La Justicia ordenó entregar Avelumab en un plazo de 24 horas; el tratamiento tiene un costo estimado de unos 382.000 dólares
Un fallo judicial dictado en Salto condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar el medicamento Avelumab a un paciente salteño jubilado que padece cáncer de vejiga, en el marco de una acción de amparo promovida para garantizar el acceso al tratamiento indicado por su médico tratante.
Según la información brindada por el Estudio Jurídico, Notarial y Contable Hnos. Cartagena Sanguinetti, la resolución dispone que el MSP deberá proporcionar el medicamento en la forma prescripta y durante todo el tiempo que sea necesario para el efectivo tratamiento del paciente.
La sentencia estableció un plazo de 24 horas para el cumplimiento, conforme a lo previsto por el artículo 9 de la Ley N.º 16.011, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones económicas en caso de incumplimiento.
El caso adquiere especial relevancia por el costo del tratamiento. De acuerdo con los datos aportados, cada ciclo supera los 13.000 dólares, más impuestos, mientras que el costo total estimado asciende a aproximadamente 382.000 dólares.
La acción judicial fue llevada adelante por los abogados Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti y Dr. Gastón Ferreira Rivas, integrantes del estudio jurídico mencionado. Desde la firma destacaron que se trata de la primera oportunidad en que, mediante su actuación profesional, se obtiene judicialmente un medicamento de esta magnitud económica para un paciente salteño con cáncer de vejiga.
Otro aspecto destacado del proceso es que fue tramitado durante la Feria Judicial Menor, período en el que la actividad de los tribunales se limita a asuntos urgentes que no admiten demora. En ese contexto, la acción de amparo fue considerada la vía adecuada para procurar una respuesta rápida ante una situación vinculada directamente con el derecho a la salud.
La resolución judicial representa un nuevo pronunciamiento en materia de acceso a medicamentos de alto costo y vuelve a poner en debate el alcance de la protección judicial cuando está en juego un tratamiento indicado por profesionales médicos y cuya demora puede generar consecuencias graves para el paciente.
Si bien desde el estudio jurídico consideran probable que el Ministerio de Salud Pública interponga los recursos correspondientes contra la sentencia, los profesionales actuantes manifestaron confianza en la solidez de los argumentos jurídicos y médicos presentados en el proceso.
Más allá de las cifras y del expediente, el caso expone una dimensión humana central: la situación de una persona que necesita acceder en tiempo y forma al medicamento indicado para enfrentar una enfermedad grave.
Para los abogados patrocinantes, el fallo reafirma la importancia de la acción de amparo como instrumento destinado a brindar respuestas inmediatas cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales como la salud, la dignidad y la vida.
