La Intendencia de Salto denunció ante Fiscalía el presunto desvío de canastas de materiales de vivienda por 200 mil dólares. Detalles de sumarios y declaraciones. Mañana en EL PUEBLO el informe completo.
Según pudo averiguar EL PUEBLO, durante la jornada del Lunes 13 de abril, varios funcionarios de la Intendencia de Salto, vinculados al área de vivienda durante la pasada administración, a cargo de Nelly Rodriguez, fueron notificados por inicio de sumario debido a presuntas irregularidades.
La Intendencia de Salto ha decidido dar un paso decisivo tras los hallazgos de la investigación administrativa iniciada al comienzo de la actual gestión. El proceso, que puso bajo la lupa el funcionamiento de las áreas de Vivienda y Hábitat de la administración anterior, entra ahora en una etapa de definiciones tanto internas como judiciales.
Notificaciones y procedimientos administrativos
Desde este Lunes, la comuna comenzó con la notificación formal de sumarios administrativos a diversos funcionarios y jerarcas vinculados a dicha área. Esta medida busca determinar el grado de responsabilidad técnica y administrativa ante las inconsistencias detectadas durante la etapa de investigación previa.
Acción ante la Justicia Penal
Como complemento a las acciones internas, el día de hoy, Martes 14, la Intendencia presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes consultadas, el expediente administrativo reuniría elementos suficientes para que la justicia investigue la existencia de supuestos delitos.
El alcance de las responsabilidades
Si bien el proceso se encuentra en una fase preliminar, se maneja que las actuaciones buscan esclarecer presuntas irregularidades que podrían comprometer tanto a ex jerarcas como a funcionarios de carrera.
Bajo la estricta premisa de la presunción de inocencia, será ahora la Justicia la encargada de determinar si estas faltas administrativas configuran, además, responsabilidades penales. Por el momento, la administración local se ha limitado a cumplir con los protocolos de verificación y transparencia, elevando las pruebas recabadas a los organismos correspondientes.
¿De cuánto dinero hablamos? ¿Cuál es el valor de cada canasta de materiales?
Desde EL PUEBLO buscamos información sobre el total al que se hace referencia cuando se habla de las canastas, pues no hablamos de canastas de alimentos, sino de materiales de construcción, y el término “canasta” termina siendo una simplificación que hace “minimiza” el valor real del insumo.Para dimensionar la magnitud de la maniobra denunciada en la Dirección de Vivienda, es imperativo traducir el término administrativo “canasta de materiales” a valores de mercado y peso financiero real sobre el erario público. Según datos recabados de fuentes de la propia Intendencia de Salto, cada una de estas unidades habitacionales o canastas tiene un costo promedio de 10.000 dólares. Este monto no representa un simple kit de reparaciones, sino que constituye una inversión estructural significativa por beneficiario, destinada a cambios profundos en la calidad de vida de las familias.
Bajo este cálculo, las 150 canastas bajo investigación representan una movilización de recursos de 1.5 millones de dólares. Sin embargo, la alarma en la Unidad de Auditoría Interna se encendió al constatar un faltante crítico de documentación y materiales que alcanza casi los 200.000 dólares. Esta cifra se desglosa en 17 canastas (170.000 dólares) de las que no existe declaración de destino ni registro de beneficiario, sumado a otros 10.000 dólares en materiales que circularon por canales externos a los registros oficiales de la Dirección.
Contextualizar estos números permite entender que el perjuicio no es meramente administrativo, sino social y patrimonial. En una ciudad como Salto, donde la demanda habitacional es una de las mayores preocupaciones de la comunidad, el presunto desvío de casi 8 millones de pesos uruguayos (al tipo de cambio actual) equivale a haber dejado sin techo o sin mejoras estructurales básicas a decenas de familias que ya habían sido aprobadas técnicamente. El valor de lo “no entregado” o “entregado a dedo” compromete la transparencia de un programa que depende de fondos nacionales, cuya rendición de cuentas es estricta. La cifra de 200.000 dólares en un área tan sensible no es un error de cálculo; es un volumen de recursos cuya ausencia desarticula la planificación de cualquier política pública de hábitat.
Nelly Rodríguez, Nelly Rodríguez: Sin declaraciones por consejo legal
Consultada por EL PUEBLO, la exdirectora de Vivienda de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez, manifestó que no realizará declaraciones públicas sobre la denuncia penal que involucra a su anterior gestión.
Rodríguez indicó que esta decisión responde estrictamente a una recomendación de su abogado defensor, aunque adelantó que iniciará acciones legales contra quienes considera que la han injuriado.
La visión del Gobierno de Salto
Intendencia de Salto presenta denuncia penal por irregularidades en entrega de materiales
El director del área jurídica de la Intendencia de Salto, Dr. Gabriel Rodríguez, confirmó el inicio de acciones legales y administrativas tras detectar presuntos desvíos en el programa de vivienda de la comuna. La medida surge como conclusión de una investigación interna que analizó el manejo de recursos durante la administración anterior.
Investigaciones y sumarios en curso
A raíz de las auditorías realizadas por el nuevo gobierno departamental, la Intendencia resolvió aplicar sumarios administrativos a dos funcionarios que actualmente desempeñan tareas en la institución. De forma paralela, se presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se determine la existencia de delitos o acciones contrarias a la ética funcional.
Al ser consultado sobre la implicación de una exdirectora de la gestión pasada, Rodríguez confirmó que la investigación se centra en el área de Vivienda y Hábitat, donde se constataron irregularidades que se apartan de los lineamientos de los programas de gobierno nacionales y departamentales.
