (titular de la banca que ocupó Martínez el día de la votación), Marlene Dornelles y Mirtha Gómez.
En su descargo, argumentaron que el escenario cambió sustancialmente respecto a la votación de noviembre. Explicaron que su negativa inicial obedeció a la falta de información clara.
Recordaron que, en primera instancia, la Intendencia había enviado una propuesta escueta. Aquello implicaba, según sus palabras, firmar un «cheque en blanco» al Intendente por 60 millones de dólares. Esa falta de transparencia motivó el rechazo original.
Sin embargo, aseguraron que el Ejecutivo departamental tomó nota del reclamo opositor. La nueva propuesta incluyó el detalle pormenorizado del destino de los fondos. Esto fue determinante para cambiar su voluntad.
Obras y deudas: los motivos del «Sí»
Las curules detallaron en qué se gastará el dinero del fideicomiso aprobado. Destacaron que los fondos se utilizarán para saldar deudas con proveedores locales y organismos del Estado. Mencionaron específicamente la línea de crédito del BROU y el pago de luminarias LED.
Pero el punto fuerte de su defensa se centra en la infraestructura. Aseguran que el endeudamiento permitirá ejecutar obras claves para el departamento.
Enumeraron proyectos que, paradójicamente, figuraban en el plan de obras del propio Frente Amplio. Entre ellos destacaron la renovación de las avenidas Oribe, Concordia, Rodó y Pascual Harriague.
También mencionaron mejoras en cordón cuneta, bitumen y carpetas asfálticas. Pusieron énfasis en la construcción de una piscina en Pueblo Belén y la solución definitiva para el vertedero.
Estas obras, según las edilas, justificaron su apartamiento de la disciplina partidaria. Entendieron que votar a favor beneficiaba directamente a la calidad de vida de los salteños.
Garantías de control y gestión
Otro argumento esgrimido fue la creación de mecanismos de control. El intendente accedió a conformar una Comisión de Seguimiento para vigilar el uso del dinero.
Concluyeron su mensaje con un llamado a la reflexión. Pidieron a la ciudadanía y a sus votantes que escuchen los motivos antes de juzgar. Reivindicaron la gestión pública como una herramienta para mejorar la vida de la gente, más allá de colores políticos.
