APARIENCIAS. Hace unos años, en plena pandemia, en una entrevista que realizamos para EL PUEBLO con el diputado y catedrático en Derecho Constitucional Eduardo Lust, diferenciaba el Estado de Derecho del Estado de Apariencia (recomendamos su relectura).
Sostenía Lust que Uruguay no vivía en un Estado de Derecho sino en lo segundo, donde la forma de conducirse el gobierno tenía la apariencia de un estado democrático, pero que en realidad nos encontrábamos en un autoritarismo rayando con un Estado totalitario. Y para fundamentar su posición, citó algunos ejemplos de recorte de derechos individuales por Decreto que había hecho el Poder Ejecutivo con la excusa de cuidar de nuestra salud, pero de manera violatoria de lo que establece nuestra Constitución.
Me dejó pensando y de acuerdo a los ejemplos que había marcado, tenía razón, pero…
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EXCEPCIONALIDAD. Ante un régimen de excepcionalidad provocado por una pandemia global inédita en la historia de la humanidad, pues no había ninguna experiencia previa que pudiese marcar una hoja de ruta que nos permitiera conducirnos con seguridades y certezas en tiempos convulsionados, por lo que nadie se ponía a fijar qué decisiones o protocolos que se adoptaban eran legales o no, constitucionales o no, se aceptaban por necesidad.
Tal el caso de la firma que debimos estampar previo a vacunarnos contra el COVID, donde cada persona que quería vacunarse asumía toda la responsabilidad y deslindaba la de los demás. Es así que si no aceptábamos las reglas de juego secretas entre los laboratorios y el gobierno uruguayo, no podíamos vacunarnos. Así de simple. ¿Y nuestros derechos a saber qué se nos introducía al cuerpo con la vacuna y qué efectos colaterales podía generar?
De todas maneras, se aceptó, repito, por la excepcionalidad de las situaciones que vivíamos cada día. Ni siquiera nadie de la oposición habló del tema.
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SIGUE… Todo esto lo comento porque pasada la pandemia parece que algunas prácticas poco democráticas han continuado, como el de perseguir e investigar a senadores, a estudiantes de liceos, a sindicalistas, a periodistas, y ahora también nos enteramos que quienes deben protegernos y garantizarnos el libre ejercicio de nuestros derechos individuales, los defensores del orden público interno, se complotaban contra víctimas de un senador del gobierno pedófilo que terminó preso en una cárcel VIP en Florida.
No deja de preocupar cómo sigue esta historia de un gobierno que le pasan cosas y nunca está enterado de nada, algo parecido a lo ocurrido en los 90 cuando en la seccional de policía de Atlántida secuestraron y asesinaron a un ciudadano chileno, caso que debió ser resuelto por la justicia del país trasandino porque la uruguaya dijo que no había mérito suficiente (sic).
Lo peor de todo es que ya sabemos cómo termina esta película, lo que nos hace avizorar un año electoral bastante salvaje.
Hasta la semana que viene…