El destino de 150 canastas de materiales
El foco de la denuncia radica en el manejo de aproximadamente 150 canastas de materiales de construcción enviadas por el Gobierno Nacional. Según el Dr. Rodríguez, los insumos no habrían llegado a los beneficiarios correspondientes en las condiciones de tiempo y forma establecidas.
«Ponemos en conocimiento de Fiscalía los hechos en forma objetiva y será la justicia la que determine sobre quién recae la responsabilidad»
Dr. Gabriel Rodriguez
Respecto a las versiones que sugieren un posible uso político de estos recursos para beneficiar a adherentes partidarios, Rodríguez mantuvo cautela. Si bien la Intendencia posee el listado de nombres de quienes recibieron los materiales, el abogado afirmó no poder confirmar filiaciones políticas, dejando dicha línea de investigación en manos de la justicia competente.
Esquema de irregularidades en la Dirección de Vivienda
Tras la denuncia penal presentada por la Intendencia de Salto, el Dr. Enzo Paique, integrante del equipo jurídico del gobierno departamental, brindó precisiones sobre el alcance de las investigaciones. Según el jerarca, las actuaciones buscan «velar por la legalidad» ante hallazgos que comprometen el uso de recursos destinados a familias vulnerables.
El origen de la investigación
El proceso comenzó tras la asunción de la nueva administración, bajo la gestión de la Esc. María Eugenia Almirón en el área de Vivienda. El detonante fue la detección de un funcionamiento irregular en el programa de canastas de materiales.
«Cuando el Intendente Albisu toma conocimiento de las irregularidades, ordena inmediatamente la instrucción de una investigación administrativa que permitió reunir información, constatar documentación y recoger testimonios clave».
Dr. Enzo Paique
Hallazgos: Desvíos y órdenes directas
Paique fue contundente al describir las maniobras detectadas durante el período anterior. El esquema de irregularidades se divide principalmente en dos ejes:
- Inconsistencias en las entregas: Se detectó el desvío de materiales asignados a determinados beneficiarios, a quienes no se les entregaba la totalidad de la canasta para disponer de esos insumos con otros fines.
- Adjudicaciones por fuera del reglamento: Personas que no cumplían con los requisitos del programa recibían materiales por «orden directa», saltándose los controles y beneficiarios legítimos.
El abogado señaló que existe una responsabilidad jerárquica clara que parte de la Dirección de Vivienda, involucrando también a personal técnico y funcionarios encargados de la ejecución del programa.
Impacto social y próximos pasos
Para el equipo jurídico, el daño trasciende lo económico. Paique enfatizó que estas acciones postergaron a salteños que, cumpliendo con todas las condiciones, no recibieron el apoyo habitacional debido a estas presuntas irregularidades.
Respecto a la posibilidad de nuevas denuncias, el jerarca adelantó que el trabajo continúa:
«No existe persecución política; se está cuidando la legalidad. Se encuentran a estudio otros hechos vinculados a la entrega de terrenos y el manejo de cooperativas dentro de la misma área».
Actualmente, la Intendencia ha instruido dos sumarios administrativos y ha trasladado los antecedentes a la Fiscalía para que determine la existencia de delitos y las responsabilidades penales correspondientes.
La jerarquía como condición necesaria para la irregularidad
Desde una perspectiva funcional y administrativa, la ejecución de los desvíos denunciados en el área de Vivienda no puede entenderse como una serie de errores aislados de empleados de carrera, sino como una ruptura sistémica que requiere, obligatoriamente, el aval del mando superior.
1. La ruptura de los filtros de control
Un programa de viviendas que maneja «canastas» de 10.000 dólares cada una cuenta con múltiples capas de verificación: listados de prelación, informes sociales, validación técnica de arquitectos y certificación notarial. Para que una persona que no cumple los requisitos reciba estos materiales por «orden directa», es necesario que una autoridad con poder de mando ordene omitir estos filtros. Sin ese respaldo político, cualquier funcionario que procediera a la entrega bloquearía el trámite por falta de sustento legal.
2. El volumen de los recursos en juego
Hablamos de un movimiento de materiales equivalente a 1.5 millones de dólares en total, con un faltante detectado de casi 200.000 dólares. Es logísticamente inviable que 17 unidades habitacionales completas desaparezcan del inventario o se entreguen a destinatarios erróneos sin que la dirección del área lo detecte en sus reportes diarios de stock y ejecución presupuestaria. La permanencia de esta situación en el tiempo sugiere una omisión deliberada de la vigilancia que solo el responsable máximo de la oficina puede garantizar.
3. La centralización de las decisiones
En la gestión pública departamental, los programas que dependen de convenios con Ministerios nacionales (como el de Vivienda) exigen una firma o autorización jerárquica para la salida de materiales de barraca. La investigación administrativa apunta a que las «órdenes directas» eran el mecanismo habitual para puentear los procesos regulares. En este contexto, la jerarquía no es solo un cargo nominal, sino el motor operativo que permitió que lo irregular se volviera procedimental.
La denuncia penal no apunta a la exdirectora por una mera responsabilidad «in vigilando» (por no mirar), sino por una responsabilidad activa en la creación de un circuito paralelo. En la administración pública, el silencio o la orden de un jerarca es lo que permite que el engranaje de la irregularidad gire; sin ese aval, el sistema de control interno habría detectado y bloqueado el desvío en su primera etapa.
