La jornada de hoy marcó un punto de inflexión en las diversas instancias de diálogo entre el Gobierno de Salto y la dirigencia de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOMS).
El foco de la discordia continuó siendo el futuro laboral de los 291 funcionarios incorporados por designación directa durante la administración anterior de Andrés Lima (2020-2025), cuya permanencia pretendió garantizarse en el marco de un convenio colectivo.
Anuncio de ceses masivos
La reunión mantenida entre las partes devino en un anuncio que sacudió las bases del sindicato. A través de un comunicado emitido en su cuenta oficial de Facebook, ADEOMS informó que la Intendencia anunció su decisión de cesar a 291 funcionarios en los próximos días.
El gremio manifestó que, “a pesar de todos los esfuerzos de nuestro sindicato, el Gobierno dejó en evidencia que lo guían la revancha y los compromisos políticos, por encima de la responsabilidad con los trabajadores y el pueblo”. La dirigencia acusó a la administración de falta de empatía y sensibilidad, señalando que ni siquiera fueron capaces de definir una fecha precisa para la desvinculación.
Acusaciones de autoritarismo e inflexibilidad
La posición del Gobierno Departamental fue descrita por ADEOMS como autoritaria e inflexible, insistiendo en lo que consideran un despido masivo. El sindicato juzgó la medida como un “profundo error político y jurídico”, y advirtió que la administración pretende avanzar contra otros derechos y conquistas históricas de los trabajadores municipales.
Ante este panorama, la cúpula sindical llamó a una Asamblea General para mañana a las 19 horas, donde se resolverán las medidas y pasos a seguir en defensa de los puestos de trabajo y los convenios colectivos.
El gobierno optó por el silencio y la mesura
Consultado por Diario El Pueblo, Alejandro Secco, director de Gestión Humana del Gobierno de Salto y vocero en estas tratativas junto al doctor Gabriel Rodríguez, optó por la mesura. Se comunicó la decisión de no realizar declaraciones públicas sobre el contenido específico de la reunión, aunque sí se permitió matizar la virulencia del comunicado gremial.
Aclaró que “los términos de la reunión fueron bastante más cordiales que los términos del comunicado de ADEOMS en redes”. Agregó que la postura del Gobierno de Salto busca contribuir al respeto a la gente interesada y damnificada.
Corregir «algo mal hecho»
La única interpretación que ofreció Secco sobre el proceso fue que la resolución adoptada trata de corregir «algo mal hecho», en clara alusión al mecanismo de ingreso directo que permitió la designación de los funcionarios en la administración anterior. Esta declaración, si bien medida, subrayó la intención del Ejecutivo de regularizar la situación laboral del cuerpo municipal, entendiendo que las incorporaciones cuestionadas se realizaron por vías que la actual gestión considera ilegales.
Amenaza de Protesta en el Parque Sauzal
El clima de tensión podría escalar a la arena pública en las próximas horas. Trascendió que muchos de los funcionarios que recibirán la notificación de cese analizan manifestarse mañana a las 16 horas en la zona portuaria, coincidiendo con la inauguración del Parque Lineal Sauzal, un evento que contará con la presencia del intendente Carlos Albisu y otras autoridades departamentales y nacionales.
Consultados por El Pueblo, directivos de ADEOMS aclararon que no se trata de una medida convocada ni organizada por el gremio, dado que la resolución de la asamblea general –el único órgano con potestad de decidir medidas de lucha– está prevista para las 19 horas de mañana jueves. Por lo tanto, la eventual protesta se trataría de una autoconvocatoria espontánea
El número final de ceses
Si bien la discusión inicial se centró en la situación de 292 funcionarios, las notificaciones de cese anunciadas por el Gobierno Departamental refirieron a 291 trabajadores. Esta diferencia se debió a la renuncia de una funcionaria al cargo, un hecho que la dirigencia sindical tomó en cuenta al momento de difundir el comunicado. De esta forma, el conflicto se focalizó finalmente en la permanencia o desvinculación de los 291 empleados restantes que habían ingresado por designación directa durante la gestión del exintendente Andrés Lima.
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