La Justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por los doctores Gabriel Cartagena y Gastón Ferreira, y dispuso que el Ministerio de Salud Pública suministre Avelumab a un paciente salteño con cáncer de vejiga. El tratamiento supera los 380.000 dólares y deberá ser entregado en un plazo de 24 horas.
SALTO. La Justicia de Salto dictó un fallo de fuerte impacto en materia de derecho a la salud, al hacer lugar a una acción de amparo y ordenar al Ministerio de Salud Pública suministrar el medicamento Avelumab a Julio, un paciente salteño jubilado que padece cáncer de vejiga.
La resolución judicial dispone que el medicamento sea entregado en un plazo de 24 horas, atendiendo la urgencia del caso y la necesidad de garantizar el acceso a un tratamiento indicado por el equipo médico tratante. Según explicaron los profesionales que llevaron adelante la acción, el costo total del tratamiento ronda los 386.000 dólares, una cifra absolutamente inaccesible para cualquier familia trabajadora y, especialmente, para una persona jubilada.
El proceso fue impulsado por los doctores Gabriel Cartagena y Gastón Ferreira, quienes destacaron que la sentencia constituye un nuevo antecedente en la defensa del acceso a medicamentos de alto costo. El caso, además, tuvo una particularidad relevante: debió ser tramitado durante la Feria Judicial, por lo que fue necesario solicitar la habilitación de feria para evitar que el paso del tiempo comprometiera el inicio del tratamiento.
Cartagena explicó que la resolución genera una profunda satisfacción profesional, aunque advirtió que, como suele ocurrir en este tipo de procesos, es probable que el Ministerio de Salud Pública apele la sentencia.
“Es emocionante desde lo profesional y también es una satisfacción haber trabajado en equipo con Gastón y haber logrado, una vez más, una sentencia favorable en primera instancia”, expresó el abogado.
El profesional remarcó que este tipo de acciones no solo tienen importancia para el caso concreto, sino que también permiten que otras personas conozcan las herramientas legales disponibles cuando se ven enfrentadas a enfermedades graves y tratamientos que no pueden costear.
“Esto también logra que otras personas estén informadas de lo que pueden hacer judicialmente en Salto. Hay un equipo profesional desde lo jurídico preparado para llevar adelante este tipo de procedimientos”, señaló.
Una historia humana detrás del expediente
Más allá de los argumentos jurídicos, el caso tiene una historia profundamente humana. Muchos años antes de convertirse en abogado, Gabriel Cartagena era estudiante universitario en Salto. Cada domingo, junto a sus hermanos, esperaba las encomiendas que sus padres enviaban desde Fray Bentos con alimentos para afrontar la semana.
Quien trabajaba como sereno en una empresa de transporte y, una vez cerrada la agencia, les entregaba aquellas encomiendas de forma desinteresada era Julio, el mismo hombre que hoy necesitaba acceder a un medicamento de altísimo costo para continuar su tratamiento.
Décadas después, la vida volvió a cruzar sus caminos. Julio y su familia acudieron al estudio jurídico en busca de ayuda, ante la imposibilidad de pagar un tratamiento indispensable. Para los abogados, el caso implicó no solo un desafío legal, sino también una respuesta humana frente a alguien que años atrás había tenido un gesto solidario sin esperar nada a cambio.
“Que la familia confíe en nosotros en un tema tan importante es muy fuerte. Ellos dejan en nosotros una parte de la esperanza de lo que puede significar esa medicación, que le da sobrevida al paciente”, sostuvo Cartagena.
Por su parte, Gastón Ferreira indicó que Julio llegó al estudio por el vínculo de confianza construido a lo largo de los años y por la experiencia del equipo en acciones de amparo vinculadas a la salud.
“Depositó la confianza en nuestro trabajo y por suerte tuvo buen resultado. Es una satisfacción muy grande para nosotros y una alegría enorme para el señor también”, afirmó.
Un tratamiento imposible de costear
Cartagena explicó que, como ocurre en muchos casos vinculados a medicamentos de alto costo, se trata de tratamientos destinados a pacientes con enfermedades graves, habitualmente oncológicas, que buscan mejorar la sobrevida y la calidad de vida.
En este caso, el paciente es jubilado y percibe ingresos muy bajos, por lo que afrontar el tratamiento por sus propios medios resultaba imposible. Según detalló el abogado, el tratamiento comprende 14 ciclos, con un costo aproximado de 14.500 dólares por ciclo, lo que eleva el monto total a unos 386.000 dólares.
“Para una persona jubilada que gana 15.000 o 18.000 pesos es imposible pagar un tratamiento de estas características”, sostuvo.
El medicamento indicado, Avelumab, fue señalado como una alternativa terapéutica relevante para el paciente, luego de haber atravesado sesiones de quimioterapia que, si bien tuvieron efectos positivos, también le generaron un fuerte desgaste físico, con vómitos, mareos y dificultades para realizar actividades cotidianas.
Durante el proceso judicial también declaró el médico tratante, el doctor Machado, quien participó de la audiencia vía Zoom y aportó información científica considerada clave para fundamentar la urgencia y necesidad del tratamiento.
El amparo como herramienta legal
Ferreira explicó que la estrategia jurídica se apoyó en normas constitucionales y en la Ley de Amparo. Mencionó especialmente los artículos 44 y 72 de la Constitución, vinculados a la protección de la salud, la vida y los derechos fundamentales.
El abogado recordó además que, en estos casos, los plazos son muy breves. A partir de la negativa de la entidad médica o del organismo correspondiente, la persona cuenta con 30 días para presentar la acción de amparo.
“Es importante que la gente lo sepa. Como es un tema de urgencia, el plazo es corto. A partir de la negativa, hay 30 días para iniciar el amparo”, explicó Ferreira.
Cartagena agregó que el procedimiento se rige por la Ley 16.011 y que los tiempos son especialmente exigentes. Una vez presentada la demanda, la primera audiencia debe realizarse en un plazo breve, aunque en este caso hubo una prórroga debido a que el médico tratante se encontraba atendiendo pacientes oncológicos en San José.
Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo y ordenó al Ministerio de Salud Pública entregar la medicación en 24 horas. El tratamiento podrá realizarse en Salto, a través del prestador privado de salud correspondiente.
“Solo decía gracias”
Uno de los momentos más emotivos para los abogados fue comunicarle la noticia al paciente y a su familia. Cartagena relató que estaban siguiendo la casilla judicial a la espera de la sentencia cuando Ferreira le avisó que el fallo había sido notificado.
“Llamé al hijo y después lo llamé a él. Me atiende Julio y lo primero que le dije fue: ‘Quedate tranquilo, vas a tener la medicación para hacer el tratamiento’”, contó.
El abogado reconoció que se trató de un momento de enorme carga emocional, en el que lo jurídico, lo ético y lo humano se encontraron en un mismo punto.
“Darle la noticia a Julio de que tenía la medicación y que iba a poder iniciar el tratamiento en 24 horas fue muy fuerte. Él solo decía: ‘Gracias’”, expresó.
El fallo representa, para los profesionales, mucho más que una sentencia favorable. Es también una señal para otras personas que atraviesan situaciones similares y que, frente a la negativa de cobertura de un medicamento, tratamiento o prótesis de alto costo, pueden recurrir a la Justicia para reclamar la protección de derechos fundamentales.
En este caso, la resolución judicial no solo abrió la puerta a un tratamiento indispensable, sino que también devolvió esperanza a un paciente y a su familia, en medio de una lucha marcada por la enfermedad, la urgencia y la imposibilidad económica de afrontar un costo millonario.
