Uruguay refuerza su rol en la gobernanza digital al firmar el Convenio Europeo sobre IA y derechos humanos, consolidando el modelo multistakeholder y su liderazgo en políticas tecnológicas éticas.
En el siglo XXI, Internet se sostiene como la columna vertebral de la comunicación global, la interacción social y la innovación tecnológica. Su gobernanza, lejos de recaer en un actor único, se sustenta en un enfoque colaborativo: el modelo multistakeholder, en el cual gobiernos, sector privado, academia, sociedad civil y organismos internacionales participan de manera concertada y equilibrada.
En Uruguay, este enfoque se plasma en diversos ámbitos. El Foro de Gobernanza de Internet convoca anualmente a autoridades públicas, empresas de tecnología, organizaciones académicas y ONGs para debatir políticas digitales, derechos digitales, inclusión, ciberseguridad y regulación. Paralelamente, instituciones clave como LACNIC, con sede en Montevideo, y AGESIC, en coordinación con URSEC, actúan como nodos técnicos y regulatorios integrados en foros globales como ICANN, el IGF mundial y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Este modelo ha permitido consolidar una gobernanza de Internet más transparente e inclusiva, donde Uruguay no solo administra sus propios recursos digitales sino que también participa activamente en instancias regionales y globales que promueven la cooperación democrática y técnica.
Este paradigma multistakeholder también se extiende al ámbito emergente de la inteligencia artificial. El 2 de setiembre de 2025, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de derecho. Este tratado es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca asegurar que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen con respeto pleno a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. La firma se realizó en Estrasburgo y colocó a Uruguay como un puente entre América Latina y Europa en la adopción de políticas éticas y democráticas relacionadas con la inteligencia artificial. El tratado establece un marco legal tecnológico-neutro que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA; promueve la innovación responsable y exige que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas u otras adecuadas para garantizar su aplicación efectiva, en Uruguay es AGESIC quien deberá regular estos temas y pensamos que en algún momento tendrá que pensarse en un nuevo Ministerio que trate sobre estos temas de impacto social.
En este sentido, resulta oportuno recordar lo señalado por el profesor Carlos E. Delpiazzo, Grado 5 en Informática Jurídica, quien advertía que “el desafío de la gobernanza tecnológica exige articular marcos jurídicos que no sofoquen la innovación, pero que aseguren el respeto a la dignidad humana como principio rector”. A su vez, la profesora Laura Nahabetian que actualmente dicta clases en Facultad de Derecho en Salto, ha subrayado que “la inteligencia artificial y la gobernanza digital no pueden ser ajenas a la tradición jurídica uruguaya de equilibrio entre libertad y control, donde la persona sigue siendo el centro de todo desarrollo tecnológico”.
Con este paso, Uruguay refuerza su rol como actor activo en la gobernanza digital, demostrando que su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho no se limita a la gestión de Internet, sino que se proyecta también hacia el desarrollo ético de las nuevas tecnologías. Como afirmaba José Batlle y Ordóñez, “los derechos no se mendigan, se conquistan”, recordándonos que toda innovación debe estar al servicio de la libertad y de la justicia social.
